Después de casi 10 años de debates en los que participaron gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG), el realismo político se impuso sobre ideales ambientalistas, y desde marzo, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cuentan con un Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur.
«Es un documento más corto, más práctico y menos ambicioso» que el controvertido protocolo ambiental original, «pero para nosotros es un paso adelante», afirmó Miguel Reynal, presidente de la no gubernamental Fundación Ecos, de Uruguay, que trabaja para difundir el desarrollo sustentable en el Mercosur (Mercado Común del Sur).
«En nuestros países sobra legislación con postulados grandilocuentes y falta aplicación, porque por ser tan ambiciosos en los principios, terminamos siendo ignorados en la realidad», explicó Reynal a IPS.
La Fundación Ecos lanzó en 1998 un programa de Comercio y Medio Ambiente, junto a 15 ONG del Mercosur, para intensificar el diálogo con los gobiernos y lograr un instrumento jurídico que sirviera de marco regulatorio ambiental para la subregión.
Dentro de esa red de ONG hay diferencias. El Fondo Mundial para la Vida Silvestre de Brasil considera un retroceso el acuerdo alcanzado a mediados de marzo en la ciudad brasileña de Florianópolis por el grupo de trabajo número seis del Mercosur.
En el camino de esa síntesis orientada por el pragmatismo se perdieron derechos ambientales que no deberían quedar de lado, según cree la ONG brasileña.
El nuevo convenio destaca la necesidad de que los socios cooperen para proteger el ambiente y para utilizar los recursos naturales de manera sustentable, pero siempre que la defensa de la naturaleza no sea un obstáculo al desarrollo económico, especialmente en la coyuntura actual, de dificultades para el bloque.
El acuerdo prevé que «las políticas comerciales y ambientales deben complementarse» y puntualiza que la protección del ambiente debe guiarse por los principios de «gradualidad, flexibilidad y equilibrio».
Para los firmantes, «la promoción del desarrollo sustentable debe alcanzarse por medio del apoyo recíproco entre los sectores ambientales y económicos, evitando la adopción de medidas que restrinjan o distorsionen de manera arbitraria e injustificada la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito del Mercosur».
El objetivo del acuerdo es «la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, mediante la articulación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales».
La nueva norma recoge los compromisos de la Declaración de Río de 1992, firmada por los participantes en la Cumbre Mundial de la Tierra, y se compromete a actuar en concordancia con los mismos en el marco del Mercosur.
Propone la adopción de políticas comunes para la protección del ambiente, la conservación de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sustentable, así como el intercambio de información tanto sobre instrumentos para alcanzar los objetivos en cada país, como de las posiciones nacionales en foros ambientales internacionales sobre los asuntos de interés global.
Finalmente, los actores se propusieron armonizar legislaciones ambientales, procurar que las demás instancias del Mercosur consideren «adecuada y oportunamente» los aspectos ambientales de sus políticas, y brindar también en forma oportuna información sobre desastres y emergencias naturales que afecten a los socios.
En cuanto a las controversias que podrían surgir en materia estrictamente ambiental como en lo que se refiere a restricciones no arancelarias al comercio, el acuerdo prevé que sean resueltas por medio del sistema de solución de disputas vigente en el Mercosur, y no mediante «negociaciones diplomáticas directas» ,como planteaba el descartado proyecto de protocolo.
El director de Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, comentó que el borrador de protocolo, elaborado en 1996, comtenía fallas conceptuales, porque reelaboraba principios y políticas ya adoptados por los países en acuerdos multilaterales de carácter vinculante, como por ejemplo, definiciones contenidas en la Declaración de Río.
Pero además, incluía dos temas controvertidos, que quedaron de lado en el acuerdo final. Uno de ellos se refería a los productos transgénicos, un asunto en que Argentina tenía mucho que perder si se los rechazaba, ya que la mayor parte de sus exportaciones de soja son producto de una variedad modificada.
El otro asunto descartado era el principio precautorio, que tornaba al protocolo un obstáculo no siempre justificado al comercio.
Al respecto, Reynal comentó que ese principio demuestra que si se declama mucho, se obtienen normas extremas que luego traban el intercambio. Sería el caso de un país que decide frenar importaciones por la sola sospecha de contaminación de un envío que puede ser absolutamente sustentable.
Finalmente, las partes propusieron una agenda de trabajo en determinadas áreas temáticas que no es más que una síntesis muy realista de proyectos largamente debatidos y que ahora podrán ser impulsados para su realización en el corto plazo. (FIN/IPS/mv/ff/en ip/01
