El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no tomará medidas contra el régimen de Sudán pese a la fuerte presión de grupos de la sociedad civil y el propio Congreso, revelaron fuentes gubernamentales a IPS.
Una campaña de gran repercusión pública en la que coinciden parlamentarios republicanos y demócratas, líderes religiosos y activistas por los derechos humanos, reclama al gobierno medidas contra el régimen de Sudán, envuelto en una guerra civil que algunos califican de «genocida».
Sin embargo, la cautela fue el tono dominante en las decisiones de Bush, que se limitó a liberar una parte de los 10 millones de dólares en ayuda a Sudán aprobados por el Congreso el año pasado.
Esos fondos están destinados al apoyo técnico y político de grupos no armados que actúan en el sur de Sudán, zona bajo control del rebelde Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM).
El gobierno estadounidense tampoco prevé nombrar un nuevo embajador en Jartum, capital de Sudán, ni un enviado especial del presidente Bush -tal como reclaman líderes religiosos y de derechos humanos en Washington-, si bien decidió incrementar la presencia diplomática en la embajada en Sudán.
Tras 18 años de guerra, el gobierno del Frente Nacional Islámico pretende crear un estado musulmán en Sudán e imponer la sharia (ley islámica) en todo el territorio, también en el sur del país, donde predomina la población negra que practica religiones africanas tradicionales y el cristianismo.
El movimiento estadounidense en favor de nuevas medidas en el país africano considera que sólo con un creciente compromiso de Estados Unidos en ese país se podría poner fin a la guerra que ya causó la muerte de más de dos millones de personas.
En el conflicto sudanés también hay factores económicos. El padecimiento de los habitantes del sur se agrava por la permanente extensión hacia esa zona del país de las operaciones de perforación y extracción de petróleo, a cargo de la empresa petrolera estatal y sus socios extranjeros.
Entre esas compañías se encuentran Petrochina, Talisman Energy, de Canadá, Petronas, de Malasia, varias empresas europeas como la sueca Lundin Oil, la austríaca OMV-Sudán, la italiana Agip y las francesas Elf-Aquitaine y Total Fina.
Según informes de organizaciones no gubernamentales, el gobierno sudanés aplica una política de tierra arrasada en las decenas de miles de hectáreas que rodean cada nueva pozo de petróleo, bombardeando a los habitantes de la región para obligarlos a huir más al sur.
El gobierno islámico cuenta con un suministro permanente de armamento -como una flota de helicópteros de combate- adquirido con parte de los 500 millones de dólares que dejaron al país las exportaciones de petróleo del año pasado, afirmaron expertos de Washington.
La campaña en favor del nombramiento de un enviado especial de Estados Unidos maneja los nombres de varios candidatos, como el ex embajador ante la ONU Richard Holbrooke, el ex presidente Jimmy Carter, el ex senador demócrata Sam Nunn y el ex representante republicano Tom Campbell.
Pero fuentes gubernamentales dijeron a IPS que el gobierno «quiere en primer lugar conocer el terreno». En efecto, Walter Kansteiner III -elegido por el presidente Bush como asistente del secretario de Estado para Asuntos Africanos- ni siquiera asumió el cargo y tampoco fueron nombrados sus colaboradores.
La precaución oficial contrasta con la presión ejercida en el Congreso por parte de la Iglesia Católica y los grupos humanitarios para adoptar medidas contra Jartum, e incluso con declaraciones públicas de los gobernantes.
El propio Bush ya se refirió en dos ocasiones al sufrimiento del pueblo sudanés, y el secretario de Estado Colin Powell sostuvo que «quizás no haya hoy tragedia más grande en la faz de la Tierra» ante una audiencia de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, a principios de marzo.
Sin embargo, estas afirmaciones «son relaciones públicas más que política», comentó una fuente.
En efecto, tres semanas después de la audiencia, los principales actores del gobierno, entre ellos el secretario de Estado Powell y la asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, revisaron la política nacional con Sudán, confirmaron fuentes oficiales a IPS.
Los «principios» de dicha política, de acuerdo con las fuentes, consisten en no alterar por ahora la postura del gobierno del ex presidente Bill Clinton, reiniciar el diálogo bilateral con Sudán sobre su supuesto apoyo al terrorismo internacional y liberar la ayuda de 10 millones de dólares.
No está claro por cuánto tiempo el gobierno de Bush podrá mantener esta postura relativamente pasiva. El interés público por Sudán se multiplicó el año pasado gracias a la poderosa campaña de difusión masiva encabezada por grupos de misioneros cristianos y por las iglesias afro-estadounidenses.
Se produjo incluso una inusual alianza de legisladores identificados con la Derecha Cristiana del Partido Republicano y miembros de la Asamblea de Congresistas Demócratas Negros.
El reverendo Franklin Graham -hijo del famoso predicador televisivo Billy Graham y amigo personal del presidente Bush- ya hizo célebre una plegaria por la población del sur de Sudán, en su mayoría cristiana.
Los principales líderes religiosos negros, Jesse Jackson y Al Sharpton, anunciaron sendos viajes a la región en las próximas semanas para lograr mayor atención pública sobre el tema.
El 28 de marzo, al declarar ante una nutrida audiencia pública, varios testigos identificados con estos grupos reclamaron al gobierno estadounidense medidas mucho más fuertes contra Jartum.
Michael Young, en representación de la cuasi oficial Comisión Estadounidense sobre la Libertad Religiosa Internacional, acusó a Sudán de «atroces violaciones a los derechos humanos».
Young mencionó «bombardeos contra objetivos civiles y humanitarios, secuestros con fines de esclavitud a cargo de milicias paramilitares, y manipulación de la asistencia humanitaria como un arma de guerra».
El dirigente reclamó el nombramiento de «una figura nacional prominente, que goce de la confianza y el apoyo del presidente Bush», con responsabilidad exclusiva para negociar en nombre de Washington en Sudán y solicitó más ayuda a la población del sur y a la oposición política al régimen.
Durante la audiencia también se reclamó el lanzamiento de una iniciativa diplomática para presionar internacionalmente a Jartum, así como un endurecimiento del actual embargo comercial contra el país.
Young pidió a Washington que impida el acceso a los mercados de capital estadounidense de las compañías extranjeras involucradas en la explotación de petróleo de Sudán, una opción posible según una orden firmada por el ex presidente Clinton.
Si bien la industria petrolera estadounidense tiene poco interés en Sudán, el gobierno se opone a una medida semejante, que violentaría sus principios de libre mercado y crearía un peligroso procedente.
Al reclamar durante la audiencia la declaración de una zona de exclusión de vuelos en el sur de Sudán para los aviones del régimen, Young y otros religiosos sostuvieron que los ataques pueden calificarse de «genocidio».
Si esa conclusión fuera adoptada formalmente por el gobierno, justificaría una intervención unilateral de Estados Unidos en la guerra. Hasta ahora, Washington se ha limitado a calificar algunas acciones del régimen sudanés como «genocidas». (FIN/IPS/tra-en/jl/da/dc/mlm/ip hd/01
