La publicación del texto de la apelación del ex presidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic reavivó el debate político y legal en este país, mientras el ex mandatario permanece en un hospital por supuestos problemas cardíacos.
Milosevic sumió a Serbia en la perplejidad días después de su arresto, cuando su abogado Toma Fila decidió hacer público el texto de la apelación de su cliente, acusado de corrupción y malversación de fondos públicos por 390 millones de dólares.
Este jueves, el ex presidente fue trasladado de urgencia desde la prisión donde se encuentra bajo custodia a un hospital debido a un fuerte dolor en el pecho, informaron autoridades serbias.
Los médicos le diagnosticaron un amago de infarto y alta presión arterial, y le ordenaron varios exámenes, pero un alto funcionario del gobierno serbio reveló al corresponsal de la BBC en Belgrado, Paul Wood, que el estado de salud de Milosevic no es grave.
«Es probable que esto se repita», dijo la misma fuente, sugiriendo que el ex hombre fuerte de Serbia podría alegar problemas de salud para eludir la justicia.
Aún no se sabe si el ex líder sebio permanecerá en el centro hospitalario o regresará a prisión.
En la apelación, publicada por todos los diarios serbios, Milosevic admitió claramente que los 390 millones de dólares no fueron empleados en beneficio personal, sino para financiar a las milicias nacionalistas serbias que actuaban en Croacia y en Bosnia.
Milosevic afirmó que financió la compra de «armas, municiones y otras necesidades» para las milicias serbo-bosnias y serbo- croatas. «Esos gastos, como secretos de Estado, no podían acreditarse en el presupuesto oficial», sostuvo.
Esta fue la primera vez que Milosevic rompió su silencio sobre la disolución de la antigua federación yugoslava en la década de 1990. Las guerras dejaron un saldo de más de 200.000 personas muertas y tres millones de refugiados.
Mientras los conflictos hacían estragos, Milosevic y su gobierno exponían la teoría de que las minorías serbias de Croacia y Bosnia asumían su autodefensa.
Las guerras en Bosnia y Croacia terminaron con sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional, que destruyeron la economía de Serbia y fueron descritas por Milosevic como una conspiración contra el pueblo serbio.
Nunca antes Milosevic había admitido que Belgrado participó en forma directa en las guerras en Croacia y Bosnia. El ex líder serbio era conocido por operar mediante órdenes verbales o a través de las indicaciones dadas a su más cercano círculo de colaboradores.
«Desde que fue establecido en 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con sede en La Haya, gastó millones de dólares para probar que Milosevic intervino en esas guerras», dijo a IPS un veterano abogado de Belgrado que prefirió mantener su anonimato.
«Ahora lo ha admitido», dijo el abogado. «Es muy peligroso para él, y para todos nosotros. Podríamos terminar pagando por las indemnizaciones de guerra a Croacia y a Bosnia, que están estimadas en más de 50.000 millones de dólares».
Por su parte, el ministro de Justicia de Yugoslavia, Vladan Batic, dijo a la prensa que «la apelación publicada en los diarios es uno de los más pesados legados de la era de Milosevic».
«Este documento vincula directamente a nuestro país con una agresión bélica, lo cual significa que tendremos que pagar por daños de guerra en el futuro», sostuvo Batic.
El Tribunal de La Haya, establecido por la ONU, procesó a Milosevic por las atrocidades cometidas contra la población de origen albanés en Kosovo en 1999 y exige su extradición a La Haya, una medida que pueden impedir las leyes yugoslavas.
Pero los fiscales del Tribunal anunciaron la semana pasada que preparaban nuevas acusaciones contra Milosevic por atrocidades cometidas en Bosnia y Croacia, incluso cargos de genocidio.
La perplejidad por esta declaración pública se superpuso al debate por la forma en que se llevó a cabo el arresto del ex presidente, el 31 de marzo.
«Hubo errores en torno al arresto en sí mismo», admitió el presidente Vojislav Kostunica. «También hubo errores en las acusaciones criminales que llevaron a Milosevic tras las rejas».
El presidente Kostunica comparte la visión de quienes critican la forma en que fue detenido el ex líder serbio y afirman que las acusaciones se reunieron en forma torpe y apresurada, con el único fin de cumplir con las condiciones de Estados Unidos para otorgar un monto de 100 millones de dólares de ayuda al país.
En efecto, el arresto de Milosevic era una condición previa exigida por Washington para aprobar la ayuda económica, que fue votada por el Congreso estadounidense un día después de la detención del ex presidente.
Si bien los países occidentales se congratularon por el arresto, expertos y políticos locales mantienen una postura ambigua sobre el mismo.
Milosevic perdió las elecciones presidenciales del año pasado ante Kostunica, pero se negaba a entregar el mando. El ex presidente, que gobernó Yugoslavia durante 10 años y condujo al país en la guerra de los Balcanes, cedió finalmente el 5 de octubre, en medio de un levantamiento popular.
El único punto de acuerdo unánime entre los funcionarios de gobierno encabezados por el ministro del Interior Dusan Mihajlovic, es que la detención se realizó «de acuerdo con las leyes yugoslavas».
El juez que dirige las investigaciones, Goran Cavlina, puso a Milosevic bajo custodia por 30 días. Las cargos en su contra, que incluyen corrupción y mal uso de fondos públicos, tienen escaso sustento, según algunos expertos en derecho.
«El artículo 26 citado en las acusaciones contra Milosevic es el llamado párrafo de goma», sostuvo Ljubisa Lazarevic, profesor de derecho penal en la Universidad de Belgrado.
«Es tan impreciso que puede ampliarse o contraerse para utilizarlo cuando no hay un acto concreto sobre el que pueda acusarse a alguien», afirmó Lazarevic.
Los defensores de Milosevic y su Partido Socialista de Serbia (PSS) argumentan que el líder es «víctima de una caza de brujas».
«Se hizo todo para complacer a los países occidentales», dijo a IPS Branislav Ivkovic, uno de los principales dirigentes del PSS. «Se está organizando una guerra política contra un verdadero patriota, Milosevic».
El PSS, el ex Partido Comunista que gobernó Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial, organizó a fines de la semana pasada una protesta en el centro de Belgrado contra el arresto de Milosevic, a la que asistieron solamente 3.000 personas.
Pero según algunos expertos en derecho y en política de Belgrado, la apelación de Milosevic podría ser su arma más peligrosa, al constituirse en una línea de defensa diseñada para atacar a la dirigencia yugoslava que ordenó su arresto.
«La confesión de que Milosevic tomó el dinero para ayudar a los serbios que luchaban en las nuevas repúblicas independientes puede ser una apelación al sentimiento nacionalista de sus viejos seguidores que lo abandonaron por las acusaciones de corrupción», dijo el analista político Bratislav Grubacic.
Actualmente hay más de 600.000 refugiados serbios procedentes de Croacia y Bosnia en el territorio serbio.
«Esto puede causar problemas para el nuevo gobierno, si la gente común empieza a preguntar por qué el hombre que ayudó a nuestros hermanos es perseguido por haber prestado esa ayuda», dijo Grubacic. (FIN/IPS/tra-en/vpz/mn/dc/mlm/ip/01
