Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Gran Bretaña lanzaron una campaña contra el otorgamiento de cupones para gastos básicos, en vez de dinero, a solicitantes de asilo en el país, que consideran humillante y discriminatorio.
«Trabajaremos con otras organizaciones para que esa práctica injusta sea abolida», dijo a IPS un portavoz de la ONG humanitaria Oxfam en el lanzamiento de la campaña, realizado con ocasión del primer año de vigencia del sistema, establecido por el gobernante Partido Laborista.
«El sistema de cupones discrimina en forma evidente a algunas de las personas más pobres y vulnerables de nuestra sociedad», señaló la semana pasada en un comunicado Phil Bloomer, integrante de Oxfam.
«Se trata de un régimen injusto que aumenta la pobreza, al condenar a las personas a vivir con cinco libras (unos 7,5 dólares) por día», que ni siquiera reciben en efectivo, explicó.
Quienes pagan con cupones ni siquiera pueden recibir efectivo cuando realizan compras por un valor inferior al de un cupón.
Oxfam realizó en diciembre un estudio sobre penurias causadas por el sistema, junto con el Sindicato de Transportistas y Trabajadores en General (TGWU, por su sigla en inglés), la mayor confederación sindical del país, y con el Consejo de Refugiados, a partir de información aportada por otras 50 ONG.
Todas esas ONG menos una aseguraron que el escaso valor de los cupones no permitía que los solicitantes de asilo con los cuales trabajan compraran leche para bebés, pañales y zapatos, 48 de las 50 que no les permitía adquirir otros bienes esenciales, y 41 que no les permitía comprar suficiente comida.
Treinta y cinco de las ONG afirmaron que conocían a solicitantes de asilo que padecían hambre. Tambieron fueron 35 las que informaron sobre casos de ansiedad y trastornos psiquiátricos, y las que sostuvieron que habían recibido quejas de mal trato en tiendas que aceptan pago con cupones.
Treinta y uno de los grupos que aportaron información se refirieron a quejas solicitantes de asilo por hostilidad de otros compradores en esas tiendas.
El sistema de cupones es «degradante», afirmó Michael Portillo, dirigente del opositor Partido Conservador. Sin embargo, ese partido anuló en 1996, cuando gobernaba, todo apoyo monetario y de provisión de vivienda a refugiados que no tuvieran una solicitud formal de asilo aprobada.
Luego los laboristas anunciaron en 1998, desde el gobierno, su intención de «eliminar el acceso de los solicitantes de asilo al sistema de seguridad social, disminuir al mínimo su percepción de subsidios en efectivo y reducir la carga que representan para autoridades locales».
El Servicio Nacional de Apoyo al Asilo (NASS, por su sigla en inglés), creado por el gobierno laborista, estableció en abril de 2000 el actual sistema de cupones.
«Queremos abolir ese sistema, o por lo menos establecer que todos los cupones se puedan canjear por dinero, para que los solicitantes de asilo puedan realizar compras en tiendas que ofrecen a precios accesibles los bienes que necesitan», dijo Simon Hughes, legislador del Partido Liberal Demócrata.
En septiembre, tras críticas al NASS, la responsable de inmigraciones del Ministerio del Interior, Barbara Roche, anunció que se revisaría el régimen de cupones.
Ese ministerio informó que Roche había visitado varios supermercados para ver cómo funcionaba el sistema, pero no indicó cuáles fueron sus conclusiones, ni ha adoptado iniciativas para cambiar el régimen vigente.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, organismo de la Unión Europea (UE), afirmó que el gobierno británico adopta «leyes cada vez más restrictivas en materia de inmigración y asilo», sobrte la base de un estudio realizado por el Consejo de Europa, otro organismo de la UE.
El racismo se manifiesta con «especial agudeza» contra quienes buscan asilo en Gran Bretaña, indicaron los autores del informe de la comisión, quienes fueron en especial críticos del sistema de cupones.
Ese régimen es «una forma brutal, cruel y costosa de manejar un problema complejo. Los cupones identifican a los solicitantes de asilo, en agudo contraste con las demás personas que realizan compras. Es grotesco», comentó el secretario general del TGWU, Bill Morris.
«Es aún peor que el gobierno subsidie a Tesco y Sainsbury's (cadenas de supermercados en las cuales se puede pagar con cupones). Esa no es la redistribución del ingreso por la que voté» tras las promesas electorales de los laboristas, añadió.
La situación de los solicitantes de asilo hace que en general no estén dispuestos a realizar en persona protestas contra el sistema, pero muchos contaron sus problemas a organizaciones que los apoyan.
«La asigación que recibo no es suficiente para cubrir mis necesidades. Sufro diabetes y debo consumir alimentos especiales. También padezco atritis, y debo usar vestimenta más abrigada que la de otras personas, por ejemplo, ropa interior de abrigo, pero no puedo comprarla», dijo un solicitante de asilo de la etnia tamil de Sri Lanka.
La gestión del sistema está a cargo de la firma multinacional Sodexho Pass International, con sede en Francia, la cual brinda servicios similares al gobierno alemán. Sodexho se ocupa de incorporar comercios al régimen de pago con cupones y de brindar información a los solicitantes de asilo.
Unos 21.500 comercios aceptan pago con cupones, entre ellos las mayores cadenas de supermercados, pero el sistema casi no incluye a puestos en mercados callejeros.
Oxfam y las demás organizaciones opuestas al régimen alegan que éste no frena la inmigración por razones económicas ni reduce costos, y que incluso puede considerarse ilegal, por violación del artículo 8 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que fue incorporada a la legislación británica en 1998.
Ese artículo establece el derecho a que se respeten la vida privada y la familiar.
Sin embargo, la principal preocupación del gobierno en relación con los solicitantes de asilo es lograr que la mayor cantidad posible de ellos abandonen el país.
«El regreso a sus naciones de origen de un número significativo de solicitantes de asilo no aceptados será el principal objetivo de la política de asilo en el próximo año fiscal», declaró la semana pasada el ministro del Interior, Jack Straw.
El ministerio del Interior asignó 700 nuevos funcionarios de Inmigración a implementar la deportación de solictantes de asilo rechazados, y anunció que «creará 1.800 nuevos lugares de detención para facilitar las deportaciones».
A fines de enero de 2000, más de 100.000 solicitantes de asilo estaban a la espera de decisiones en relación con sus pedidos, y desde entonces el Ministerio del Interior procedió con celeridad a rechazar la mayoría de ellos, y los casos pendientes pasaron a ser 49.690 a fines de febrero de este año. (FIN/IPS/tra- eng/ss/mn/hd/01
