El gobierno de Filipinas presentó hoy ocho cargos de corrupción y desfalco contra el ex presidente Joseph Estrada y su esposa, un día después de que la Corte Suprema rechazara su reclamo de inmunidad.
La presentación de las acusaciones se produjo dos meses y medio después de la expulsión de Estrada del poder por un levantamiento popular, el 20 de enero.
Aniano Desierto, defensor del pueblo, se apresuró a formular la demanda debido a la «enorme presión pública», explicó Marichu Lambino, del Centro Jurídico de Interés Público, que trabajó en el caso.
Por su parte, Estrada consideró los cargos «fabricados» y dijo que los enfrentaría.
«Dejaré mi destino en manos de Dios. El pueblo tendrá la palabra final, y no la Corte Suprema, porque fue el pueblo el que me eligió», declaró el ex mandatario a un canal de televisión.
Aunque la acción judicial de este miércoles representa una gran amenaza para Estrada, acusado de robar 81,6 millones de dólares del dinero público, pocos de sus críticos creen que sea detenido y juzgado a corto plazo.
Muchos temen que Estrada intente huir del país, aunque reiteró este miércoles que no tiene intenciones de abandonar Filipinas y tiene prohibido vijar al exterior, al igual que su esposa Loi y su hijo mayor.
Según las leyes filipinas, el delito de desfalco no admite libertad bajo fianza y puede ser castigado con la pena de muerte.
«Un presidente derrocado que robó dinero a su pueblo debería ser arrestado, juzgado y castigado», dijo Teddy Casino, del grupo de izquierda Nueva Alianza Nacionalista.
Sin embargo, los partidarios de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, unidos en la Coalición del Poder del Pueblo, coinciden en que detener a Estrada en medio de la campaña para las elecciones parlamentarias y locales del 14 de mayo podría perjudicar a los candidatos de ese movimiento.
Igualmente, «encarcelar a Estrada desataría una ola de solidaridad, no sólo hacia él sino también hacia sus candidatos al Senado», opinó la senadora Miriam Defensor-Santiago, partidaria del ex presidente.
El partido de Estrada, llamado Poder de las Masas, ha recogido candidatos de distintos grupos políticos, y su propia esposa es candidata al Senado.
La elección de mayo es considerada una competencia política entre las fuerzas de Estrada, quien dice gozar de masivo apoyo público pese a su derrocamiento, y la presidenta Arroyo, a quien la victoria de sus candidatos agregaría legitimidad.
Más allá de estos factores, los filipinos sólo deben recordar lo díficil que fue llevar a la justicia a la familia del difunto dictador Ferdinand Marcos (para no mencionar la recuperación de los miles de millones de dólares que presuntamente robó durante su gobierno, de 1965 a 1986), para concluir que el juicio a Estrada puede no ser mucho más fácil.
Quince años después de la expulsión de Marcos por un levantamiento popular, los filipinos aún no han recuperado el dinero público sustraído por él y su familia, estimado entre 5.000 y 10.000 millones de dólares.
Hasta ahora, el gobierno sólo ha podido recuperar 590 millones de dólares, que permanecen depositados en el Banco Nacional de Filipinas.
La búsqueda de la fortuna de los Marcos está muy lejos de terminar. En marzo, el diario de lengua inglesa The Philippine Daily Inquirer informó que Irene Araneta, una hija del dictador, intentó transferir 13.200 millones de dólares de un banco suizo a una cuenta que ella y su esposo habían abierto en Alemania.
Arroyo reaccionó ordenando a la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno investigar el asunto, pero enfrenta una creciente presión para tomar medidas más enérgicas, dado que la fortuna de los Marcos e inmensamente mayor que la de Estrada. (FIN/IPS/tra-en/ms/js/mlm/ip/01
