La difusión de un vídeo que involucra a los jefes de las Fuerzas Armadas de Perú en presuntas actividades contra las instituciones aumentó la tensión política previo a las elecciones de este domingo.
La grabación, que compromete a los mandos militares y a otros 400 oficiales en actividad, provocó una severa crisis y pone en aprietos al presidente Valentín Paniagua, quien ha insistido que no contemplará ninguna irregularidad en las fuerzas castrenses
La denuncia afectó el clima político cuando 15 millones de peruanos se aprestan a concurrir a las urnas este domingo para elegir al presidente, a dos vicepresidentes y 120 miembros del Congreso legislativo, que representarán a 25 departamentos.
Las últimas encuestas ubican en primer lugar en la competencia a la Presidencia al economista neoliberal Alejandro Toledo, pero nadie se atreve a asegurar que superará el 50 por ciento de los votos para ganar en la primera vuelta ni quién será su competidor en una eventual segunda ronda.
Detrás de Toledo aparecen la socialcrisitana Lourdes Flores y el ex presidente Alan García, candidato del socialdemócrata Partido Aprista.
El vídeo divulgado el viernes registra una reunión secreta realizada el 13 de marzo de 1999 entre los militares y Vladimiro Montesinos, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del depuesto gobierno de Alberto Fujimori.
Las imágenes muestran a los oficiales al parecer firmando un documento en el que se comprometen a defender la decisión de Fujimori, del 5 de abril de 1992, de disolver el Congreso, así como la llamada ley de Amnistía, que concedió impunidad a militares acusados de violar los derechos humanos.
Si bien el documento suscrito por los oficiales castrenses no menciona el respaldo a la segunda reelección de Fujimori, cuya campaña comenzaba en ese momento, la intención de apoyarla es considerada obvia por los observadores políticos.
Paniagua, tras asumir la Presidencia en noviembre del año pasado, renovó los mandos militares con la declarada intención de desmontar la red de apoyo a Fujimori, quien reside en Japón desde que en esa fecha fuera destituido por el Congreso.
En el marco de las investigaciones sobre corrupción, enriquecimiento ilícito en la compra de armas, apoyo al narcotráfico y abusos de autoridad el gobierno dispuso el cese de los comandantes generales de las 13 regiones militares, así como de otros 36 generales y almirantes.
Varios de los oficiales acusados de apoyo al narcotráfico y otros delitos comunes se encuentran detenidos por orden la justicia, entre ellos se cuenta el ex comandante general del Comando Conjunto, general Nicolas de Bari Hermoza. Otros denunciados aún continúan prófugos.
El vídeo exhibido ahora muestra a casi todos los generales y almirantes en situación de mando en la actualidad.
El Consejo de Ministros del gobierno de Paniagua informó el viernes que pidió a la Procuraduría de la República que promueva las acciones penales que considere aplicables a los generales firmantes del compromiso revelado en el vídeo.
Ese episodio habría constituido un abuso del concepto castrense de la llamada «obediencia debida» y contrariado la norma constitucional que establece que «las Fuerzas Armadas y la policía no son deliberantes», es decir que deben limitarse a acatar las decisiones del gobierno.
El encargo a la Procuraduría de determinar si la firma del acta de compromiso político anticonstitucional constituye o no un delito podría considerarse un aplazamiento de la decisión a adoptarse.
Algunos políticos consideran que se abre la oportunidad para iniciar una depuración en entre los jefes castrenses, para eliminar las presuntas tendencias antidemocráticas que subsistan en su seno.
«Este es un momento antes inconcebible. Los mandos militares están desmoralizados, con el rabo entre las piernas, y es la oportunidad para reorganizar a las fuerzas armadas para que nunca retorne su prepotencia política y su proclividad a los golpes de Estado», señaló el ex parlamentario Manuel Benza.
Sin embargo, otros analistas consideran que la exhibición del vídeo, remitido al Congreso legislativo por la Fiscalía que analiza el material encontrado en el SIN, fue tal vez inoportuna en un momento preelectoral.
«Paniagua ha sido colocado contra la pared, ya que debe proseguir la depuración institucional que inició al asumir el cargo en noviembre, lo cual podría provocar una crisis muy grave, o hacer la vista gorda y debilitar su poder», indicó la abogada constitucionalista Elena Silva Ramírez.
Por su parte, la periodista Rafaella León opinó que la difusión del vídeo no sólo es conveniente sino que es probablemente «una estupenda estrategia del presidente del Congreso, Carlos Ferrero, para favorecer a Toledo, líder de su partido.
Ferrero declaró este sábado que los actuales comandantes generales de las Fuerzas Armadas «deben ser cesados de inmediato, para ser reemplazados por oficiales que no hayan participado en decisiones políticas anticonstitucionales y dañinas»
«Sin embargo, no creo que deberían darse de baja a todos los firmantes, porque nos quedaríamos sin oficiales de alta graduación. Parece que firmaron bajo coacción, y en todo caso ese es un asunto que hay que estudiar con detenimiento, pues no hay apuro para ello», concluyó.
Toledo rehusó pronunciarse, al señalar que «ese es un problema que está en manos del presidente Paniagua».
En tanto, García y Flores coincidieron en que «deben renunciar los comandantes generales Carlos Tafur, del Ejército, y Pablo Carbone, de la Fuerza Aérea». (FIN/IPS/al/dm/ip/01
