El gobierno de Brasil impuso a partir la reducción de 35 por ciento de la iluminación pública y la suspensión de espectáculos deportivos nocturnos, como primeras medidas de racionamiento energético.
Las restricciones afectan las regiones sudeste, nordeste y centro-oeste, que concentran 78 por ciento de la población y que sufren escasez de generación eléctrica.
La decisión afectó el cronograma de la Copa Brasil de fútbol, pues se debió adelantar para la tarde del jueves el partido previsto para la noche en Sao Paulo.
El gobierno de Fernando Henrique Cardoso también prevé otras medidas para los próximos días, que trastornarán la vida cotidiana de toda la población.
Las autoridades anunciaron que, si no logran la suficiente reducción de consumo, se impondrán interrupciones del suministro en forma programada.
Las indicaciones, a veces encontradas, de distintos funcionarios sobre el plan de emergencia alarmaron a la población, provocando una carrera en busca de velas, linternas y lámparas a querosén o batería, además de generadores de electricidad a gasolina o diesel para los edificios.
En tanto, los empresarios rechazaron un recorte, anunciado como necesario por el gobierno, de por lo menos 20 por ciento en el consumo de electricidad en la industria, con el argumento de que provocará el despido de decenas de miles de trabajadores.
La menor oferta de energía limitará la producción y, en consecuencia, elevará la inflación, que ya acumuló dos por ciento entre enero y abril, según la información gubernamental. Brasilia se comprometió ante el Fondo Monetaria Internacional a mantener la inflación por debajo de seis por ciento este año.
Además, expertos estiman una caída de entre 0,7 y 1,5 por ciento del producto interno bruto este año y la posibilidad de recesión en 2001 a causa de los apagones.
Las exportaciones tendrán una merma de casi 1.600 millones de dólares este año, pronosticó Fernando García, profesor de la Fundación Getulio Vargas, de Sao Paulo. El déficit comercial, pese a la gran depreciación de la moneda brasileña, el real, se constituye ahora en una de las principales preocupaciones.
Mientras, la policía de las grandes ciudades advierte sobre un posible aumento de la criminalidad, ya que la relación entre violencia e iluminación nocturna de las calles es apuntada en todos los estudios sobre el asunto.
También se teme el colapso de hospitales, pues la mayoría no cuenta con generadores propios, la mortalidad de enfermos cuya sobrevivencia depende de aparatos eléctricos, que los ascensores se transformen en trampas humanas y hasta un eventual caos en el tránsito urbano, al dejar de funcionar las señales luminosas.
El gobierno, empresarios, expertos y distintos actores sociales coinciden en que esta es la peor crisis energética en la historia del país.
Hasta los años 60 eran frecuentes los apagones inesperados, pero desde entonces Brasil registró una acelerada urbanización y el modo de vida actual depende totalmente de la electricidad.
Para el presidente Cardoso será «el golpe más grave», en momentos en que su popularidad está en baja, debido a las dificultades económicas y los sucesivos escándalos de corrupción, dijo a IPS Marcos Coimbra, director y dueño del instituto Vox Populi.
Las cuestiones políticas, como denuncias de corrupción en el gobierno, afectan a la minoría bien informada de la población, pero los cortes de energía eléctrica «complican profundamente la vida cotidiana de todas las personas», explicó el experto en consultas de opinión pública.
Coimbra puntualizó que «el costo político será elevado», en especial si el racionamiento se prolonga por seis meses, como se estima, dañando las posibilidades electorales de la coalición gubernamental, que ya enfrenta dificultades para elegir a un candidato unitario.
Las autoridades señalan que la crisis energética se debe a la escasez de lluvias desde 2000, que se agravó este año.
Agua es sinónimo de energía en Brasil, donde 90 por ciento de la electricidad es generada por centrales hidroeléctricas. Los embalses de las regiones afectadas están por debajo de 30 por ciento de su capacidad.
Pero este es un drama «más que anunciado», señalan la mayoría de los expertos en energía, quienes desde hace varios años venían alertando a las autoridades sobre el riesgo debido a las insuficientes inversiones en el sector.
Joaquin Francisco de Carvalho, consejero del Instituto para Desarrollo Estratégico del Sector Eléctrico, aseguró que la privatización provocó el problema.
El gobierno vendió algunas de las empresas, con la meta de expandir la generación de energía gracias al capital privado, pero éste no respondió a ese objetivo pues sus intereses son distintos y sólo buscan utilidades, apuntó el experto.
Las empresas que permanecen aún en poder del Estado interrumpieron sus inversiones a la espera de ser privatizadas.
Tampoco se amplió la capacidad de transmisión. El exceso de lluvias en el sur y en el norte del país hace sobrar electricidad en esas regiones, sin que se pueda transportarla a las áreas necesitadas.
El gobierno pretende ahora acelerar la construcción de centrales térmicas a gas, además de otras hidroeléctricas. Para eso pretende agilizar las autorizaciones ambientales y anular embargos judiciales que traban algunas obras.
Pero la ley exige estudios previos de impacto ambiental para grandes obras y escuchar a la población afectada, como forma de evitar represas «mal diseñadas», manifestó Glenn Switkes, coordinador para América Latina de la Red Internacional de Ríos.
Sin embargo, la crisis tiene «un lado bueno», pues estimula el uso racional de la energía eléctrica y la búsqueda de fuentes alternativas, sostienen ambientalistas. Además pone en cuestión industrias de gran consumo energético, como la de aluminio.
Una buena medida en este momento sería paralizar por algún tiempo la industria de aluminio, que consume seis por ciento de la electricidad del país y genera pocos empleos, sugirió José Goldemberg, ex ministro de Educación y de Ciencia y Tecnología, en coincidencia con lo expresado por Switkes. (FIN/IPS/mo/dm/ip en/01
