La crisis y la corrupción en Argentina hacen proliferar los cortes de ruta y los campamentos de desocupados, como si fueran refugiados. El fenómeno llegó hasta las afueras de Buenos Aires, donde unas 5.000 personas viven en tiendas de campaña en reclamo del pago de subsidios.
Familias enteras se ubicaron desde el lunes sobre una ruta en La Matanza, localidad de la Provincia de Buenos Aires ubicada en la zona metropolitana de la capital argentina, en protesta por la suspensión de esa ayuda de entre 120 y 160 dólares mensuales.
El gobierno de Fernando de la Rúa, sin brindar ninguna explicación, suspendió en abril ese aporte, único sustento familiar.
Los subsidios para estos desempleados de La Matanza son parte de un programa nacional para grupos específicos, como desocupados, jefes de hogares, mujeres sin familia y jóvenes, destinado a distintas zonas del país que afrontan situaciones críticas.
También en abril, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires descubrió el desvío de subsidios de 200 dólares mensuales a 5.500 desempleados, establecidos en el plan Nuevos Roles Laborales.
Ese programa laboral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de nueve millones de dólares anuales, fue ahora reducido a sólo 1,3 millones de dólares para este año, debido a las irregularidades denunciadas.
Se trata de dos asuntos paralelos, pero que ponen de relieve dos problemas que los argentinos colocan al tope de sus preocupaciones: el desempleo y la corrupción.
La suspensión de subsidios en el caso de La Matanza se debe a la falta de recursos del Estado, mientras que los fondos de desempleo en Buenos Aires fueron utilizados para financiar actividades políticas, según indicó la Defensoría del Pueblo.
La desocupación en Argentina afecta a casi 15 por ciento de la población económicamente activa, a los que se agrega 14 por ciento de subocupados y una cantidad difícil de estimar de personas que perdieron esperanza de encontrar un empleo y ya no figuran en las estadísticas.
Los beneficios del plan laboral de la Ciudad de Buenos Aires, diseñado para la capacitación de jefes y jefas de familia, eran entregados a estudiantes universitarios, funcionarios y dirigentes políticos, todos afiliados a los partidos de la gobernantes Alianza, dijo la Defensoría.
El organismo indicó que el gobierno capitalino entregaba el dinero a organizaciones no gubernamentales creadas por los propios dirigentes universitarios para manejar ese fondo con fines partidarios y, de esa manera, sostener la actividad de los militantes.
Entre los que recibían el subsidio había un centenar de personas con domicilio en Recoleta, el barrio más rico de Buenos Aires, varios miembros de una misma familia e, incluso, funcionarios con salarios de 2.000 dólares al mes o más.
Pero en el campamento de desocupados de La Matanza, el desvío de fondos de la capital casi no se menciona.
Preocupados por obtener el sustento diario, están alejados de las polémicas por los casos de corrupción que se dirimen en la prensa y en algunos programas de análisis político en televisión.
«Tenemos todo el tiempo del mundo para quedarnos aquí. Entre estar en casa sin hacer nada y venir a la ruta, no hay mucho para elegir», declaró a IPS Luis D'Elía, dirigente del Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA), de La Matanza.
D'Elía lidera una organización que nuclea a los desocupados de esa localidad, que con 1,6 millones de habitantes supera en población a la de varias provincias del interior del país.
Los cortes de rutas y de caminos se convirtieron en los últimos 10 años en Argentina en una nueva forma de protesta de los trabajadores desocupados, única forma de concitar la atención de la sociedad y de las autoridades.
Además del campamento de La Matanza, el más numeroso, existen en la actualidad otros tres en la noroccidental provincia de Jujuy, en el límite con Bolivia, en reclamo de la concreción de planes de ayuda a desocupados.
El gobierno admitió su preocupación por el rebrote de esta modalidad de protesta, que se habían reducido a fines del año pasado.
Los múltiples cortes de carreteras que se sucedían en noviembre se habían desactivado tras la promesa gubernamental de nuevos planes de empleo.
En La Matanza, los desocupados acordaron levantar una medida de fuerza similar a cambio de mantener 8.400 planes de empleo, la entrega de dos millones de dólares en medicamentos y herramientas, 20.000 pares de calzado y mil becas para estudiantes, además de la construcción de 30 escuelas.
Sin embargo, las autoridades no cumplieron con el acuerdo. «Los planes se bajaron a 3.400, y ahora, sin ninguna explicación, no están pagando a nadie, explicó D'Elía.
El dirigente de CTA, una de las tres centrales sindicales argentinas, agregó que «los medicamentos que nos mandaron estaban vencidos y no hubo ni escuelas, ni calzado, ni obras que nos prometieron hacer para crear fuentes de trabajo».
En esta localidad bonaerense hay más de 106.000 desocupados, por lo cual el subsidio significada apenas una ayuda mínima para algunas familias.
Pero ese monto de 120 o 160 dólares, que está lejos de un salario mínimo estimado en 500 dólares mensuales, es imprescindible para miles de personas.
«Yo me quedé sin un trabajo fijo en 1996», comentó a IPS Juan Carlos Alderete, de 48 años.
«Fui obrero en la industria metalúrgica, conductor de vehículos en una fábrica textil y estuve a cargo de la playa de descarga de camiones de una productora de leche, siempre viviendo en La Matanza desde que me casé, hace 22 años», añadió.
Alderete, su esposa y sus cinco hijos, forman parte del grupo de desocupados que corta la ruta en La Matanza y vive en una de las 200 tiendas de campaña que conforma el campamento.
Hace tres años consiguió un subsidio de 250 dólares al mes, a cambio del cavado de zanjas y el arreglo de aceras. El monto fue rebajado luego a 160 dólares y en abril fue suspendido el pago.
«No se imagina lo que significa ese ingreso para nosotros», remarcó Alderete.
«Lo gastamos todo en comida, a pesar de que tenemos aquí comedores, que los atendemos pidiendo mercadería en los comercios. Si no fuera por mis dos yernos y un hermano mío que tiene negocio de comida, no sé que sería de nosotros», se lamentó.
De los tres hijos que viven con Alderete y su esposa, dos concurren a la escuela, pero un tercero de 16 años debió abandonar la educación secundaria para trabajar en una panadería.
«Por suerte, la casa es nuestra», afirma orgulloso. Se trataba de un terreno que ocuparon junto a otros vecinos hace 17 años, luego estado provincial lo compró y se los vendió en cuotas de poco valor.
«Eso sí, no pagamos ni luz, ni gas ni ningún otro servicio, porque no podemos», aseguró.
Para Alderete, el temor del gobierno a un estallido social no se justifica pues su demostración es pacífica.
«Ellos (el gobierno) siempre dicen que nosotros somos violentos porque cortamos la ruta, pero son ellos los que destruyen el país y quieren venir ahora a destruirnos a nosotros como seres humanos», declaró.
Los gobernantes «van a los programas de televisión a hablar de los problemas del país cada vez que quieren, en cambio nosotros, para que se conozcan nuestros problemas, tenemos que cortar la ruta, porque es la única manera de salir por televisión», comentó. (FIN/IPS/mv/dm/lb/01
