La ley para mejorar las condiciones de reclusión en prisiones de máxima seguridad de Turquía llega tarde, advirtieron opositores y grupos humanitarios, pues ya murieron 53 presos políticos participantes en una huelga de hambre comenzada a fines de octubre.
El martes pasado, el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley para atenuar las condiciones de extremo aislamiento de presos condenados por terrorismo, en establecimientos llamados de Tipo F, establecidas por la Ley Antiterrorista.
La presentación de ese proyecto de reforma, que fue aprobado con rapidez por el Poder Legislativo, respondió a presiones locales e internacionales, en especial de la Unión Europea, de la cual Ankara desea formar parte.
El francoalemán Daniel Cohn-Bendit, copresidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) de la UE y Turquía, y el austríaco Johannes Swoboda, integrante de esa comisión, habían pedido a Ankara que iniciara «un diálogo entre representantes del gobierno y de los presos para lograr el cese de la huelga de hambre».
La mayoría del parlamento que aprobó la iniciativa incorporó pocos aportes de la oposición y de especialistas en derechos humanos.
«La reforma no implica la abolición de las condiciones de extremo aislamiento ni elimina otras causas de la huelga de hambre. Es apenas un cambio cosmético para engañar a la opinión pública europea», opinó el legislador opositor Mehmet Bekaroglu, integrante de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos.
«Esta ley sólo mejorará un poco las condiciones de reclusión de quienes cumplan con los programas de rehabilitación del gobierno», añadió.
La reforma aprobada busca corregir aspectos del extremo aislamiento criticados por los presos y permitir que los confinados en prisiones Tipo F accedan a mayores oportunidades de comunicación y de vida social, pero esos beneficios se condicionan a «la respuesta de los reclusos a los programas de rehabilitación».
«Apreciamos que el gobierno turco haya dado comienzo a un proyecto de reforma carcelaria, pero también tenemos en cuenta el escepticismo y las críticas expresadas (en Turquía) por integrantes del parlamento, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de abogados» en relación con la nueva ley, señalaron Cohn-Bendit y Swoboda en una declaración conjunta.
La implementación de la ley «mostrará en qué medida las nuevas normas pueden humanizar el sistema carcelario. Es importante que se considere la abolición de las actuales prácticas de confinamiento solitario para alcanzar ese objetivo», apuntaron.
«Las relaciones entre Turquía y la UE se verán afectadas en forma negativa e innecesaria» si el sistema no mejora, advirtieron.
«Cada nueva muerte a causa de la huelga de hambre aumentará la preocupación y el horror del Parlamento Europeo y de la población» de la UE, enfatizaron.
La declaración fue dada a conocer tras reuniones de ambos integrantes de la CPC con el ministro de Justicia turco, Hikmet Sami Turk, y con otros altos funcionarios, que se llevaron a cabo el martes en Ankara.
La huelga de hambre fue iniciada el 29 de octubre por presos del Frente del Partido Revolucionario por la Liberación Popular, el Partido Comunista Turco/Marxista-Leninista, y el Partido Comunista Turco de los Trabajadores, quienes reclaman la eliminación total de las cárceles Tipo F.
El 19 de diciembre, la policía irrumpió en 48 prisiones del país y trasladó por la fuerza a 1.005 presos políticos a cárceles Tipo F que aún estaban en construcción, con la intención de poner fin a la huelga de hambre.
Esa operación policial, cuyo nombre en clave fue «Retorno a la Vida», se llevó a cabo durante una semana y causó la muerte en enfrentamientos de 31 presos y dos policías. Otros 426 reclusos resultaron heridos.
Las consecuencias fueron las opuestas a las que deseaban las autoridades, ya que 1.200 prisioneros de otras ocho organizaciones políticas se sumaron a la huelga de hambre.
«Apenas unos 150 o 200 de los 2.000 presos que están en la actualidad en huelga de hambre fueron condenados por realizar acciones terroristas. Los demás fueron encarcelados por llevar a cabo actividades de propaganda política», indicó Bekaroglu.
«La situación aún es alarmante», opinó la presidenta de la filial de Estambul de la Asociación de Derechos Humanos, Eren Keskin.
«Lo principal no es legislar, sino dar valor a la vida humana. La huelga de hambre habría cesado hace mucho tiempo si el gobierno hubiera tenido la voluntad de emitir un simple decreto», agregó. (FIN/IPS/tra-eng/nm/mn/mp/hd ip/01
