Cuatro meses después de la entrega del informe de las Fuerzas Armadas de Chile sobre el paradero de restos de desaparecidos, el balance de la búsqueda judicial no sólo es pobre, sino también polémico, y obliga a nuevos esfuerzos, admitieron los propios militares.
El Ministerio de Defensa estudia un mecanismo para evaluar el informe castrense entregado el 7 de enero, luego de que hace dos semanas se identificaran los restos del dirigente sindical Juan Luis Rivera entre osamentas exhumadas en el Fuerte Arteaga, un antiguo recinto militar en los alrededores de Santiago.
En los antecedentes entregados por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros, que el presidente Ricardo Lagos dio a conocer el 7 de enero, Rivera aparecía en la lista de 151 desaparecidos lanzados al mar en los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
La flagrante contradicción aumentó la frustración y el escepticismo de los deudos de las víctimas ante la información de los uniformados.
Transcurridos cuatro meses de búsqueda judicial de los desaparecidos, concentrada en 29 casos de sepultados en tierra firme según los datos castrenses, el resultado es pobre, ya que la evidencia de posibles hallazgos apenas alcanzan a tres personas.
El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, dijo el miércoles en Antofagasta, 1.200 kilómetros al norte de Santiago, que los esfuerzos deben concentrarse ahora en cotejar los informes de las Fuerzas Armadas y Carabineros con otras fuentes.
El alto oficial, que en marzo de 1998 sustituyó en el cargo al ex dictador Pinochet, sostuvo que «hubo una actuación seria y honesta de las Fuerzas Armadas» en la recopilación de antecedentes.
Entre el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, fecha en que Pinochet entregó el gobierno a Patricio Aylwin, hubo 1.197 casos de desapariciones forzadas en Chile, de acuerdo con denuncias judiciales.
Los informes que las instituciones uniformadas recopilaron desde el 6 de julio de 2000 hasta el 6 de enero de este año dieron cuenta, con nombres y apellidos, de la suerte de 151 desaparecidos arrojados al mar y de otros 29 sepultados en diversos puntos del territorio chileno.
La recopilación de antecedentes sobre las víctimas de la dictadura surgió de los acuerdos de una mesa de diálogo cívico- militar sobre derechos humanos, instalada en agosto de 1999 y que sesionó hasta junio de 2000.
En la mesa participaron altos oficiales en representación de los institutos castrenses, abogados de derechos humanos y personalidades académicas, culturales y religiosas. La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) se negó a sumarse a la iniciativa.
El objetivo central del diálogo fue la creación de mecanismos para ubicar los restos de los desaparecidos y dar solución a los procesos que al respecto se han abierto en los tribunales y que involucran a unos 200 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, la mayoría ya retirados.
La mesa propuso un perIodo de seis meses para recopilar la información, tanto en los institutos militares como en organizaciones religiosas, bajo la figura del secreto profesional, según la cual quien recibe los antecedentes debe mantener en reserva la identidad del informante.
El 6 de julio de 2000 entró en vigencia una ley especial al respecto, la cual legitimó esta aplicación del secreto profesional y determinó que los antecedentes recopilados durante seis meses serían traspasados al Poder Judicial para las diligencias de búsqueda de los restos de desaparecidos.
Desde que se hizo pública la lista hubo reparos de la AFDD, pues las fechas en que algunas víctimas aparecían arrojadas al mar eran anteriores a las señaladas por testigos que las habían visto en recintos de detención de la dictadura.
El caso de Rivera confirmó esas aprensiones y a la vez puso en evidencia las dificultades para dar vuelta la hoja en la cuestión de los desaparecidos, que ilustra la situación más dramática y compleja heredada de las violaciones de derechos humanos en el régimen de Pinochet.
Existen dos hipótesis para explicar las dificultades de las Fuerzas Armadas para dar información precisa: el ocultamiento deliberado de información para proteger a efectivos involucrados en las desapariciones y la autonomía operativa de los aparatos represivos, que dependían en línea directa de Pinochet.
Izurieta insistió en que las Fuerzas Armadas cumplieron de manera «seria y honesta» el acuerdo de la mesa de diálogo y atribuyó la decepción actual a que se crearon «ilusiones» de que con los informes se resolvería definitivamente el tema de los desaparecidos.
El presidente Ricardo Lagos negó que la mesa de diálogo hubiera sido un fracaso, ya que al margen de la polémica sobre los informes significó la primera instancia conjunta sobre derechos humanos entre civiles y militares, en la cual se selló un compromiso de defensa de la democracia.
La abogada Pamela Pereira, una de las juristas que participó en la iniciativa, sostuvo que cabe al Poder Judicial una cuota de responsabilidad en el pobre balance de búsqueda de los desaparecidos, ya que ha demorado la designación de jueces especiales en varios casos contenidos en los informes militares.
En los próximos días deberán conocerse las propuestas gubernamentales para continuar la búsqueda y corregir las fallas producidas hasta ahora.
Es probable que, además de los mecanismos de verificación de informes, se planteen formas de castigo judicial a quienes oculten datos para el hallazgo de restos de desaparecidos. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/01
