Portavoces de los parlamentos de Africa Occidental consideran esta semana en la capital administrativa nigeriana asuntos vinculados con la integración regional y el bienestar económico, entre ellos la lucha contra la corrupción.
Uno de los documentos en discusión en Abuja es la declaración de nueve puntos firmada la semana pasada en Accra por los fiscales generales y ministros de Justicia de los 15 países integrantes de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés).
Los firmantes de esa declaración señalaron que la corrupción no sólo es un problema moral y penal, sino que también afecta la «dinámica del desarrollo nacional e internacional», y pidieron fortalecer y armonizar normas regionales sobre aduanas, juicios, extradición, migraciones e intercambio de datos financieros.
Los ministros de Justicia participantes en la reunión de Accra aseguraron que buscarán apoyo internacional para repatriar dinero de origen ilegal «acumulado en bancos y otras instituciones financieras o de inversión de naciones extranjeras».
También anunciaron que planean «buscar más apoyo y cooperación para la persecución o extradición de ciudadanos de otros países que han conspirado o conspiran con ciudadanos de Africa Occidental para la transferencia ilegal o la custodia de esas riquezas mal habidas».
Además, instaron a los gobiernos de Africa Occidental a mostrar voluntad política de implementar estrategias internacionales contra la corrupción.
Esa declaración será incluida en el aporte de Africa Occidental al Segundo Foro Mundial sobre Corrupción y Salvaguarda de la Integridad, que se realizará esta semana en la ciudad sudoriental holandesa de La Haya.
Entre las cuestiones consideradas en Accra estuvo la corrupción policial.
El inspector general de la policía de Nigeria, Musliu Smith, ha advertido a sus principales colaboradores sobre actividades de extorsión realizadas por integrantes de esa fuerza de seguridad, de unos 100.000 integrantes.
Esta semana, tres altos funcionarios nigerianos comparecieron ante la justicia bajo cargos de corrupción, tras investigaciones de la Comisión Independiente sobre Prácticas Corruptas, establecida por la Ley Anticorrupción aprobada en junio.
Los tres funcionarios son acusados de conspiración para sobornar a integrantes de un organismo de investigación creado por el gobierno para examinar la forma en que fue administrada la compañía estatal Aerolíneas de Nigeria.
Las penas correspondientes a esos delitos incluyen la expropiación de los bienes adquiridos mediante actos de corrupción y de cinco a siete años de cárcel.
El ministro de Justicia de Liberia, Eddington Varmah, sostuvo en Accra que la aplicación en casos de corrupción de «medidas más drásticas, como la pena de muerte, no dio resultado» en su país.
En 1980, la «drástica acción punitiva» contra 13 altos funcionarios durante el gobierno del presidente Wiliam Tolbert «no erradicó la corrupción», señaló.
Investigaciones y estudios detallados auspiciados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mostraron que «los problemas de corrupción no se deben en forma necesaria a a fallas de infdividuos que trabajan en el gobierno, sino que son resultado de fallas del sistema», recordó.
Liberia se ha comprometido a erradicar la corrupción, pero «reiterados ataques realizados por disidentes aún impiden el progreso en la materia», añadió.
El ministro de Justicia de Sierra Leona, Solomon Berewa, afirmó que su país afronta problemas similares a los de la vecina Liberia para luchar contra la corrupción, debido a la guerra civil en curso.
Los esfuerzos del gobierno para reconstruir el país con asistencia internacional «son obstaculizados por desenfrenadas prácticas de corrupción», aseguró.
Los organismos responsables del cumplimiento de la ley «nunca podrán controlar la corrupción» si no se logra educar a los ciudadanos y contar con su apoyo, sostuvo.
La Coalición contra la Corrupción de Ghana propuso un enfoque multidisciplinario y participativo para afrontar la corrupción en la región.
Integran esa coalición la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, la Asociación de Periodistas, el Instituto de Asuntos Económicos y otras cuatro instituciones.
Ese enfoque «debe incluir diagnósticos, investigaciones, procesos judiciales, movilización de la opinión pública y generación de demanda de acciones (contra la corrupción), así como reformas institucionales y legales», opinó en una declaración.
Sin embargo, cualquier esfuerzo de Ghana en la materia «será inútil si la región no establece y aplica mecanismos para controlar la corrupción, el delito y los conflictos transnacionales», advirtió.
Los hallazgos de una investigación realizada por la coalición serán discutidos en talleres el mes próximo. (FIN/IPS/tra- eng/ro/mn/mp/ip if/01
