Intelectuales europeos acusaron hoy al gobierno de Francia de impedir el arresto del ex ministro de Defensa argelino general Khaled Nezzar, denunciado ante la justicia francesa por ejecuciones sumarias y torturas.
La declaración firmada por intelectuales y activistas de derechos humanos y publicada en el diario Le Monde, de París, sostiene que el gobierno francés ayudó a Nezzar a eludir a la justicia y que Europa «no ha hecho nada por la paz en Argelia».
Según varios refugiados argelinos en Francia, Nezzar es responsable de ejecuciones sumarias y torturas contra «numerosos» opositores en su país.
Las denuncias dieron pie a un juicio contra Nezzar por torturas, que comenzó en París el 25 de abril, el mismo día en que el militar llegaba a la capital francesa en visita privada.
El gobierno francés cambió entonces el carácter de la visita, que pasó a ser «oficial», lo cual «impidió que Nezzar fuera arrestado», dijo a IPS esta semana un refugiado argelino.
Las autoridades «también ayudaron a Nezzar a abandonar el país de inmediato tras su visita», sostuvo el refugiado, que no quiso dar su nombre.
Días después, la identidad de los refugiados que acusaron a Nezzar ante la justicia francesa fue difundida por el diario argelino Le Soir d'Algerie.
El abogado de los denunciantes, Antoine Comte, afirmó que el gobierno francés había revelado el nombre de sus clientes. «Está claro que fue un funcionario francés quien difundió los nombres. Es una vergüenza», dijo Comte.
«Al proteger al general Nezzar, Francia violó sus compromisos internacionales, sobre todo la Convención contra la Tortura» y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1984, sostuvo el abogado.
Esta convención «obliga a los gobiernos a llevar a los sospechosos» de torturas «ante la justicia», dijo Comte.
La declaración publicada en Le Monde sostiene que la Unión Europea (UE) debería reclamar a la ONU la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Argelia desde 1992, cuando comenzó el conflicto interno aún en curso.
«Consideramos inaceptable el silencio de nuestros gobernantes electos», dice el documento firmado por el profesor español Gema Martín Muñoz, el sociólogo francés Pierre Bourdieu —que trabajó en Argelia en los años 60 y hoy es profesor del Colegio de Francia— y el escritor español Juan Goytisolo.
Entre otros firmantes figura el historiador francés Pierre Vidal Naquet, quien lanzó la primera acusación al ejército francés por uso de torturas durante la guerra que Argelia libró contra Francia por su independencia, a fines de la década del 50.
También firmaron el documento el economista británico William Byrd, el filósofo belga Luc Carton, el magistrado italiano Ferdinando Imposimato, Igor Man —columnista del diario italiano La Stampa— y teólogo sueco Ake Sander.
«Es hora de que los gobiernos europeos intervengan para garantizar el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos en Argelia», afirma el documento.
El gobierno argelino suscribió en 1995 la Declaración de Barcelona, en que se comprometió a «respetar la liberad de expresión, asociación y religión», recordó el documento.
La Declaración de Barcelona estableció un marco para el diálogo y la cooperación entre la UE y los países de las costas este y norte del mar Mediterráno, incluyendo Argelia.
La cruenta guerra civil en Argelia se desató en 1992, cuando el gobierno militar anuló las elecciones para evitar que el triunfante del Frente Islámico de Salvación (FIS) asumiera el poder.
Unas 200.000 personas, la mayoría no combatientes, murieron en el conflicto, según organizaciones de derechos humanos. Otras 30.000 desaparecieron y 500.000 abandonaron Argelia.
Los firmantes de la declaración acusaron al gobierno y a las fuerzas armadas de Argelia de cometer masacres, ejecuciones sumarias y torturas a detenidos.
La afirmación se remite a relatos de civiles que presenciaron esos actos, así como de militares desertores refugiados en Francia.
Esos militares sostuvieron que el ejército argelino es responsable de crímenes imputados oficialmente a insurgentes musulmanes.
En su documento, los intelectuales y activistas exigieron la intervención europea «para lograr que la ONU establezca un tribunal penal internacional para juzgar las responsabilidades por los crímenes cometidos».
La responsabilidad europea parece ser aun mayor. Activistas de derechos humanos acusaron, además de al gobierno francés, a los de Estados Unidos, Italia y Rusia de suministrar armas y entrenamiento en contrainsurgencia a fuerzas gubernamentales argelinas.
«Si bien oficialmente Francia no brinda ayuda militar a Argelia, esa asistencia está oculta en la llamada ayuda civil», dijo a IPS François Geze, editor parisiense que participa del movimiento en favor de la democracia en Argelia.
«Si se revisa la ayuda civil, se encontrarán dispositivos electrónicos de radares y hasta helicópteros equipados con armas en Sudáfrica», dijo Geze.
El periodista también sostuvo que la policía argelina es responsable de la matanza de 80 bereberes durante las manifestaciones pacíficas de abril.
Unos 500.000 bereberes protestaron nuevamente este martes contra el gobierno argelino en la ciudad de Tizi Ouzou, capital de la provincia de Kabylia, en la demostración pública más grande desde que el país se independizó de Francia en 1962, según fuentes periodísticas de Argelia.
Los bereberes, una etnia ancestral del norte de Africa, constituyen 17 por ciento de la población argelina, de 30 millones de habitantes, y son mayoría en la provincia oriental de Kabylia, donde se concentra la oposición política bereber.
Además de los tradicionales reclamos por el reconocimiento oficial de su lengua, los bereberes «están ampliando sus protestas al atacar la corrupción y la brutalidad del gobierno. También exigen democracia y derechos económicos», dijo a IPS Fatiha Talahite, economista argelina residente en Francia.
«Estas protestas son expresión del estado general de rebelión contra el gobierno», dijo Talahite.
«La revuelta ha cambiado el clima político de Argelia. Ojalá que este cambio culmine con una verdadera liberación para el país», sostuvo Talahite. (FIN/IPS/jg/mn/dc/mj/hd ip/01
