El comando del ejército de Argentina hizo en 1995 una autocrítica pública a la actuación de la fuerza en la represión ilegal de la última dictadura (1976-1983), un gesto que inauguró una nueva relación entre militares y civiles. Pero el actual comandante encabeza un retroceso.
El general Ricardo Brinzoni, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, reemplazó en diciembre de 1999 al general Martín Balza y desde entonces se enfrentó en varias oportunidades con organizaciones de derechos humanos por sus actos y declaraciones en defensa de militares comprometidos con la dictadura.
Brinzoni se solidarizó con militares que se negaron a aportar información sobre el destino final de los desaparecidos por el régimen y propuso el ascenso de oficiales cuestionados por su participación en la represión ilegal.
Además, lejos de la autocrítica de Balza, sugirió crear una mesa de diálogo «por la verdad completa» sobre la violencia de los años 70 entre organizaciones guerrilleras izquierdistas y las autoridades.
La gestión de Brinzoni contrasta con la de Balza, que se acercó a familiares de las víctimas de la represión, suspendió el tradicional envío de oficiales a la controvertida Escuela de las Américas, eliminó el servicio militar obligatorio y también el requisito de profesar la fe católica para ingresar al ejército.
Esta Escuela, que funcionó primero en Panamá y luego en Estados Unidos, depende del Departamento de Defensa de ese país (Pentágono) y brindó en los años 60 y 70 a decenas de miles de militares latinoamericanos cursos sobre contrainsurgencia, incluso sobre «ideología comunista» y técnicas de interrogatorio.
Para Balza, el mejor destino de los militares en el extranjero eran las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, y en ese sentido orientó la fuerza, rechazando de manera definitiva las ofertas de cursos en Escuela de las Américas, anacrónica con los soldados subordinados al poder civil.
El propio Brinzoni reconoció que Balza marcó el inicio de un nuevo vínculo entre los militares y la sociedad civil, una relación que profundamente desacreditada por sucesivos golpes de Estado y por la cruel represión de la última dictadura, que hizo desaparecer al menos a 10.000 personas según registros oficiales.
Pero, el cerco parece cerrarse sobre Brinzoni, jaqueado ahora por legisladores que el martes pidieron su retiro, al igual que dirigentes de organizaciones judías que cuestionaron ante el Ministerio de Defensa su supuesta simpatía con el nazismo.
El pedido, realizado el mismo martes por el Centro Simón Wiesenthal y la B'nai B'rith, se realizó luego de saberse que el abogado contratado por el ejército para presentar un recurso de hábeas data de militares ante una organización humanitaria era Juan Torres Bande, dirigente de un partido neonazi.
Brinzoni se apresuró a pedir disculpas ante diversas organizaciones judías y ordenó despedir al abogado, al tiempo que aseguró haber sancionado a los oficiales que recomendaron su nombre.
Pero el jefe militar se negó a revelar la identidad de los colaboradores que convocaron a Torres Bande, o las sanciones que les aplicó.
En paralelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anticipó a IPS que estudia presentar una denuncia penal contra el jefe del ejército por su participación en la masacre de Margarita Belén, ejecución colectiva de al menos 22 civiles perpetrada en 1976 por militares en la provincia nororiental de Chaco.
«Vamos a presentar a fin de mes ante la justicia federal de Chaco una denuncia penal para que se investigue la responsabilidad de Brinzoni en aquella masacre, cuando se desempeñaba como secretario de la gobernación de esa provincia», dijo el director ejecutivo del CELS, el abogado Víctor Abramovich.
El CELS tomó la decisión luego de que Brinzoni declarara este mismo mes al diario Norte, de Chaco, que aquel episodio, presentado siempre por el ejército como un «enfrentamiento» en un intento de fuga de terroristas, fue en verdad «un fusilamiento encubierto de detenidos que estaban en la cárcel».
«Jamás existió enfrentamiento alguno. Me cuesta mucho decirlo, pero aquello fue un fusilamiento de detenidos disimuladamente trasladados y eliminados durante el viaje», admitió el jefe del ejército, luego de reconocer que desconocía los hechos hasta que realizó una investigación personal en 1980.
La revelación de Brinzoni fue considerada por el CELS como un intento anticipado de defensa, luego de una presentación realizada por ese organismo a fines de abril, en respuesta a un pedido de hábeas data encabezado por el propio jefe militar.
Brinzoni encabezó una lista de casi 700 oficiales que reclamaron al CELS, a otras organizaciones de derechos humanos y al gobierno que informaran acerca de sus antecedentes, de manera de conocer si alguno de ellos tenía alguna mácula por supuesta actuación en la represión ilegal.
El CELS respondió que de los 663 solicitantes, sólo nueve tienen antecedentes reprochables, pero el presidente de la organización, el periodista Horacio Verbitsky, remarcó que entre esos nueve figura el propio jefe del ejército, por su responsabilidad en la masacre de Margarita Belén.
Verbitsky recordó que, por esa razón, el CELS había pedido en 1984 al Senado que se abstuviera de aprobar el asenso de Brinzoni a teniente coronel, y aseguró que diversos testimonios de periodistas de Chaco mencionan amenazas y virulentas declaraciones del actual jefe del ejército.
No obstante, Brinzoni asumió el mando en diciembre en reemplazo de Balza. Al principio pareció que mantendría la línea de acercamiento a la sociedad civil, cuando ordenó el arresto del general retirado Ramón Díaz Bessone por expulsar a Balza del Círculo Militar por cuestionar su histórica autocrítica.
El Círculo Militar es una tradicional agrupación castrense que, si bien no está vinculada oficialmente a la fuerza, tiene fuerte gravitación. El mismo día en que Balza entregaba el mando del ejército, una comisión del Círculo le iniciaba una investigación que derivó en su expulsión.
Pero poco después de ese gesto, Brinzoni comenzó a actuar en defensa de militares que se negaban a aportar información sobre el destino final de los desaparecidos.
El nuevo comandante negó, incluso, que en los casos de secuestro y robo de niños por los que estan detenidos predecesores suyos haya existido un plan sistemático, como sostienen las organizaciones de derechos humanos a cargo de la búsqueda de esos menores.
En verdad, las diferencias entre Balza y Brinzoni comienzan en la época de la dictadura.
Mientras Balza vivió en el exterior durante el régimen y tuvo un desempeño destacado en la guerra de las Malvinas (1982), Brinzoni tuvo un cargo político durante el régimen y su responsabilidad en la represión está hoy en pleno debate.
Pero el CELS confía en que las denuncias contra Brinzoni podrían contribuir a terminar el proceso de saneamiento de esa institución, en la cual apenas 10 por ciento de oficiales hoy en funciones participaron de la represión ilegal. Los restantes deben cargar con un pasado del que no son responsables. (FIN/IPS/mv/mj/hd ip/01
