La Cámara de Diputados de Chile aprobó una ley de derogación de la pena de muerte, que será promulgada por el presidente Ricardo Lagos en las próxima semanas.
El proyecto, que sustituye la pena capital por prisión perpetua efectiva, fue votado a favor por 63 diputados de los 104 presentes en la sede del Congreso legislativo en el puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
La iniciativa fue rechazada el miércoles por 37 parlamentarios de la oposición derechista, mientras que otros cuatro se abstuvieron. La cámara baja cuenta con 120 miembros.
La derogación de la pena de muerte ya había sido aprobada por el Senado, por lo cual sólo resta cumplir un trámite final en la comisión mixta de ambas cámaras para que la ley pueda ser promulgada por el presidente Lagos.
La votación en la cámara baja fue calificada de histórica, en cuanto significó la materialización de una demanda fundamental de los grupos defensores de los derechos humanos y en especial para la Iglesia Católica.
«Es un día histórico. El presidente de la República promulgará, en su momento, esta ley que saca definitivamente de la legislación chilena un castigo tan irracional e inhumano», dijo el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
La Cámara de Diputados solo dejó pendiente para la comisión mixta una normativa que la oposición no quiso que se votara de inmediato, la cual se refiere a la facultad de la Corte Suprema de Justicia de decidir si el reo obtiene o no la libertad, después de cumplir los 40 años de presidio.
La comisión deberá decidir si el máximo tribunal puede otorgar ese beneficio con el voto de los dos tercios de sus miembros o por simple mayoría.
Chile es uno de los últimos países que mantiene la pena capital en América Latina.
Gracias a esta ley, este castigo desaparecerá del Código Civil y sólo constará en el Código de Justicia Militar, con su aplicación restringida a casos de «traición a la Patria en tiempos de guerra».
La abolición de la pena de muerte será «a perpetuidad», ya que Chile es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como Pacto de San José, según la cual una vez eliminado este castigo de las legislaciones nacionales no puede reponerse.
Desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990), los gobiernos de la centroizquierdista Concertación por la Democracia intentaron eliminar la pena capital, de acuerdo a su plataforma programática.
La iniciativa chocó permanentemente con el rechazo de la oposición de derecha, que si bien es minoría en ambas cámaras, posee votos suficientes para bloquear iniciativas de rango constitucional.
La pena de muerte en Chile se aplicó efectivamente en 58 oportunidades, según dictámenes judiciales, desde que se instauró en el siglo XIX.
A ello hay que agregar unas mil ejecuciones de presos políticos bajo el régimen dictatorial de Pinochet, algunas de las cuales fueron ordenadas por tribunales militares «en tiempos de guerra».
Las organizaciones de familiares de víctimas de la represión de la dictadura de pronunciaron siempre contra la pena de muerte.
En todos los casos de represores juzgados por crímenes graves contra los derechos humanos, como el degollamiento de tres profesionales comunistas en 1982, los deudos de los asesinados pidieron prisión perpetua para los criminales.
En 1981, bajo la dictadura de Pinochet, tuvo lugar la última ejecución por sentencia de tribunales civiles.
Una vez restablecida la democracia, y de acuerdo a sus planteamientos programáticos y filosóficos, los presidentes democratacristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle concedieron indulto a sentenciados a muerte.
El indulto presidencial implica que el condenado ve sustituida la pena capital por la de presidio perpetuo, pero de acuerdo con la antigua legislación, a los 20 años de cárcel el reo podía acceder al beneficio de la libertad condicional.
Este aspecto, que tornaba ficticia la prisión a perpetuidad, fue el principal argumento de la oposición derechista para rechazar la abolición de la pena de muerte en los primeros años de la transición democrática.
El senador democratacristiano Juan Hamilton abrió paso a una solución cuando planteó la creación del «presidio perpetuo efectivo», con un mínimo de 40 años de cárcel para el sentenciado por delitos de extrema gravedad.
La Iglesia Católica hizo un efectivo apoyo a la moción de Hamilton y logró su aprobación en la cámara alta, donde la derecha cuenta con mayor poder debido a la existencia de senadores designados por las Fuerzas Armadas.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz, primado de la Iglesia Católica en Chile, compareció ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para argumentar a favor de la abolición de la pena de muerte, en el trámite previo a la votación en el pleno de esa rama legislativa. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
