La democracia y la igualdad de género han avanzado en España, pero aún falta mucho por hacer, sostuvieron expertos al criticar la sentencia mínima recibida por un policía condenado por el ataque sexual contra una menor.
Un tribunal de la provincia de Barcelona condenó a seis años de cárcel, pena mínima establecida en el Código Penal, a un funcionario policial que obligó a una niña de 13 años a practicar sexo oral, aunque no pudo penetrarla analmente, luego de amenazarla con su arma.
Los jueces, según la sentencia divulgada este miércoles, no aplicaron los agravantes previstos por considerar que la víctima tuvo relaciones sexuales plenas antes de ese hecho, aunque con otra persona.
Además, la decisión justifica al violador al indicar que la menor no era «una persona absolutamente inexperta en el tema de la sexualidad», y que el policía no utilizó el arma sino que la exhibió para atemorizarla y doblegar su voluntad, pero sin disparar.
Organizaciones feministas y de derechos humanos, ante esa sentencia y otras similares, afirmaron que una concepción machista de los jueces es la que motiva una interpretación tan injusta de las leyes.
Los activistas, al margen de que la legislación debe seguir mejorando, plantean que la misma sociedad debe cambiar la evaluación de estos problemas.
La antropóloga catalana Dolors Comas, recuerda que la sociedad fue construida a partir del orden simbólico masculino «y llegar a la igualdad real supone feminizarla, incorporar en las prácticas sociales y en el concepto de ciudadanía las aportaciones y experiencias de las mujeres».
El parlamento y otras instituciones representativas de los ciudadanos también reflejan esa falta de paridad.
Comas observa que España está lejos de lograr que las mujeres ocupen 30 por ciento de los escaños parlamentarios, una categoría que se presentan en sólo ocho países en el mundo.
Por su parte, la profesora de dinámica de grupos María Lluisa Fabra comentó que las mujeres aún no han logrado la igualdad, porque «todavía se las educa para que tenga un papel discreto».
La polémica sobre la democracia de género, que alcance a mujeres y hombres, fue alimentada esta semana con el rechazo en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que equiparaba a las parejas de hecho con los matrimonios, incluyendo el derecho de adopción.
El proyecto chocó con la oposición del gobernante Partido Popular (PP), de centroderecha, que goza de mayoría absoluta en el parlamento.
La iniciativa era apoyada por el resto de los partidos con representación parlamentaria, de izquierda, centroizquierda y los nacionalistas vascos y catalanes.
El PP se comprometió, a cambio, a presentar un nuevo proyecto que equiparará con los matrimonios a las parejas de hecho, sean hetero u homosexuales, con la excepción para las uniones de igual sexo del derecho de adoptar hijos.
En Valencia, una de las 17 comunidades autónomas que integran España y donde también el PP tiene mayoría absoluta se aprobó la semana pasada una ley de uniones de hecho, con los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español y de la coalición Izquierda Unida, basada en el Partido Comunista.
Ese nuevo texto legal reconoce los derechos de las personas que convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable durante al menos un período ininterrumpido de 12 meses. No se incluyó el derecho de adopción.
Las principales demandas de la oposición eran que la relación de las uniones de hecho fuera considerada análoga a la conyugal, y que se regulara el acogimiento familiar de menores en la misma ley.
El partido del presidente del gobierno español, José María Aznar, no aceptó ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición, por entender que el matrimonio y las uniones de hecho son «realidades distintas» y, por tanto, requieren de marcos legales diferentes.
Por otra parte, Pedro Zerolo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gay, de España, solicitó al gobierno que utilice la mayoría parlamentaria para reformar el Código Civil a efectos de que se reconozca el matrimonio entre homosexuales.
También pidió que los miembros de ese matrimonio tengan los mismos derechos y obligaciones que los heterosexuales.
Esta situación española, por ejemplo, es antagónica a la de Holanda, donde el domingo se celebraron las cuatro primeras bodas entre homosexuales.
Al establecer la igualdad con el matrimonio tradicional, esas parejas podrán adoptar niños legalmente, lo cual hasta ahora sólo ocurría en Camboya. (FIN/IPS/td/dm/hd/01
