Tres de los principales líderes de la coalición gubernamental en Brasil se enfrentan con la perspectiva de perder el mandato de senador y los derechos políticos por ocho años, a causa de escándalos de corrupción y violación de normas parlamentarias.
La crisis en el Senado se sumó a las incertidumbres económicas de Argentina para afectar más aún a la debilitada moneda brasileña, el real, que ya perdió casi 15 por ciento de su valor frente al dólar en lo que va del año, obligando al Banco Central a seguidas intervenciones en el mercado.
El desenlace del escándalo puede provocar un trauma en la coalición que respalda al presidente Fernando Henrique Cardoso y reducir sus condiciones de gobernabilidad en los 20 meses que le quedan de mandato, alimentando las posibilidades de triunfo de la izquierda en las elecciones de 2002.
Los tres legisladores amenazados son dirigentes claves en el Senado y de los tres principales partidos del oficialismo. Se trata del presidente del cuerpo, Jader Barbalho, de su antecesor en el cargo Antonio Carlos Magalhaes y del líder de la bancada de gobierno hasta el jueves José Roberto Arruda.
Jader Barbalho, además de presidir la Cámara de Senadores, es presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Contra Barbalho pesan numerosas denuncias por desvío de recursos públicos desde que fue elegido gobernador del norteño estado de Pará en 1982 y pasó a influir directamente en decisiones sobre fondos de fomento del desarrollo de la Amazonia.
En las últimas semana se acumularon prueba, como cheques firmados por Barbalho y la comprobación de su participación en empresas que cometieron fraudes con financiamientos oficiales subsidiados, pero el senador resiste a renunciar a cualquiera de los cargos.
En tanto, Magalhaes, ex presidente del Senado, y Arruda, que lideró hasta el jueves la bancada del Partido de la Socialdemocracia, pueden ser proscriptos temporalmente de la vida política por presunta violación de normas parlamentarias.
Esos dos dirigentes son acusados de violar el sistema informatizado de votaciones secretas del Senado, para conocer los votos emitidos por sus colegas en la sesión del 28 de junio de 2000, cuando se decidió inhabilitar a Luiz Estévao.
Estévao perdió el mandato y los derechos políticos por haber participado, a través de sus empresas, en la desviación de 169,5 millones de reales (80 millones de dólares) destinados a la construcción de la sede de un tribunal en Sao Paulo, entre 1992 y 1998.
Magalhaes y Arruda ordenaron la violación del sistema electrónico de votación, aseguró la ex directora del Centro de Procesamiento de Datos del Senado, Regina Peres Borges, al declarar el jueves ante el Consejo de Etica y Decoro Parlamentario que investiga el asunto.
El testimonio de la técnica «destruyó» a los acusados, según comentaristas políticos. El senador Robeu Tuma, importante en el caso por ser el Corregidor del Senado y opinar como un veterano y respetado comisario de policía, dijo que las declaraciones de Peres Borges fueron «consistentes».
Peres Borges reconoció haber ejecutado la operación, con auxilio de otros tres técnicos, y los detalles que presentó convencieron tanto a los senadores como a la opinión pública de que dijo la verdad.
Expertos entiende que es difícil evitar la proscripción política de ambos, si se comprueban las detalladas informaciones de la ex directora de informática, porque también habrían cometido perjurio, al negar el fraude practicado cuando eran autoridades parlamentarias.
Además de los testimonios, los mismos senadores ofrecieron indicios de que de hecho cometieron el delito que caracteriza la «falta de decoro parlamentario», motivo para la pérdida del mandato.
El asunto se convirtió en tema de investigación ética después que el senador Magalhaes dijo en febrero en forma privada a tres miembros del Ministerio Público que sabía como votaron los senadores en la sesión que expulsó a Estévao del Senado.
El diálogo, grabado por uno de los fiscales, fue parcialmente publicado por la revista Isto , lo cual motivó la investigación.
Arruda también cometió indiscreciones. Momentos antes de la votación del 28 de junio comentó con otros legisladores que el sistema electrónico no aseguraba el secreto. Así lo testimonió por lo menos el senador José Eduardo Dutra, del opositor Partido de los Trabajadores.
A Arruda le interesaba la proscripción de Estévao, su adversario político en Brasilia y hasta ese momento posible rival en las elecciones para gobernador de la capital brasileña en 2002.
De todas formas, la investigación proseguirá la semana próxima con nuevos testimonios de funcionarios del Senado y un careo entre los dos senadores acusados y Peres Borges.
El presidente del Consejo de Etica Parlamentario, senador Ramez Tebet, señaló que ese cuerpo debe llegar a una decisión dentro de 30 días.
El hecho de que Magalhaes sea un dirigente del Partido del Frente Liberal y Arruda del Partido de la Socialdemocracia favorece un fallo condenatorio, porque el equilibrio político de la coalición sería menos afectado que en el caso de la expulsión de solo uno.
Eso aumenta también el riesgo para Barbalho, presidente del tercer gran partido de la coalición, el PMDB. Corrupción es más grave que violar el secreto de votación, opinó el senador socialista Saturnino Braga.
El presidente Cardoso dijo que se opone a cualquier acuerdo político para evitar puniciones, afirmando que se trata de un asunto exclusivamente del Poder Legislativo. Pero su gobierno podrá sufrir consecuencias, al perder líderes importantes de la coalición. (FIN/IPS/mo/dm/ip/01
