Un informe de la ONU confirmó hoy la tortura generalizada en el sistema policial y penal de Brasil, que ya había sido denunciada por grupos no gubernamentales nacionales e internacionales.
«Una cultura de brutalidad», con frecuencia asociada a la corrupción, está diseminada entre policías y agentes penitenciarios, señala el informe presentado en Ginebra por Nigel Rodley, relator especial sobre la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Esa práctica «sistemática» tiende a expandirse, porque es estimulada por la sociedad, que reclama una represión más fuerte ante la creciente violencia, destacó.
Rodley agregó que también contribuyen a ello los medios de comunicación, con noticieros sensacionalistas que aumentan en la población el sentimiento de inseguridad, y los políticos que explotan el tema con fines electorales.
El informe describe 349 casos de torturas, registradas por la misión encabezada por Rodley, que visitó cárceles de seis estados de Brasil en agosto y septiembre.
Alexandre Madado Pascoal, uno de los casos registrados, fue víctima en una cárcel de Río de Janeiro de violencia sexual y fue tan golpeado que se desmayó cuatro veces, sólo porque se quejó de que le habían robado 20 reales (10 dólares). La misión pudo comprobar sus heridas en la visita realizada el 28 de agosto.
Ese cuadro de violencia policial ya es conocido por numerosas denuncias de organizaciones no gubernamentales y comisiones parlamentarias, que en muchos casos han hecho evaluaciones y relatos similares.
Sin embargo, este «primer monitoreo» de la ONU tiene más fuerza y repercusión internacional, «obligando al gobierno brasileño a adoptar medidas», señaló Marcos Rolim, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Constituye una presión adicional para que este país cumpla los compromisos asumidos en foros internacionales, corroboró María Luiza Mendonça, directora del no gubernamental Centro de Justicia Global y de extensa actuación en la materia.
Mendonça añadió que también ayudan el lenguaje contundente empleado en el diagnóstico de la ONU sobre la gravedad del cuadro brasileño y las recomendaciones para el combate contra la violencia policial.
El ministro de Justicia, José Gregori, reaccionó al informe afirmando que el gobierno no tiene responsabilidad directa sobres los casos relatados, ocurridos en el ámbito de las policías estaduales.
Sostuvo que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso actúa siempre que tiene conocimiento de torturas y busca eliminar esa práctica en el país.
Para eso impulsó la aprobación en 1997 de una ley que define y establece puniciones para ese delito, agregó Gregori.
La norma específica no redujo la impunidad de los torturadores, ya que desde su entrada en vigor sólo sirvió a la condena de un solo acusado, aún pendiente de confirmación en instancias superiores, observó Mendonça.
El Secretario Nacional de Derechos Humanos, Gilberto Saboia, reconoció la «gran distancia entre la ley y la práctica», producto de dificultades en hacer que sea aplicada por autoridades de otras instancias.
El diputado Rolim espera que el informe estimule el Poder Judicial a hacer efectiva la nueva legislación. Un avance es que actualmente «todos reconocen la existencia del problema de las torturas», evaluó.
Incluso el gobierno abandonó los intentos de ocultar la violencia ilegal de la policía, aunque siga buscando «eximirse de culpa» y adoptando sólo medidas ocasionales, cuando un caso se hace público con impacto, observó Rolim.
La comisión de Diputados hace investigaciones periódicas en recorridos por las cárceles brasileñas y otras instituciones que restringen la libertad de los ciudadanos, como centros de internación psiquiátrica.
Rolim comentó que la situación más grave, «que habría indignado más aún» al relator de la ONU, la encontró en Sao Paulo en una unidad de la Federación del Bienestar del Menor, organismo que recoge los niños y adolescentes infractores.
El régimen disciplinario allí es de «tortura institucionalizada, un campo de concentración», ya que obliga a los jóvenes a estar permanentemente sentados en el suelo y les prohíbe hablar, además del hacinamiento y otras violencias eventuales, aseguró el legislador.
La tortura en Brasil es generalizada en los presidios y comisarías, pero no indiscriminada. Los pobres y los negros son sus víctimas, ya que las personas ricas o de capas medias tienen «tratamiento privilegiado», constató Rodley.
Las recomendaciones del informe de la ONU, además de enjuiciar a los torturadores, señalan que la detención debe ser informada a sus familiares, recuerdan el derecho del preso a consultar un abogado y que no puede ser la misma policía la que investigue delitos en el que están acusados miembros de la fuerza. (FIN/IPS/mo/dm/hd/01
