Ambientalistas y poblaciones indígenas de Ecuador entablaron juicio contra el gobierno para impedir la construcción del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP), cuya ruta prevista atraviesa áreas selváticas protegidas.
Varios grupos encabezados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) presentaron el martes una demanda que cuestiona la legalidad del contrato del gobierno con el consorcio multinacional encargado de la construcción del OCP.
La ruta del oleoducto, con una longitud de 500 kilómetros, atravesará un área protegida en los remanentes de la selva amazónica de Ecuador. Está previsto que la obra cueste 1.100 millones de dólares, comience en junio y termine en 2003.
Mientras tanto, organizaciones ambientalistas con sede países industrializados presionan a las instituciones financiadoras del proyecto para que no entreguen más fondos hasta que finalicen los estudios de impacto ambiental y social.
El 11 de mayo, las instituciones financieras J.P. Morgan Chase, Citigroup y Deutsche Bank recibieron una carta firmada por Amazon Watch, Oxfam America, Greenpeace, Amigos de la Tierra y Rainforest Action Network, organizaciones no gubernamentales (ONG) contrarias al oleoducto.
«Proponemos a sus instituciones que inviertan en el desarrollo de fuentes alternativas de energía no contaminantes y renovables, en vez de financiar la expansión de la industria petrolera en áreas de fragilidad ambiental», escribieron las ONG.
Ninguno de los destinatarios de la carta quiso comentarla.
El consorcio encargado de construir el OCP está integrado por las firmas Alberta Energy, de Canadá, Kerr McGee y Occidental Petroleum, de Estados Unidos, y Repsol-YPF, de España.
Los ejecutivos de ese consorcio no efectuaron declaraciones sobre la demanda, pero ofrecieron financiar proyectos de preservación de zonas cercanas al oleoducto, e informaron que habían contratado un seguro contra daños ambientales por valor de 100 millones de dólares.
El gobierno de Ecuador afirmó por su parte que el OCP es esencial para impulsar la alicaída economía de ese país, mediante la duplicación de su producción petrolera.
El oleoducto transportará crudo pesado desde la selvática provincia oriental de Pichincha hasta puertos sobre el Océano Pacífico.
Ambientalistas, científicos y comunidades que viven en las zonas por donde pasará el OCP sostienen que el aumento previsto de la producción petrolera es el principal problema asociado con el proyecto.
El incremento sin precedentes de la explotación y traslado de crudo provocará la destrucción de los remanentes de antiguas selvas, y también de territorios aislados donde habitan pueblos indígenas, alegan.
El oleoducto atravesará la Reserva de la Selva de las Nubes Mindo Nambillo, uno de los principales refugios de aves del hemisferio occidental, y frágiles selvas que la rodean.
Esa reserva es el hábitat de más de 450 especies de aves, 46 de las cuales están en peligro de extinción, y atrae a ecoturistas de todo el mundo, que peregrinan hasta el lugar para ver especies raras como el colibrí de pecho negro.
Según operadores turísticos, el ecoturismo puede generar ingresos de unos 600 millones de dólares en los próximos 20 años.
«Es deprimente que el gobierno ecuatoriano haya decidido sacrificar uno de sus más preciados tesoros ambientales para extraer crudo durante 10 o 15 años», opinó Atossa Soltani, directora de la ONG Amazon Watch, con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California.
Los grupos indígenas y ambientalistas que presentaron la demanda piden que el oleoducto se construya en zonas de menor fragilidad ambiental.
Las ONG acusan a las autoridades de realizado demasiado tarde las audiencias públicas sobre el proyecto previstas en la Constitución ecuatoriana.
Las comunidades indígenas sólo dispusieron de 27 días para revisar 1.500 páginas de documentos técnicos sobre el proyecto, y el plazo para presentar observaciones venció el lunes, mientras unos 2.000 habitantes de Pichincha se trasladaban a la capital para manifestarse contra el OCP, indicaron los activistas.
La no gubernamental Comisión Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente sostuvo en un comunicado que las audiencias se efectuaron «con el único propósito de presentar una decisión ya tomada». (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/dc/en/01
