Miles de personas mueren cada año en China a raíz de accidentes en minas, fábricas, escuelas y edificios públicos, pese a la profusión de normas aprobadas durante los últimos 20 años de reformas económicas.
Tras una sucesión de graves accidentes ocurridos durante este año, el gobierno se vio obligado a admitir su impotencia para hacer cumplir las normas y mejorar los niveles de seguridad.
El sábado, 47 mineros murieron durante una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia de Shaanxi, que funcionaba ilegalmente.
Según fuentes no oficiales, 10.000 trabajadores mineros mueren bajo tierra cada año, lo cual coloca al país en primer lugar en materia de accidentes mineros.
El mes pasado, en una conferencia de prensa trasmitida por televisión, el primer ministro Zhu Rongji debió disculparse por el mal desempeño del Consejo Estatal a raíz de la explosión en una escuela de la provincia de Jiangxi que mató a 38 niños y cuatro maestros.
Si bien muchos funcionarios reconocen la necesidad de reformas políticas para crear un sistema efectivo de seguridad, los principales obstáculos para mejorar los controles están vinculados a cuestiones sociales que se han agravado con los años.
Estas son, entre otras, la continua caída en los ingresos del sector agrícola y el abuso de poder.
La escuela primaria de Jiangxi, por ejemplo, acostumbraba a ensamblar fuegos artificiales con los estudiantes como forma de obtener ingresos extraordinarios, lo cual es ilegal según las normas vigentes.
Los padres de los alumnos dijeron que la explosión se debió a la manufactura ilegal, pero el gobierno lo negó, aduciendo que un fabricante mentalmente enfermo había colocado explosivos en el edificio escolar.
Esta explicación poco convincente oculta serios problemas como la escasa provisión de fondos gubernamentales para financiar la educación rural y los ingresos de los campesinos, cada vez más deprimidos.
En China, los fuegos de artificio son muy comunes en las provincias centrales de Jiangxi y Hunan, y su manufactura ayuda a muchos residentes a huir de la pobreza.
Los agricultores pobres se dedican a colocar mechas o a hilar las cuerdas de los petardos.
La industria se divide entre las fábricas con licencias y miles de productores ilegales, que acostumbran a trabajar en sus casas o en talleres en las aldeas. Los accidentes en esas instalaciones mal ventiladas y carentes de cualquier control matan o hieren a cientos de personas por año.
Otra prueba de los pésimos controles industriales chinos es la situación de los yacimientos de carbón, una de las industrias estatales más viejas y contaminantes de China.
Las cifras no oficiales señalan que 10.000 mineros mueren bajo tierra cada año.
Pero ésta puede ser una estimación demasiado baja, pues más de la mitad de los cinco millones de mineros chinos cumplen tareas en explotaciones administradas por los gobiernos locales que censuran toda información sobre accidentes industriales.
Las condiciones de trabajo en esas industrias son pésimas y muchas carecen incluso de equipos para combatir incendios. Los gerentes, preocupados sólo por mantener la rentabilidad de sus establecimientos, se niegan a invertir en salud y en seguridad.
Pero además, los funcionarios de los gobiernos locales hacen muy poco para que se cumplan las normas, pues comparten con los gerentes de las minas el interés por incrementar las ganancias.
El año pasado, Beijing anunció que había cerrado 35.000 yacimientos pequeños, pero muchos volvieron a funcionar pues los gobiernos provinciales dependen de sus ingresos para cubrir sus costos de funcionamiento.
El mismo día de la explosión en la mina de carbón de Shaanxi, se iniciaba en Beijing una conferencia sobre el Control de Seguridad en la Producción de las Minas de Carbón.
La conferencia nacional fue organizada para revisar los avances de las severas leyes impuestas por el gobierno central en diciembre, que fijaron elevadas multas económicas con el fin de reducir los accidentes.
Según las cifras oficiales, en el primer cuatrimestre de este año murieron 861 trabajadores mineros, 180 más que en el mismo período del año pasado.
También creció el número de accidentes, afirmó durante la conferencia Zhang Baoming, jefe de la Administración Estatal de Supervisión de Seguridad.
«Esta amarga pérdida de vidas y de riquezas es resultado de la mala administracción y de una supervisión inadecuada de las normas de seguridad», sostuvo Zhang.
«Las minas de carbón con normas ineficientes deben dejar de funcionar y no serán reabiertos hasta que sus medidas y controles cumplan los niveles requeridos por la ley».
El gobierno aseguró que en los próximos meses lanzará otra campaña nacional de inspección en las minas de carbón.
Pero las regulaciones y las multas no serán efectivas si no se separan los intereses de los administradores de las minas y quienes las inspeccionan.
Por ejemplo, la policía local acostumbra a detener a los familiares de las víctimas de desastres para impedir que realicen protestas públicas y propaguen la información sobre los accidentes.
La prioridad de los funcionarios públicos provinciales es incrementar al máximo los beneficios y el cobro de impuestos, y no penalizar a los empresarios.
La mina de carbón de la provincia de Shaanxi no pasó la inspección realizada en noviembre, pero las autoridades no fueron capaces de mantener la mina cerrada. El sábado, cuando se produjo el accidente, la misma estaba funcionando ilegalmente. (FIN/IPS/tra-en/ab/ral/dc-mlm/lb-dv/01
