El parlamento mexicano tiene ahora en sus manos la responsabilidad de rescatar de costumbres centenarias a las mujeres indígenas, atrapadas en una doble discriminación, de género y étnica.
El Congreso legislativo incorporó al texto de la reforma constitucional en debate sobre los derechos de los 10 millones de indígenas de México una propuesta tendiente a erradicar los rasgos culturales perjudiciales para las mujeres.
El Instituto Nacional de la Mujer afinó mecanismos que permitan el cumplimiento de las garantías de las niñas y mujeres indígenas, dijo a IPS la directora del organismo, Patricia Espinosa.
Tras intensas negociaciones, los legisladores de todos los partidos políticos elaboran el proyecto definitivo que contendrá los principios por los que el guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) empuñó las armas hace siete años en el estado meridional de Chiapas.
La ley se apoyará en los Acuerdos de San Andrés, alcanzados entre el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y los rebeldes y que trascienden las particularidades de los indígenas tzotziles, tzeltales y choles, entre otros que habitan en Chiapas.
Aunque esos acuerdos sientan las bases para una nueva relación entre las comunidades indígenas y el Estado y con el resto de la sociedad, «no mencionan asuntos sobre niñas, niños y adolescentes y omiten los problemas de la equidad de género», explicó Espinosa.
La nueva ley debe garantizar el respeto a los derechos de las mujeres para «rescatarlas de usos y costumbres que les han impedido ser dueñas de la tierra que labran, poseer títulos de propiedad, acceder al crédito o aspirar a cargos de autoridad», señaló la funcionaria.
Cerca de 30 por ciento de los indígenas mexicanos son analfabetas, porcentaje que asciende a 48 en el caso de las mujeres.
«Es imposible lograr comunidades estables sin la participación plena y justa de sus mujeres, por lo que el planteamiento debe ir más allá de la sola aprobación de la ley. Es indispensable establecer mecanismos jurídicos internos (de los estados) y a nivel federal para asistir a las mujeres», señaló.
Las desventajas en la organización social tradicional repercutieron en el propio desarrollo de las indígenas, «y ese fue el origen de la rebelión de las mujeres zapatistas», dijo Espinosa.
Las mujeres indígenas, que constituyen el grupo social más marginado de México por la doble discriminación que sufren, «emprendieron la dura batalla de obtener la igualdad dentro de sus comunidades», agregó.
Una muestra de esa lucha «fue la voz de la comandante Esther, quien habló al país y al mundo desde la máxima tribuna del Poder Legislativo» el 28 de marzo pasado, en representación del EZLN.
Por primera vez en la historia legislativa del país, las filas delanteras del Palacio Legislativo fueron ocupadas por representantes de las comunidades indígenas, en calidad de invitados especiales, mientras comandantes zapatistas encapuchados hacían uso de la palabra.
El mensaje central del EZLN en ese acto sin precedente, reclamado por la organización guerrillera para demandar el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, fue pronunciado por una mujer pobre, indígena y zapatista, y no, como se esperaba, por el líder del grupo, el subcomandante Marcos.
Sin omitir aspectos de la «dura situación» de «dolor, olvido, desprecio y opresión» que sufren las indígenas, la comandante Esther expuso la carencia de servicios y los sufrimientos que deben afrontar debido a la pobreza.
La proporción nacional de viviendas sin electricidad alcanza 12,9 por ciento, pero se eleva a 51,6 por ciento en las comunidades indígenas, donde 68,3 por ciento de las viviendas carecen de agua potable, 90,4 por ciento de drenaje y 76,4 por ciento tienen piso de tierra.
Mientras, los porcentajes nacionales son 20,9 para las viviendas sin agua potable, 21,4 sin saneamiento y 20,9 con piso de tierra.
«Las mujeres indígenas no tenemos buena alimentación, ni vivienda digna, ni servicios de salud, ni estudios», y por eso «nos decidimos a organizarnos para luchar como mujeres zapatistas y cambiar nuestra situación», dijo Esther.
