Ambientalistas de Brasil pidieron la urgente implementación de una política integrada para mantener en pie los bosques y asistir a la población de la Amazonia, alarmados ante un nuevo aumento de la deforestación.
El Ministerio de Medio Ambiente informó que 19.831 kilómetros cuadrados de bosques amazónicos fueron destruidos entre agosto de 1999 y el mismo mes del año pasado, 14,9 por ciento más que en igual lapso anterior.
La medición realizada por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), en base a imágenes de satélite, indica que volvió a acelerarse el ritmo de tala y quema de vegetación, que se había reducido luego del periodo entre 1994 y 1995, cuando alcanzó a 29.059 kilómetros cuadrados.
En total, la Amazonia brasileña ya perdió 14,3 por ciento de su antigua área boscosa, una superficie que supera el territorio de Francia.
Eso es más preocupante aún, porque confirma la tendencia en crecimiento, dijo a IPS Luiz Carlos Pinagé, coordinador del programa amazónico de la organización no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en sus siglas inglesas).
Los datos comprueban la insuficiencia de los mecanismos de control adoptados por las autoridades ambientales y la necesidad de una «política nacional integrada para el desarrollo de la región», opinó.
La «vocación forestal» que debe orientar ese desarrollo es reconocida por muchos funcionarios, pero la política del gobierno sigue estimulando el avance de la ganadería y agricultura sobre los bosques, lamentó Paulo Moutinho, del Instituto de Pesquisa Ambiental de Amazonia (IPAM).
El IPAM es un grupo no gubernamental que se destacó por apuntar los rumbos de las «quemadas», el uso de incendios por parte de hacendados y campesinos, para eliminar bosques y preparar la tierra para cultivos o pastizales.
Los «grandes proyectos de infraestructura», en busca de impulsar la economía amazónica, promovieron en las últimas cuatro décadas una gran devastación de recursos naturales, sin que se haya podido mejorar el ingreso ni el bienestar de la población local, observó Moutinho.
Sugirió que, antes esa situación, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y la sociedad brasileña deben intensificar el «incipiente debate sobre alternativas de desarrollo», considerando las potencialidades locales y buscando beneficiar la población.
El programa Avanza Brasil, elaborado por el gobierno de Cardoso, apunta en la misma dirección de ataque a los bosques, concediendo prioridad a carreteras e hidrovías que favorecen la exportación de soja y otros productos de monocultivo, acusan los ambientalistas.
Un estudio terminado hace seis meses por investigadores brasileños y estadounidenses estimó que la ejecución de Avanza Brasil elevaría a 42 por ciento el área forestal destruida en la Amazonia brasileña entre este año y 2020.
La conclusión de la investigación fue descalificada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con duras críticas sobre las premisas y datos que sirvieron de base al trabajo de los activistas.
Sin embargo, los datos divulgados ahora por el Ministerio de Medio Ambiente confirman los peores temores, sostuvo Pinagé.
El experto de WWF opinó que el agravamiento de la deforestación puede llegar a un cuadro «caótico» si se aprueba el nuevo Código Forestal, según el proyecto que será presentado a fines de este mes en el Congreso Nacional.
El código propuesto, respaldado por hacendados, pretende reducir el área de preservación forestal en las grandes propiedades rurales amazónicas, flexibilizando la legislación vigente que permitió contener la devastación entre 1995 y 1999 y que es defendida por los ambientalistas.
El Ministerio de Medio Ambiente adoptó buenas políticas últimamente, reconocen las organizaciones no gubernamentales, quienes respetan el trabajo realizado por la Secretaría de Coordinación Amazónica, en jurisdicción de esta cartera y dirigida por Mary Alegretti.
Pero eso poco sirve si otros sectores del gobierno, con poderes y presupuestos más fuertes, operan en sentido opuesto, criticó Pinagé.
La propia Alegretti admitió las limitaciones que afronta en su actuación, al no controlar instrumentos económicos. Opinó que la solución es concertar las políticas de ambiente, agraria y económica.
Moutinho, biólogo que coordina las investigaciones del IPAM, aseguró que los grandes hacendados siguen siendo los principales responsables de la quema de bosques, pese a que las imágenes satelitales apuntan una creciente participación en esta práctica de pequeñas propiedades y asentamientos de la reforma agraria.
Las «quemadas» son doblemente dañosas para el ambiente. Responden por 80 por ciento de las emisiones brasileñas de gases que recalientan la Tierra, que causan el llamado efecto invernadero, destacó Moutinho.
Además, reducen las lluvias, ya que los bosques constituyen la fuente de mitad del índice pluviométrico de la Amazonia, explicó el experto. Eso hace más vulnerables los bosques, en un círculo vicioso.
Aún así, Moutinho se manifestó optimista, ya que se percibe un aumento de la conciencia sobre los riesgos y los beneficios que puede acarrear las alternativas de desarrollo sustentable para la región.
El estado de Mato Groso, uno de los que más sufre la destrucción de bosques amazónicos, logró hacer un seguimiento y contener la deforestación, con ayuda de satélites, comprobando que tal acción no redujo el crecimiento económico, señaló el biólogo a modo de ejemplo. (FIN/IPS/mo/dm/en/01
