El gobierno de Pakistán aprobó un ambicioso plan de construcción de represas hidroeléctricas y para riego, con el apoyo de los empresarios nacionales y la oposición de ambientalistas, mientras el país sufre una de las peores sequías de su historia.
Pakistán perdió este año más de 1.500 millones de dólares a raíz de los cultivos arruinados por la sequía, que obligó a importar cereales y redujo la producción industrial y los puestos de trabajo.
La decisión gubernamental de construir nuevas represas y canales de riego fue difundida tras conocerse la magnitud de estas pérdidas económicas.
La crisis también creó tensiones entre las cuatro provincias del país acerca de la distribución del agua procedente de la cuenca del río Indo.
Esta cuenca riega 80 por ciento de las 21,5 millones de hectáreas de tierras agrícolas de Pakistán mediante una extensa red de canales, en un país donde la agricultura es el sostén de la economía y donde el clima semiárido genera una crónica escasez de agua.
El programa Recursos Acuíferos y Desarrollo Hidroeléctrico- Visión 2025, preparado por la Autoridad para el Desarrollo del Agua y la Energía, y aprobado este mes, prevé la construcción de 25 represas e identifica 591 lugares para el desarrollo de pequeños proyectos hidroeléctricos.
El costo estimado de este plan supera los 4.000 millones de dólares, según la prensa paquistaní.
«La vitalidad del sector agrícola depende de la disponibilidad de agua», dijo el gobierno en un comunicado tras la reunión de gabinete que aprobó la construcción de dos represas y tres grandes canales en las provincias meridionales de Punjab y Sindh.
«La escasez de agua de riego perjudicó los principales cultivos, lo cual causó la caída del producto interno bruto», agregó el comunicado.
Organizaciones ambientalistas reclamaron precaución al gobierno y sugirieron reformas que aseguren la igualdad de los usuarios del sistema de distribución de agua como primer paso para superar esta crisis y las venideras.
Los activistas recordaron la polémica de más de 20 años que despertó la represa de Kalabagh, construida en 1976 sobre el río Indo, debido a que su ubicación no reflejó los intereses de la población local y generó grandes costos sociales y ambientales.
Por otra parte, cientos de miles de personas afectadas por la construcción de la represa de Tarbela, en 1976, aún esperan compensación.
La situación es similar para las poblaciones desplazadas por la construcción de las represas de Chotiari, en la provincia de Sindh, y la de Ghazi Brotha, en la provincia Frontera Noroccidental.
No obstante, el plan Visión 2025 cuenta con el apoyo de la poderosa comunidad empresarial paquistaní.
«Si no se hubieran construido represas y reservorios de agua, la inanición dominaría al país», dijo Iftikhar Alí Malik, presidente de la Federación Pakistaní de Cámaras de Comercio e Industria.
«Los empresarios estamos preocupados por la grave escasez de agua y apoya el plan Visión 2025», agregó.
Los expertos internaciones recomendaron al gobierno que no vinculara los asuntos técnicos con los políticos.
«Debería lograrse una visión neutral a través de consultas públicas para conocer el verdadero escenario. Sólo entonces se lograría una solución racional para los problemas del agua», dijo Zaigham Habib, del Instituto Internacional para el Manejo del Agua.
Pero «sin resolver la cuestión crucial del control del agua, cualquier proyecto sobre recursos acuíferos será perjudicial y agravará los conflictos entre las provincias», afirmó Mushtaq Gadi, quien colaboró con el reclamo de indemnizaciones que plantearon las poblaciones afectadas por las represas.
«La única respuesta oficial a la actual sequía es construir nuevas represas. La posibilidad de recolectar agua de lluvia con fines domésticos y agrícolas, por ejemplo, fue completamente ignorada en el proceso de elaboración de este plan», dijo Gadi.
El desarrollo y manejo eficiente del sistema de torrentes de montaña en Dera Ghazi Khan, Dadu y otras áreas de la provincia de Balochistan también fueron omitidos en el plan, señaló Gadi.
Según los informes gubernamentales, más de 40 por ciento del agua utilizada en los sistemas de riego se pierde, lo cual supera la capacidad de almacenamiento de Tarbela, el mayor reservorio acuífero del país, en la provincia Frontera Noroccidental.
Tal derroche de agua se debe a la mala alineación de los canales, y genera a su vez anegamiento de tierras, afirmó el Instituto Internacional para el Manejo del Agua.
«Si el gobierno logra controlar esta pérdida, no sólo ahorrará una enorme cantidad de agua, sino que resolverá además los problemas de drenaje y estancamiento de agua», dijo Gadi.
Funcionarios del Ministerio de Energía y Agua afirmaron que el gobierno estudia una serie de reformas en materia de distribución y control del agua.
El jefe del gobierno militar de Pakistán, general Pervez Musharraf, pretende contemplar este plan de 10 años en el presupuesto nacional, incluyendo la administración y desarrollo de los recursos «como asunto central», dijo un vocero oficial a la prensa.
El gobierno se comprometió a considerar todos los aspectos ambientales y sociales en dicho plan.
Pero los ambientalistas son escépticos. «No existe confianza en que se apliquen las protecciones necesarias», comentó el economista Tariq Banuri, subrayando que el gobierno debe cumplir con las líneas de acción sugeridas por la Comisión Mundial sobre Represas (WCD), que el país había prometido adoptar.
Cualquier reforma debe reconocer que los recursos naturales, incluso el agua, pertenecen a la población local, especialmente a la más pobre, y que todo desvío de esos recursos para otros usos debe basarse en compensaciones económicas totales, calculadas de forma transparente, dijo Banuri.
«Este principio nunca fue considerado en nuestros debates políticos, y mucho menos cumplido en letra o en espíritu», agregó Banuri.
«Los burócratas de la Autoridad para el Agua y la Energía se consideran poseedores de los recursos naturales del país, y por lo tanto justifican cualquier desvío o mal uso de los recursos de que dependen la vida y los cultivos de millones de personas», sostuvo Banuri.
De hecho, como el país «se adhirió a las líneas de acción de la WCD para planificación, diseño, aprobación e implementación de represas, no se debería aprobar ninguna obra antes de que esas disposiciones tuvieran jerarquía de ley en el país», sostuvo Gadi. (FIN/IPS/tra-en/mr/js/dc/mj/en/01