Ahora «necesitamos que se reconozca nuestra lucha en las leyes», pues «nosotras sabemos cuáles usos y costumbres son buenos y cuáles son malos», dijo la jefa zapatista ante los legisladores.
«Malo es pegar y golpear a la mujer, venderla y comprarla, casarla a la fuerza sin que ella quiera, que no pueda participar en asambleas, que no pueda salir de su casa», afirmó Esther.
Antes del 1 de enero de 1994, cuando el EZLN declaró la guerra al gobierno de México, ya se escuchaban las demandas de las mujeres indígenas, pero luego del levantamiento se conoció en todo el país la Ley Revolucionaria de Mujeres impuesta por los zapatistas en sus organizaciones.
Esa ley contempla el derecho de las mujeres, sin importar raza, credo, color o filiación política, a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.
Son parte fundamental de esa ley el reconocimiento de los derechos a trabajar y recibir un salario justo, a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar, a participar en asuntos comunitarios y a ejercer cargos públicos, a recibir educación, atención médica y alimentación.
Esas demandas fueron recogidas en el proyecto de ley que discute el Congreso mexicano, pero «con lagunas en cuanto a los mecanismos para hacer efectivos esos derechos», precisó Espinosa.
El acceso y control equitativo de hombres y mujeres sobre los medios de producción debe ser impuesto en el marco de la autonomía que exigen los pueblos indígenas, afirmó.
La lucha por una distribución de la tierra en igualdad de condiciones para mujeres y para hombres permitirá a ellas ampliar las posibilidades de acceso al crédito y a otras garantías, dijo la funcionaria.
En un contexto social de grandes cambios, el sentido original de algunas prácticas tradicionales perdió su propia naturaleza. «Un ejemplo claro es la migración de los jornaleros indígenas, cuyas obligaciones fueron asumidas por las mujeres», recordó.
Además del trabajo doméstico, las indígenas efectúan labores agrícolas, mientras siguen atendiendo a los hijos en condiciones que las obligan, por ejemplo, a acarrear agua y recoger leña, explicó Espinosa.
El proyecto de ley reconoce los derechos colectivos de las etnias, «pero debe apuntalar los asuntos de género, mencionando las particularidades de edad con el fin de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes», agregó.
Las niñas indígenas desempeñan tareas domésticas desde muy temprana edad. Así, cuidan a sus hermanos pequeños y empiezan a realizar algunos trabajos artesanales o en el campo, y «siempre que sea posible, van a la escuela», dijo Espinosa.
De esa manera se crean las condiciones para que las indígenas sean ofrecidas en matrimonio desde los 13 años y que a partir de los 16 empiecen la larga etapa de procreación, entre 12 y 15 embarazos, añadió.
Además de acabar con la práctica de imponer marido, la ley debe reconocer el derecho a la herencia de las mujeres, que cumplen la doble función de reproductoras y responsables de conservar la fuerza de trabajo a través de la crianza de los hijos, dijo.
En su papel de depositarias de la cultura, las mujeres transmiten, preservan y revitalizan los rasgos tradicionales de su grupo indígena. Pero ahora «queremos que sea reconocida nuestra forma de vestir, de hablar, de rezar, de curar y de entender la vida», declaró Esther.
El desafío es asegurar mecanismos para que las mujeres de cada pueblo o comunidad vean respetada su dignidad, compartiendo con el hombre el trabajo en la casa y en el campo, y, en su calidad de preservadoras de la cultura, adquiriendo conocimientos por medio de la capacitación, señaló Espinosa.
La historiadora Patricia Galeana recordó que en muchos pueblos las niñas suelen ser menospreciadas, ya que «se celebra más el nacimiento de un varón que el de una mujer».
Algunas comunidades tienen por tradición enterrar en el monte el cordón umbilical de los niños, un símbolo del papel de los hombres en la búsqueda del sustento familiar, explicó Galeana.
En cambio, el cordón umbilical de la niña debe permanecer en el fogón como emblema de que ahí se quedará para servir a todos los miembros de la familia, indicó la experta (FIN/IPS/pf/mj/hd/01
