Unos 500 grupos de 100 países exigieron esta semana al Banco Mundial la publicación de documentos relativos a políticas económicas de países en desarrollo, en el marco de las reuniones anuales de primavera de esa institución y el Fondo Monetario Internacional (26-30 de abril).
Las organizaciones dirigieron una carta a la vicepresidenta de operaciones del Banco, Joanne Salop, en un esfuerzo por llamar la atención hacia las omisiones de la agencia financiera multilateral en su política de información pública, actualmente sometida a revisión.
«Si dependiera de nosotros, los publicaríamos todos», dijo el presidente del Banco, James Wolfensohn, pero «los países involucrados deben estar de acuerdo, porque son sus documentos».
«Hace cinco años, no se publicaba ninguno, y ahora se publican 85 por ciento», destacó Wolfensohn.
«Dennos un poco de tiempo… No podemos exigir a nuestros clientes que hagan cosas que no desean hacer, pero nos estamos esforzando por alcanzar la transparencia total», agregó.
Sin embargo, Wolfensohn no pudo responder por qué, si el Banco está tan comprometido con la transparencia, no publica documentos claves que técnicamente le pertenecen, como los memorandos que establecen las condiciones de préstamo.
El contenido de algunos memorandos filtrados ilustra por qué permanecen en secreto.
Uno de ellos, fechado en diciembre de 2000 y destinado a Moldavia, reveló que varios gobiernos de ese país fueron obligados a aplicar medidas impopulares como la privatización de granjas y de la energía, el recorte de subsidios y otros programas de ayuda social, y el cierre de 63 hospitales locales.
Dos gobiernos cayeron en Moldavia porque no lograron reunir el suficiente apoyo político para aplicar esas recomendaciones.
Lo preocupante es que, «según las políticas del Banco, documentos clave sobre ajustes permanecen en secreto aún después del acuerdo sobre el préstamo», señaló Phil Twyford, de la organización humanitaria británica Oxfam Internacional.
El proyecto de política de información no garantiza la publicación de documentos relacionados con los programas de ajuste estructural y sectorial, aunque esta área se relacionó con 63 por ciento de los créditos del Banco en 1999.
«Según la política propuesta, el público continuará excluido de hecho de la participación en las operaciones de préstamo del Banco Mundial», advierte la carta a Salop.
La carta está firmada, entre otros grupos, por la Asociación Armenia para el Desarrollo Sustentable, el Centro Caribeño de Políticas para el Desarrollo, Action Aid Burundi y la Coalición contra la Deuda, de Indonesia.
«Los programas de ajuste estructural suelen ser negociados a puertas cerradas, excluyendo a ministros y parlamentarios. Sin embargo, luego se les pide a los legisladores que aprueben los préstamos, sin acceso a documentación básica, y a los ministros que los apliquen», afirma la carta.
Por ejemplo, en 1999 el parlamento de Brasil sólo pudo obtener una copia filtrada de un documento que informaba sobre algunas de las medidas económicas a adoptar, acusa la carta de los activistas.
Además, incluso documentos menos sensibles sólo están disponibles en inglés en un país que habla portugués, señaló Kjeld Jakobsen, de la Unión Central de Trabajadores de Brasil.
Varias organizaciones hacen campaña para que documentos como las evaluaciones de impacto ambiental y los planes de reasentamiento sean publicados en las lenguas de los pueblos involucrados.
El Banco Mundial solicitó el año pasado sugerencias externas para elaborar su nueva política de información pública, que pretende aprobar antes de julio.
Desde entonces, el Banco ha sido inundado de cartas con recomendaciones de activistas, grupos como la Federación Internacional de Periodistas y aun miembros del Congreso de Estados Unidos, país que tiene 18 por ciento de las acciones de la institución. (FIN/IPS/tra-en/gm/da/mlm/dv/01
