Los mecanismos de protección de los derechos laborales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) resultaron ineficaces y deben ser más fuertes en el acuerdo sobre el ALCA, urgió hoy el grupo Human Rights Watch.
Los socios del TLC -Canadá, Estados Unidos y México- deberían crear un organismo supervisor independiente para atender reclamos de violaciones a los derechos de los trabajadores, exhortó la organización defensora de los derechos humanos en su último informe, titulado «Negociación y cesión de derechos».
Así mismo, el grupo con sede en Washington instó a los participantes de la Cumbre de las Américas, a celebrarse la semana próxima en la ciudad canadiense de Quebec, a incluir cláusulas que protejan mejor los derechos laborales en el acuerdo sobre el ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas).
En la cumbre de Quebec, del 20 al 22 de este mes, los gobernantes de 34 países americanos fijarán para enero de 2005 el fin de las negociaciones del ALCA, que abarcará a todas las economías del continente desde Alaska hasta Tierra del Fuego, excepto Cuba.
«Los acuerdos laborales del TLC padecen a la vez defectos estructurales y falta de voluntad política», y «ellos son una lección importante para cualquier acuerdo comercial futuro», destacó José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch en América.
«Nuestros estudios demuestran que los acuerdos sobre trabajo nunca funcionan sin el apoyo activo de los países involucrados. En el caso del TLC, los tres países miembros de hecho se esforzaron por minimizar el efecto de esas disposiciones», acusó.
El informe, lanzado días antes de las discusiones de Quebec para tener el mayor efecto posible sobre ellas, también podría afectar el debate en Estados Unidos, mientras el representante comercial de Bush, Robert Zoellick, lucha por diseñar una política que cuente con respaldo mayoritario en el Congreso.
Zoellick ha tratado desde su designación elaborar un proyecto legislativo que otorgue al gobierno autoridad para negociar por la «vía rápida» nuevos acuerdos internacionales de libre comercio, entre ellos el ALCA.
Sin esa autoridad, el Congreso podría modificar los acuerdos negociados por el Poder Ejecutivo, lo cual requeriría la reapertura de las negociaciones.
Pero los legisladores del opositor Partido Demócrata condicionan su respaldo a la vía rápida a la inclusión en todos los nuevos tratados comerciales de normas de protección al ambiente y los derechos laborales, más fuertes que las incluidas en el TLC.
Los demócratas pretenden que todos los futuros acuerdos se basen en un tratado negociado con Jordania en 2000 por el entonces presidente Bill Clinton, actualmente pendiente de ratificación en el Congreso.
Según ese acuerdo, cada país puede imponer al otro sanciones comerciales por violación a las normas laborales nacionales o las establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por otra parte, los legisladores republicanos se oponen férreamente a ese acuerdo, al que consideran un precedente amenazador para el liderazgo de Washington en la promoción del libre comercio, en especial en los mercados emergentes de Asia y América Latina.
Tal como fue concebido y negociado por el ex presidente George Bush padre (1989-1993), el TLC no incluía protección alguna a los derechos laborales, una omisión muy criticada por Clinton durante su exitosa campaña electoral de 1992.
Una vez elegido, Clinton negoció un acuerdo colateral llamado Tratado de Cooperación Laboral de América del Norte, que el Congreso aprobó junto con el TLC a fines de 1993.
Sin embargo, ese acuerdo no estaba destinado a armonizar las normas laborales en los tres países miembros y descartó la creación de tribunales u otros organismos para presentar denuncias por la violación de derechos de los trabajadores.
En cambio, requirió a los signatarios del TLC reconocer una amplia gama de derechos laborales definidos por la OIT, además de aplicar efectivamente sus propias normas laborales.
Además, estableció Oficinas Nacionales Administrativas designadas por los gobiernos de cada país parte para investigar denuncias de incumplimiento con las normas del Tratado de Cooperación Laboral de América del Norte.
En la investigación de esas denuncias, dichas oficinas pueden realizar consultas con sus contrapartes para obtener información sobre casos específicos. Si eso resulta insuficiente, pueden solicitar una reunión de ministros de Trabajo para tratar el problema.
Así mismo, un estado parte puede pedir la formación de una comisión especial de expertos para analizar si existen violaciones sistemáticas que requieran mayor atención.
Para los asuntos que permanezcan sin resolver, los ministros de Trabajo de los tres países también pueden convocar un panel arbitral que realice recomendaciones.
El defecto estructural más importante de este sistema, según el informe de Human Rights Watch, es la falta de un organismo supervisor independiente, concentrado exclusivamente en la protección y promoción de los derechos laborales.
El hecho de que los tres gobiernos controlen el proceso significa que las decisiones tomadas en el marco del Tratado de Cooperación Laboral siempre están subordinadas a las relaciones bilaterales.
Pese a ese defecto estructural básico, ese acuerdo sigue siendo «el vínculo más ambicioso jamás implementado entre el comercio y los derechos de los trabajadores», destaca el informe de 64 páginas.
«Aun con esas limitaciones, el Tratado de Cooperación Laboral tiene el potencial para ser un mecanismo mucho más efectivo en la promoción de los derechos laborales de lo que ha sido hasta la fecha», agrega.
La causa por la que no ha sido más eficaz hasta ahora es su «uso tímido» por parte de los gobiernos, que no han denunciado con suficiente fuerza los abusos, presionado a sus contrapartes para resolver los problemas ni llevado los casos a niveles más altos en los procesos de apelación, sostiene el documento.
Hasta ahora, las Oficinas Nacionales Administrativas han planteado 23 denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores desde la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Cooperación Laboral de América del Norte, 14 de ellas en México, siete en Estados Unidos y dos en Canadá.
Entre las empresas denunciadas están General Electric, Honeywell, Sony, Spring y General Motors, todas las cuales tienen plantas de armado en México, así como la industria de la manzana del estado de Washington, acusada de maltratar a trabajadores inmigrantes mexicanos.
Los abusos denunciados incluyen favoritismo hacia sindicatos controlados por los empleadores, represalias por sindicalización, negación del derecho de negociación colectiva, análisis forzados para la detección del embarazo, y condiciones de trabajo riesgosas para la salud y la vida.
Pese a las numerosas pruebas presentadas y a la gravedad de los abusos, ni una vez se aplicaron sanciones ni se convocó en ninguna ocasión a comisiones de expertos (el tercer paso en el proceso de apelación), según el informe.
Aunque la publicidad de algunos de los casos puso de relieve los problemas, en especial en México, los defectos estructurales y la falta de voluntad política de los gobiernos «representan un duro golpe a los derechos laborales en la región», lamentó Vivanco. (FIN/IPS/tra-en/jl/mlm/lb if/01
