La ministra de Ambiente de Ecuador, Lourdes Luque, se sumó a la advertencia de indígenas y activistas sobre los daños irreparables que el proyectado oleoducto de petróleo pesado puede causar en 11 reservas ecológicas si se mantiene el trazado original.
Las críticas al trazado del oleoducto de la compañía OCP Limited despertaron la indignación del presidente Gustavo Noboa, quien aseguró que la obra se realizará pese a toda resistencia.
El caño tendrá una extensión de 500 kilómetros entre la Amazonia y el océano Pacífico y pasará por varias comunidades indígenas, entre ellas la zápara, cuya cultura y lengua fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
«El oleoducto va porque va, no voy a dejar que jodan al país», afirmó Noboa. «Cuatro majaderos» se oponen a la construcción, agregó, en referencia a dirigentes indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Las expresiones de Noboa provocaron la reacción de los activistas, quienes este martes replicaron que sólo entiende a los ecuatorianos «cuando se levantan contra su mal gobierno».
El vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Ricardo Ulcuango, y la presidenta de Acción Ecológica, Natalia Arias, exigieron a Noboa disculpas por sus declaraciones.
Además, el martes Noboa vio abrirse un frente opositor en las propias filas del gobierno, a partir de que la ministra Luque aseguró que no otorgará la licencia ambiental indispensable para la construcción de la obra hasta tanto no se atiendan las recomendaciones para evitar su posible impacto ecológico.
El Ministerio de Ambiente impuso 72 observaciones al estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa consultora Entrix sobre el trazado del oleoducto de crudos pesados, y lo devolvió para que hiciera uno nuevo en 15 días.
Las autoridades ambientales, entre otras, destacaron anomalías en la descripción de la ruta, en el estudio de alternativas del trazado, en la descripción del medio afectado, en los aspectos socioeconómicos y productivos y en el plan de manejo ambiental durante y después de la construcción del caño.
Sin embargo, el vicepresidente Pedro Pinto, a pocos metros del lugar donde la ministra de Ambiente realizaba sus declaraciones, afirmó que no habrá cambios en la ruta de la obra porque es una decisión del gobierno y es «la de menor impacto ambiental».
Por su parte, Arias señaló que el estudio presentado por la consultora no es serio y se presta a ambigüedades al realizar propuestas de mitigación de impacto ambiental, porque en muchos puntos señala que éstas se harán «siempre que sea práctico» o «tan pronto sea posible».
Indígenas y ambientalistas interpusieron un recurso de amparo ante la justicia, alegando la inconstitucionalidad de la construcción del oleoducto por la ruta propuesta por la firma constructora y avalada por el gobierno.
Arias argumentó que no se hizo el estudio de impacto ambiental antes de la firma del contrato de construcción y tampoco se consultó a las poblaciones afectadas, para saber si están de acuerdo con la construcción, como exige la Constitución.
Según la activista, sólo se informó a los afectados por dónde pasará el caño y ni siquiera se explicó que éste puede afectar las fuentes de abastecimiento de agua de Quito.
«El paso del crudo pesado, recalentado para que fluya, pondrá en peligro el suministro de los sistemas que abastecen la capital», afirmó Arias
La presidenta de Acción Ecológica también sostuvo que los riesgos sísmicos y volcánicos son muy altos en toda la ruta, ya que cruzará por 67 fallas geológicas y cerca de seis volcanes.
El presidente Noboa manifestó que quienes se oponen al trazado del oleoducto están de acuerdo «con defender las maripositas, los colibríes, árboles y bosques», sin entender que hay que defender al ser humano, «que es el rey de la creación y todo lo que quedó sometido a él».
Según Noboa, esa defensa se sustenta en las 52.000 puestos de trabajo que creará la obra y los más de 1.000 millones de dólares en inversión que requiere.
Argumentó, además, que para superar la crisis del país hay que extraer todo el petróleo que sea posible, y eso sólo lo permitirá el oleoducto.
Sin embargo, varios analistas económicos aseguraron que el oleoducto no traerá tales beneficios al país.
Alberto Acosta, consultor de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y columnista del diario Hoy, de Quito, explicó que las ventajas ofrecidas con la construcción del oleoducto no son sólidas.
Los empleos a duras penas llegarán a 6.000 indirectos y a unos 300 directos, estimó.
Acosta agregó que, «de la grandiosa inversión anunciada, sólo quedará menos de un tercio en el país, mientras que apenas 20 por ciento de los ingresos esperados por exportaciones de crudo irán en beneficio del Ecuador».
A su vez, Ulcuango explicó que la ampliación de la frontera petrolera, que implica la operación del oleoducto de crudos pesados, amenaza con la extinción de numerosos pueblos indígenas de la amazonía, incluido el pueblo záparo.
«La actitud del presidente Noboa de defender el negocio petrolero como beneficioso para el país oculta que las empresas petroleras están exoneradas del tributo a la renta y del impuesto al valor agregado en la mayor parte de sus transacciones», comentó Ulcuango. (FIN/IPS/kl/dm/ip en/01
