Ecuador llega este año al Día Internacional de los Trabajadores con la mayor ola de emigración de su historia, atribuida al alto desempleo y subempleo provocado por la crisis económica.
Cerca de un millón de ecuatorianos dejaron este país de casi 13 millones de habitantes entre 1999 y 2000, según el oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en lo que constituye una proporción sin parangón en América Latina.
«La profundización de la crisis económica y el alto desempleo de 1999 configuraron un cuadro que tuvo como consecuencia el incremento desmedido del flujo emigratorio», aseguró Johny Cevallos, director del INEC.
Cevallos indicó que 67,1 por ciento de los emigrantes que abandonan el país por razones laborales son mujeres. Ecuador está afectado por un permanente crecimiento del subempleo, que de 56,9 por ciento en 1999 pasó a 65,9 por ciento en 2000, agregó el funcionario.
Una de las paradojas de la alta emigración de mano de obra ecuatoriana en 2000 es que causó una disminución del desempleo, que, según el INEC, descendió de 14,4 por ciento en 1999 a nueve por ciento el año pasado.
Cevallos atribuyó también la disminución de la desocupación a que un sector de la fuerza de trabajo «se ha ocupado en empleos autogenerados».
Sin embargo, algunas investigaciones independientes elevan las cifras oficiales de desempleo a 13 por ciento de la población económicamente activa.
Datos del INEC indican que en la actualidad los desempleados y subempleados suman 74,9 por ciento.
Las largas filas formadas frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar pasaporte y ante la embajada de España en Quito para conseguir visa de ingreso a ese país reflejan el problema de la emigración.
También es grande el movimiento alrededor del cerco que rodea el aeropuerto de Quito, donde cada día se dan cita cientos de personas para despedir a sus familiares.
Organizaciones humanitarias y estadísticas oficiales coinciden en que los ecuatorianos radicados en el exterior llegan a 2,5 millones, la mayoría en Estados Unidos, España e Italia.
Los métodos y las vías utilizadas por los emigrantes de este país para llegar al Norte industrializado son variados, y en muchos casos en forma ilegal.
Esa situación hace que muchos de ellos mueren antes de llegar a destino, como ocurrió con 450 ecuatorianos en América Central en los últimos cinco meses de 2000.
Además, en lo que va de este año fueron capturados 2.978 emigrantes de Ecuador en Guatemala, El Salvador, México y en Estados Unidos, según estadísticas de los consulados ecuatorianos en esos países.
Los apresados pretendían ingresar a territorio estadounidense con la intervención de los denominados «coyotes», personas dedicadas al tráfico humano a cambio de entre 5.000 y 10.000 dólares por cada uno.
María Gaucho, una ecuatoriana que no pudo alcanzar el «sueño americano» al ser apresada en México, donde permanece detenida desde hace dos meses, dice no estar arrepentida por el fracaso de su viaje, pero se muestra preocupada porque va a ser deportada a su país y allí no encontrará trabajo.
Gaucho no sabe cómo podrá pagar a los «chulqueros» (prestamistas) que le prestaron los 10.000 dólares para pagar al «coyote», para lo cual tuvo que hipotecar la casa de su madre.
El cónsul general de Ecuador en México, Fernando Prócel, informó que en los tres primeros meses de este año tramitó 1.872 salvoconductos para repatriar a connacionales, frente a 700 en el mismo lapso de 2000.
Otro lugar recurrente para los ecuatorianos que dejan el país en busca de trabajo es España, donde murieron 12 de ellos en enero, cuando la furgoneta que los trasladaba a su trabajo fue atropellada por un tren en Lorca, Murcia.
Con consecuencia de este accidente fueron sancionados los empleadores de los ecuatorianos, y motivó el despido de muchos trabajadores indocumentados en esa comunidad autónoma del sudeste español.
La semana pasada otro hecho conmovió a la emigración ecuatoriana cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España descubrió en la sureña Huelva, comunidad de Andalucía, un establecimiento de cultivo de fresas que explotaba a más de 100 inmigrantes.
Las autoridades españolas señalaron que esos trabajadores indocumentados, procedentes de Ecuador, Marruecos, Lituania y Rumania, «soportaban una explotación extremadamente penosa», con el pago de salarios atrasados varias semanas y alojados en lugares sin las mínimas condiciones de habitabilidad.
El informe detalló que los inmigrantes no tenían agua potable, y la que había era racionada, tampoco comedores, letrinas ni lugares de aseo y, además, dormían hacinados en módulos de chapa metálica de seis metros cuadrados cada uno sin luz eléctrica ni ventilación.
