Decenas de sindicalistas fueron asesinados en Colombia por paramilitares de derecha, que controlan organizaciones laborales por la fuerza y prohíben a escuelas enseñar filosofía y ciencias sociales, aseguró la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor del país.
El presidente encargado de la CUT, Miguel Antonio Caro, dijo a IPS que a la ola de asesinatos a activistas se suma el copamiento de varios sindicatos del interior del país por parte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
«La situación se ha agravado y francamente estamos abrumados», ya que en los primeros tres meses de este año fueron muertos 31 sindicalistas, 13 de ellos del área educativa, sólo contando a los afiliados de la CUT», afirmó.
Caro agregó que el año pasado fueron asesinados 112 sindicalistas entre dirigentes y trabajadores de base, 42 de los cuales eran maestros.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), afiliada a la CUT, denunció que esta situación ha llevado a que falten maestros en unas 300 escuelas, debido a las amenazas de muerte, y que unos 18.000 niños y niñas no pueden asistir a clase por causa del conflicto armado interno.
También «nos preocupa muchísimo que se esté atentado por otras vías, como el envío de cartas a sindicalistas diciéndoles que les entreguen la administración de las organizaciones», indicó el presidente de la CUT.
Estos ataques afectan en especial a trabajadores bananeros de Urabá de la región de Caribe, en el norte de Colombia, aunque también se perpetran hechos similares en otras zonas del país, explicó Caro, para quien «es difícil» cuantificar los sindicatos que han pasado a control de los paramilitares.
Analistas del conflicto armado interno creen que la preponderancia de los grupos paramilitares en la zona bananera tiene sus raíces en la pugna territorial que a fines de la década del 80 sostuvieron con organizaciones guerrilleras.
El dirigente de la CUT detalló la presión que soporta en particular la Fecode, con 280.000 afiliados y base de apoyo de esta central.
«Tenemos casos en que (los paramilitares) se dan el lujo de decir qué pueden y qué no pueden enseñar los maestros, por ejemplo prohibiendo que se hable de Platón y Descartes en las aulas, lo cual demuestra el grado de cultura de esta gente», declaró.
La mayoría de las denuncias apuntan a los paramilitares, aunque también las guerrillas de izquierda ejercen control en las escuelas de las zonas donde tienen preminencia.
Un maestro declaró al diario El Tiempo, de Bogotá, que en Pelaya, departamento del César en la región Caribe, las AUC prohibieron desde septiembre del año pasado dictar clases de filosofía y de ciencias sociales en todos los colegios del municipio.
Datos de Fecode señalan que han sido asesinados 185 maestros desde 1995.
«La situación es terrible y no vemos que el gobierno (de Andrés Pastrana), fuera de los discursos, realice acciones efectivas para que esta situación tenga término algún día», dijo Caro, quien anticipó próximas condenas al país de parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Consejo de Administración de la OIT estudiará en junio en Ginebra la conformación de la llamada Comisión de Encuesta para Colombia, que se constituye ante denuncias de violaciones a los derechos humanos y de las libertades sindicales.
Caro explicó a IPS que Colombia ya afronta demandas «desde hace 10 años» por estas violaciones y la OIT ya ha condenado al país, pero a juzgar por la actual situación la censura del organismo internacional no tiene efectos aquí».
Colombia tiene 40 millones de habitantes y una población económicamente activa de 14 millones de personas, 20 por ciento de los cuales están desempleados. La cantidad de trabajadores informales alcanza a 3,5 millones, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Además de la CUT en Colombia operan la Confederación General de Trabajadores Democráticos y la Confederación de Trabajadores de Colombia. Las tres organizaciones en conjunto aglutinan a poco más de un millón de trabajadores.
«Es una situación francamente alarmante y que empeora, lo cual quiere decir que todas las medidas que ha adoptado la OIT contra el país no conmueven a los gobernantes, que creen que todo puede limitarse a ofrecer medidas de protección para algunos sindicalistas amenazados», indicó.
En la actualidad «existe un grupo muy numeroso de compañeros que están amenazados, otros ya han sufrido atentados, muchos han sido desaparecidos y hay sindicalistas que ha tenido que dejar el país o están en el exilio interno», relató Caro.
El delegado especial de la OIT, el ex ministro de Trabajo dominicano Rafael Alburquerque, realiza un seguimiento especial de la situación sindical en Colombia, según mandato de la reunión del Consejo de Administración realizada a comienzos de 2000.
Alburquerque presentó a mediados de este mes un informe en el que destaca las acciones violentas contra los sindicatos por los grupos paramilitares.
En el estudio se estima que esos grupos derechistas son los principales responsables de los asesinatos de sindicalistas colombianos, aunque en 65 por ciento de los casos investigados no hay mayor precisión sobre su autoría.
El delegado de la OIT afirmó que los miembros activos de las AUC aumentaron de 4.000 a 8.000 en la última década.
Alburquerque reconoció la voluntad del «gobierno colombiano para implementar medidas de protección a los sindicalistas», pero advirtió que «los resultados dejan mucho que desear», en especial respecto de las investigaciones judiciales y medidas de seguridad en las sedes de las organizaciones laborales.
El informe de la OIT denota insatisfacción por la falta de «acciones políticas que demuestren en la práctica un mecanismo eficaz para combatir contra los grupos paramilitares».
Por su parte, Caro dijo que la CUT no desconoce «la importancia de algunas medidas de seguridad» implementadas por el gobierno de Pastrana, pero considera que se «debe adoptar una política de Estado de protección de los sindicalistas y de defensores de los derechos humanos».
La gravedad de la situación que afrontamos nos hace «estar completamente seguros de que no podrá haber una decisión absolutoria del gobierno colombiano» por parte de la OIT, señaló el dirigente sindical.
Una decisión en contrario «sería completamente absurdo, pues nadie desconoce que aquí hay gravísimos problemas de violaciones a los derechos humanos y a las libertades sindicales», puntualizó.
A su vez, el ministro de Trabajo de Colombia, Angelino Garzón, quien fuera presidente de la CUT, dijo que «llegó el momento de que la sociedad en su conjunto reaccione frente a esta masacre contra el sindicalismo». (FIN/IPS/mig/dm/lb hd/01
