Un tendido de 1.500 kilómetros para llevar electricidad de Venezuela a Brasil, símbolo de la integración binacional, es la obra de la discordia, al menos del lado venezolano.
La construcción no logra librarse de cuestionamientos de los ambientalistas y una comisión parlamentaria afirma que se violaron varias leyes y no fueron respetadas las comunidades indígenas del sudeste de Venezuela.
«Detrás del tendido viene un desarrollo que amenaza nuestra cultura», advirtió Silviano Castro, dirigente de la etnia indígena pemón, que a fines de marzo fue golpeado por soldados.
La obra nació de un acuerdo firmado en 1997 por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y el entonces mandatario venezolano Rafael Caldera. Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela, dos años después, confirmó el compromiso de este país, pese a que en la campaña electoral había dicho que revisaría el convenio.
Comunidades indígenas de la zona del tendido eléctrico pidieron varias veces a Chávez la paralización temporal de la obra mientras se estudia su impacto.
Por su parte, la Coalición contra el Tendido Eléctrico observó que la obra atraviesa los parques nacionales de Canaima e Imataca, de la cuenca alta del río Caroní, dos territorios habitados por los indígenas pemón, akawaio y kariña, así como zonas de protección de los tepuyes.
Se trata de «ecosistemas únicos en el planeta», indicó la coalición, de la que participan 20 organizaciones. Chávez afirma que los ambientalistas y los académicos manipulan la situación y que los pemones son «objeto de extraños intereses».
La obra, de unos 400 millones de dólares, se ha retrasado a causa de la oposición indígena. La subcomisión de parques de la Asamblea Nacional (parlamento) comprobó que al menos 20 torres y ocho postes de transmisión fueron derribados por los pemones.
«No se ha tenido en consideración las consultas a las comunidades indígenas y no se efectuó un estudio del impacto sociocultural, tal como correspondía», estableció la subcomisión parlamentaria.
Así mismo, la Constitución de 1999 y la ley de Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas indican que los territorios indígenas son recintos sagrados, y el tendido eléctrico «ha profanado un santuario y se ha violado la ley», agregó.
El informe de la subcomisión fue objeto de «interferencias políticas» en el parlamento por parte del oficialista Movimiento V República, aseguró Jorge Padrón, de la Unión Nacional Ecológica y Social.
Del lado brasileño «se trabajó siguiendo una metodología de participación (con las comunidades locales)», comentó a IPS Enrique García, presidente de la Corporación Andina de Fomento, organismo que financió parcialmente la obra en suelo de Brasil.
«Del lado venezolano no hubo ese tipo de trabajo y hay que hacer eso. Ese trabajo es clave. Hoy no podemos iniciar ningún tipo de proyecto (de desarrollo) que no focalice estas concepciones sociales, ambientales, culturales», dijo García.
«El tendido eléctrico es un proyecto que nunca se debió haber hecho. Nunca se debió haber iniciado. Surgió para favorecer a la minería, esa es la información que tenemos los indígenas», declaró a IPS la diputada Noelí Pocaterra, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del parlamento.
«Los indígenas desde el principio no estuvieron de acuerdo con este proyecto», destacó Pocaterra, si bien reconoció que la concepción original fue modificada, para enmarcar la obra en un plan de colaboración energética con Brasil,
«Nos preocupa lo que viene detrás del tendido. ¿Quién puede garantizar que detrás de ese tendido no vengan industrias, invasores, mineros, que afecten la vida natural y la vida de los indígenas?», se preguntó Pocaterra. (FIN/IPS/ac/ff/dv en/01
