El gobierno militar de Pakistán resolvió eliminar el sistema de precios de sostén para las materias primas agrícolas, pese a advertencias de que la medida tendrá consecuencias desastrosas para los pequeños campesinos.
Las autoridades suprimieron esta semana la protección a los precios de la mayoría de los cultivos, con excepción del trigo, el arroz, el algodón y la caña de azúcar, cuatro productos básicos especialmente contemplados por temor a la reacción de los agricultores.
«Los precios serán fijados por el mercado, pero los agricultores necesitan protección» en las cuatro materias primas mencionadas, afirmó el ministro de Agricultura, Khair Muhammad Junejo, tras una reunión presidida por el general Pervez Musharraf, jefe del gobierno.
El sistema de precios de sostén fue introducido a mediados de la década de 1960 para asegurar a los cultivadores ante las fluctuaciones de precios en el mercado abierto, en particular en el período posterior a las cosechas.
El régimen incorporaba el costo total de producción de un cultivo y un margen de rentabilidad para el productor, y abarcaba los precios del trigo, el arroz integral y blanco, el algodón, la caña de azúcar, la papa, la cebolla, el girasol, la soja, el tabaco y el garbanzo, entre otros productos.
La supresión de los precios sostén es parte del proceso de liberalización del sector agrícola, una de las reformas previstas por los organismos financieros multilaterales y el último de una serie de cambios económicos iniciados en la década de 1980.
«Los pequeños agricultores necesitan protección para el cultivo de alimentos. Son nuestra línea vital y no deberíamos dejarlos a la intemperie», advirtió Shahid Zia, coordinador de la Sungi Development Foundation, una organización de la sociedad civil.
Los agricultores de subsistencia son más de 45 por ciento de la población dedicada a la agricultura y son quienes proveen la seguridad alimentaria nacional.
La preocupación se extiende a varias decisiones del gobierno relativas a la agricultura.
Los opositores afirman que esas medidas, como la habilitación de empresas rurales, la ley sobre Derechos Fitogenéticos (PBR), el abandono de los subsidios al trigo y la eliminación de las barreras a la exportación agrícola, muestran la premura del régimen militar por abrir el mercado agropecuario.
«Nuestra agricultura no puede soportar esta sacudida», dijo Zia. «El gobierno marginará a los agricultores pobres».
Un nuevo impuesto general a las ventas, que se aplicará incluso a la venta de semillas, determinará un aumento de los precios de los insumos agrícolas.
Esta nueva política es consecuencia de la presión ejercida por instituciones multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo (AsDB) y el Banco Mundial, que reclaman la liberalización del mercado agrícola.
«El AsDB concedió un préstamo de 200 millones de dólares a Pakistán para la institucionalización de las reformas de los mercados, la creación de mercados privados regulados, la reforma del sistema impositivo agrícola y el fortalecimiento del sector financiero rural», dijo una fuente del Ministerio de Economía.
«El gobierno y las instituciones donantes consideran que esto es importante para la liberalización de los mercados de materias primas y para el comercio exterior», indicó la fuente.
El Banco Mundial aprobó el 22 de abril un préstamo para ajuste estructural de 300 millones de dólares, tras obtener el compromiso del gobierno paquistaní de eliminar los obstáculos a la exportación de productos agrícolas, con excepción del trigo.
Como parte del préstamo, concebido para apoyar la estrategia gubernamental de erradicación de la pobreza, Pakistán acordó retirar la intervención estatal del mercado agrícola.
Las organizaciones de productores y los grupos de defensa de los derechos alimentarios consideran que ese retiro «va justamente en contra de los anuncios de erradicación de la pobreza».
«Esto representará un serio revés económico para 70 por ciento de la población rural, que depende exclusivamente de la agricultura», afirmó un comunicado de Sustainable Agriculture Action Group (SAAG), una organización de productores y de defensa de los derechos alimentarios.
Ante el temor de que esta política promueva la producción de los cultivos rentables, SAAG advirtió que las producciones agroalimentarias más pequeñas serán lentamente destruidas, afectando la seguridad general.
Así mismo, responsabilizó a las compañías agrícolas trasnacionales y a los organismos multilaterales de forzar a Pakistán a tomar medidas antipopulares sólo para favorecer intereses corporativos.
SAGG también criticó el clima de secreto en la toma de estas decisiones y llamó al gabinete a «realizar amplias consultas con las organizaciones de la sociedad civil y los pequeños agricultores para asegurar que los pasos sean favorables a los productores y a la agricultura».
Por último, señaló que grandes empresas como Monsanto, Aventis y Novartis participaron en las consultas realizadas por el gobierno para diseñar la ley sobre Derechos Fitogenéticos, destinada a regular el cultivo y el consumo de semillas y alimentos transgénicos en Pakistán.
Como consecuencia de las protestas de Monsanto, el gobierno ya había eliminado de esa ley na cláusula de compensación por los eventuales efectos de los cultivos transgénicos en la salud y el ambiente.
En su defensa, las autoridades afirmaron que la reforma impulsará la agricultura, que constituye 24 por ciento del producto interno bruto del país, emplea a más de 65 por ciento de la fuerza laboral y genera 60 por ciento del ingreso anual de divisas, de 10.000 millones de dólares.
«Estamos dando los toques finales a la política de agricultura corporativa, que reconstruirá al sector», dijo el jefe del Consejo de Inversiones, Wasim Haqi. «La importancia de la agricultura corporativa puede apreciarse en muchos países, en especial en China y Egipto», sostuvo Haqi.
Mientras las empresas chinas negocian con el gobierno paquistaní acuerdos para instalar establecimientos agrícolas corporativos, los grupos defensores de la seguridad alimentaria advierten que ese modelo desplazará del campo a 30 millones de productores.
«Si continúa la imposición de políticas miopes a los agricultores pobres, se iniciará una movilización nacional para resistirlas», advirtió Sarwar Bari, coordinador de Pattan Development Foundation, que actúa en las zonas algodoneras de la provincia sureña del Punjab. (FIN/IPS/tra-en/mr/ral/dc-ff/dv/01
