Una cantidad sin precedentes de presos aguardan la ejecución en Pakistán, que se convirtió en uno de los países con más condenados en el pabellón de la muerte, aseguró la Comisión paquistaní de Derechos Humanos.
Actualmente hay más de 4.500 reclusos condenados a muerte en este país surasiático, afirmó el director de la Comisión, I.A. Rehman.
Varios observadores advirtieron que esa cifra aumentará en los próximos años si no se revisan las leyes penales.
Sólo en los últimos tres años, 1.916 personas fueron sentenciadas a muerte. Esto representa un aumento neto de 1.809 en la cantidad de condenados, o un incremento promedio de 600 por año, aproximadamente.
Datos oficiales revelaron que 107 presos fueron ejecutados en la horca desde 1998.
Sin embargo, el aumento en el número de condenados se remonta a comienzos de los años 80, cuando el dictador Zia ul-Haq amplió la lista de delitos pasibles de pena de muerte agregándoles secuestro de niños, blasfemia y exhibición pública de mujeres desnudas, recordó Rehman.
Los sucesivos gobiernos siguieron el ejemplo de Zia y agregaron a la lista la violación colectiva, el tráfico de drogas y algunos actos de terrorismo.
Actualmente, la cantidad de crímenes pasibles de pena capital es aún mayor.
«La Constitución original de 1973 establecía la pena de muerte sólo para unos pocos delitos, como el homicidio intencional, la rebelión contra el Estado, el motín y los actos de subversión», señaló Rehman.
«Pero contrariamente a la tendencia internacional a reducir el número de crímenes punibles con la pena capital, el general Zia adoptó la teoría de que los castigos duros disuaden crímenes odiosos, y sus sucesores se aferraron a ella», agregó.
No obstante, todo indica que esa teoría es equivocada. De hecho, la criminalidad en Pakistán es tan alta como siempre, y los delitos pasibles de pena de muerte figuran entre los cometidos con mayor frecuencia.
Sólo en el último año, se denunciaron 50.000 casos de asesinato, intento de asesinato, secuestro y violación con homicidio, en una población total de 140 millones. Según expertos, la incidencia de esos delitos aumentó hasta 100 por ciento desde 1999.
Pero los actos criminales no pueden considerarse aislados del resto de la sociedad, observó en un editorial The Dawn, el periódico de lengua inglesa de mayor circulación en Pakistán.
«El incremento de delitos graves refleja una sociedad enferma desde el punto de vista psicológico», señaló el diario, y añadió que «aunque ningún criminal debe quedar impune, es cuestionable si la imposición de penas duras puede contener esos delitos».
Grupos defensores de los derechos humanos están intensificando sus esfuerzos para que el Poder Ejecutivo y el Judicial puedan reducir el número de condenados, arguyendo que entre ellos hay delincuentes que pueden y merecen ser reformados.
Los condenados a muerte pueden apelar la sentencia ante la alta corte provincial y luego ante la Corte Suprema. Si aquélla sostiene el veredicto del tribunal inferior, el reo aún puede solicitar el perdón del presidente.
El presidente Rafiq Tarar tiene a consideración unas 40 peticiones de perdón, de las cuales siete han estado pendientes entre cinco y ocho años, y el resto hasta una década.
Por su parte, la Corte Suprema tiene pendientes 1.599 apelaciones, 28 de ellas por más de ocho años.
En total, 1.858 casos de condenados están en apelación o a consideración del presidente.
Sin embargo, una polémica ley aprobada en 1991 limita el poder de perdón del presidente y la capacidad de la justicia de conmutar las sentencias, señalaron grupos de derechos humanos.
Según esa ley, un condenado a muerte también puede recibir un indulto si logra convencer a la familia de la víctima de aceptar una compensación económica o tomar en cuenta la posibilidad de más pérdidas de vidas por venganza.
Una de las razones de la excesiva demora de las apelaciones es que los abogados del reo demoran el caso deliberadamente en la esperanza de obtener un acuerdo con los familiares, explicó el abogado Wahabul Khairi.
Además, la compensación económica no puede compararse con el perdón ni con la conmutación de la pena, dado que éstos sólo se producen tras un examen minucioso del caso, incluso las circunstancias del crimen y la edad y el sexo del convicto, señalaron activistas.
Las demoras judiciales también se deben en parte a la escasez de jueces y de recursos financieros, afirmó Irshad Hassan Khan, juez de la Corte Suprema.
A esto se agrega el alto costo de una acción judicial, que pone la justicia fuera del alcance de los pobres, agregó. (FIN/IPS/tra- en/ni/ccb/mlm/hd/01