La nueva Ley de Extranjería española, que entró en vigor el 23 de enero, estableció la deportación de extranjeros sin radicación o permiso de trabajo y fuertes sanciones a los empresarios que los contraten.
La aplicación de la norma provocó movilizaciones de protesta de los inmigrantes, en especial de los ecuatorianos, con marchas multitudinarias y ocupación de iglesias y oficinas públicas en distintas regiones españolas.
Tras las protestas, el entonces ministro de Interior de España, Jaime Mayor Oreja, suscribió con Quito un convenio para regular la permanencia de ecuatorianos en ese país europeo, que en la actualidad superan los 150.000.
El convenio establece que España legalizaría la situación de unos 40.000 ecuatorianos este año y de otros 200.000 en los próximos cinco años.
Para documentar su residencia en territorio español los inmigrantes ecuatorianos deben regresar a su país para tramitarlos en la embajada de Madrid en Quito, mediante un programa de «retorno voluntario».
Las organizaciones de derechos humanos y de emigrantes se manifestaron contrarias al convenio, por entender que no garantiza el regreso a España de todos los emigrantes.
Además, con el promedio de 40.000 documentos anuales, se calcula que en 2001 quedarían sin regularizar su situación más de 100.000 ecuatorianos ya establecidos en ese país.
Informaciones de la embajada española en Ecuador señalan que, de los 24.544 inscriptos en el programa de retorno voluntario, sólo 2.175 regresaron a Ecuador y 649 pudieron sacar su visa.
Los demás emigrantes no podrán regresar a su país si no hacen sus papeles antes del 14 de mayo, fecha límite para aceptar el regreso. Funcionarios de la embajada argumentaron que «85 por ciento de esas personas no tenía una oferta de empleo cierta».
Para Juan Carlos Manzanilla, uno de los fundadores de la Asociación de Emigrantes Ecuatorianos Rumiñahui, el convenio entre España y Ecuador fue contraproducente para los ecuatorianos radicados en aquel país.
«El convenio da un cupo anual de trabajadores que pueden ser acogidos en España, pero se tramitan de acuerdo a la demanda de los empresarios, y las ofertas no alcanzan ni para la mitad de los que están ya en España. Así que acá podemos esperar sentados y esas ofertas nunca van a venir», explicó a IPS.
La Asociación Rumiñahui se fundó hace cinco años para tratar los problemas de los migrantes en España.
«La idea fue orientarlos, acogerlos cuando llegaban, muy golpeados psicológicamente, darles asesoría técnica, jurídica y, en lo posible, conseguirles puestos de trabajo vía contratación directa», narró.
Manzanilla, licenciado en periodismo en la Facultad de Comunicación Social de Quito, emigró a España por falta de empleo y en ese país se dedicó a trabajar en pintura y albañilería.
«Lo que produjo la aparición del inmigrante como nuevo sujeto social es la Ley de Extranjería, y la restricción de derechos y la imposición generó una gran oposición. Además, el accidente de Lorca removió la conciencia internacional», argumentó Manzanilla.
El dirigente de la asociación aseguró que la situación de los «sin papeles» ecuatorianos es penosa.
«Hay españoles que todavía los mantienen en el trabajo, incluso en calidad de irregulares. Pero muchos han quedado sin empleo y están hacinados en iglesias o albergues, casi en calidad de mendigos. Lo importante es buscar figuras legales que permitan a la gente seguir trabajando», agregó.
Para la Asociación Rumiñahui es mejor tener un trabajo en España, «aunque sea ilegal», que ninguno en Ecuador, lo cual ha sido criticado como una posición permisiva con un sistema de explotación de mano de obra barata.
Según Manzanilla, se mitifica el trabajo con papeles, porque solo hay empleo para peones, pues no hay oferta de mejor categoría.
«Con los papeles el migrante no está asegurado, porque los permisos de trabajo están sujetos a la aprobación anual y, en todo caso, la gente prefiere ser explotada allá y comer, que serlo aquí, donde el sueldo, cuando hay trabajo, no alcanza para vivir», concluyó.
La emigración masiva ha producido también un fenómeno económico particular, porque los residentes en el exterior envían a Ecuador más de 1.200 millones de dólares al año, constituyéndose em 2000 en la segunda fuente de divisas, sólo superada por la exportación de petróleo. (FIN/FIN/kl/dm/lb hd/01
