Organismos del gobierno de Sudáfrica avanzan en la investigación de denuncias de corrupción vinculadas con la compra en 1999 de armamentos por valor de más de 5.300 millones de dólares, la mayor tras el fin del régimen racista del apartheid hace seis años.
Tres organismos estatales investigan a firmas, organismos estatales e individuos sospechosos, y prometieron que a fines de julio presentarán al parlamento pruebas de que se cometieron delitos, en su primer comunicado de prensa desde que se hicieron cargo del caso.
Sin embargo, todo indica que el negocio de compra de nuevos submarinos y aviones de combate no será cancelado.
Meses después de esa compra, opositores a la operación comenzaron a afirmar que integrantes del gobierno habían sido sobornados para asegurar la concreción del negocio, y el año pasado el parlamento dispuso una investigación del asunto.
Los responsables de esa investigación son el director de la Fiscalía Nacional, Bulelani Ngcuka, el defensor del pueblo, Selby Baqwa, y el auditor general, Shauket Fakie.
Las autoridades excluyeron del caso al juez Willem Heath, de la Unidad de investigaciones Especiales, quien había sido en los últimos tiempos el principal investigador de casos de corrupción.
Hace dos semanas, el periódico Sunday Times dio a conocer resultados de una investigación propia que involucraron en el escándalo al jefe de la bancada parlamentaria del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC, por su sigla en inglés), Tony Yengeni.
El Sunday Times señaló que Yengeni había recibido un automóvil Mercedes Bez ML320 con tracción en sus cuatro ruedas como obsequio de la firma Daimler Chrysler Aerospace, integrante de un consorcio que ganó la licitación de un subcontrato en la compra de armas para proveer equipos de radar.
El automóvil estuvo registrado durante siete meses como propiedad de Daimler Chrysler Aerospace, hasta que circuló en el parlamento el rumor de que ese vehículo era utilizado por Yengeni, quien lo había recibido como soborno, y sólo entonces el legislador lo registró y lo aseguró a su nombre.
Yengeni asegura que es inocente, y que tanto él como el ANC son víctimas de una «caza de brujas».
El partido gobernante apoyó al comienzo la iniciativa de investigar la compra de armas, pero en febrero Yengeni dispuso que el legislador del ANC Andrew Feinstein dejara de integrar la Comisión Permanente de Cuentas Públicas del parlamento, que había planteado dudas sobre el negocio.
Yengeni decidió que Feinstein fuera reemplazado en esa comisión por varios destacados integrantes del ANC, a quienes instruyó para que defendieran la tesis de que la compra de armas había sido irreprochable y fue «mal comprendida» por Ngcuka.
El auditor general confirmó que el organismo que dirige comenzó a investigar acusaciones contra Yengeni varios meses antes de que el Sunday Times publicara su informe, y medios de prensa aseguraron que se investiga a otros cuatro destacados dirigentes del ANC por acusaciones de corrupción relacionadas con la compra de armas.
La investigación oficial se había mantenido en total reserva hasta el comunicado de prensa de Baqwa, Fakie y Ngcuka, emitido para responder a la creciente demanda de los medios de comunicación.
Los periodistas temían que la evidente oposición a la investigación por parte del Poder Ejecutivo significara que los 30 funcionarios asignados al caso, en régimen de dedicación completa, no tendrían posibilidades de actuar con eficacia.
Fakie señaló que los investigadores necesitan «un poco de tiempo y de espacio», pero reveló que 68 «entidades», entre ellas compañías, organismos estatales e individuos están bajo investigación por corrupción y conflicto de intereses públicos y privados.
Sin embargo, tanto él como Ngcuka dijeron que no hay evidencia de que el conjunto de la operación de compra de armamentos haya sido consecuencia de esos delitos.
Parte del trabajo ha sido encomendado a tres firmas privadas, el presupuesto disponible para la investigación es suficiente, y hay recursos económicos disponibles si fuera necesario emplearlos, explicó Fakie.
Ngcuka opinó que es «probable» que los resultados de la investigación conduzcan a procesos penales, pero Fakie apuntó que es crucial determinar si la corrupción y el conflicto de intereses tuvieron consecuencias en la aprobación de la compra de armas por parte del gobierno. (FIN/IPS/tra-eng/fk/mn/mp/ip if/01
