El gobierno australiano intenta eludir un fallo de la Corte Suprema que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir los compromisos firmados en convenciones internacionales sobre ambiente y derechos humanos al tomar sus decisiones.
Las autoridades buscan la rápida aprobación parlamentaria de un polémico proyecto diseñado para revertir un fallo que la Corte Suprema adoptó en 1995 ante una apelación contra la deportación de un ciudadano malasio.
El recurso que dio lugar al fallo sostenía que dicha deportación no tomaba en cuenta el impacto que tendría en la esposa y los hijos del refugiado.
En su resolución, el máximo tribunal de justicia consideró que, según la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia, el gobierno debía dar al ciudadano malasio la oportunidad de presentar sus descargos a la decisión de deportarlo.
Pero el fallo fue aún más lejos al sostener que el gobierno australiano estaba obligado a considerar los compromisos asumidos en convenciones internacionales al tomar sus decisiones.
El proyecto que está a estudio del Parlamento fue presentado en 1995 por el entonces gobierno laborista y cuenta con la oposición de organizaciones ecologistas y de derechos humanos.
La organización Amnistía Internacional organizó una campaña de última hora para evitar la aprobación de esta ley.
«El año pasado el Comité de la ONU para los Derechos Humanos fue terminante al afirmar que la aprobación de esta ley sería una violación de las obligaciones australianas a las convenciones internacionales», dijo el vocero de Amnistía, Damien Spry.
Según este grupo, de aprobarse la ley impediría que las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los aborígenes reclamaran ante posibles violaciones a sus derechos por parte del gobierno.
El texto del proyecto afecta sólo a aquellos tratados firmados por el país y ratificados por el Parlamento Federal, pero aún no incorporados a la legislación interna. El mismo también despierta la oposición de organizaciones de profesionales del derecho.
«Con este proyecto el gobierno dice que cuando… promete obedecer marcos elementales de derechos humanos en su territorio, puede tratarse de una broma, y no hay razón para que cumpla sus promesas», dijo el presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Jóvenes Abogados, Nicholas MacNally.
En 1995, cuando se produjo el fallo judicial que se pretende anular, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Gareth Evans, había afirmado: «No puedo sino considerarlo como una muy mala decisión. Este fallo instala un contexto inabordable para la toma de decisiones».
Evans redactó el proyecto original —destinado a anular los efectos del fallo judicial— sobre el cual se basa el actual texto a consideración del Senado.
«Firmar un acuerdo internacional no es razón para creer que los gobernantes actuarán de acuerdo con el mismo si sus aspectos más relevantes no han sido incorporados al cuerpo legal del país», había dicho Evans en aquella circunstancia.
No obstante, aquel intento legislativo no completó el trámite parlamentario debido a la derrota electoral que sufrieron los laboristas en 1996, a manos del hoy primer ministro John Howard, del Partido Liberal.
En el actual Parlamento, la oposición minoritaria de los partidos Demócrata y Verde ya anunció su voto negativo. La suerte del proyecto depende entonces del apoyo que le brinde el grupo opositor de mayor peso, es decir el Partido Laborista.
Este condiciona su voto favorable a que el gobierno liberal acepte algunas modificaciones menores en aspectos de implementación.
Por su parte, el fiscal general, Daryl Williams, sostuvo que el gobierno rechazaría tales enmiendas. «Los cambios provocarían inseguridad, en lugar de eliminarla. Harían inamovible la doctrina del fallo, en vez de hacerla a un lado. Y además minarían el peso del Parlamento en lugar de reforzarlo».
Mientras el gobierno se afana en negociar con los laboristas la aprobación en el Senado para esta semana, en la sociedad se reinicia el debate sobre la ley.
Las modificaciones propuestas por los laboristas tampoco son del agrado de Aministía Internacional. «Los cambios no proporcionan salvaguardas adecuadas contra un posible rechazo general a las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos», sostuvo el vocero Spry.
Incluso con los cambios, demócratas y verdes se oponen al proyecto. El senador demócrata Brian Greig asegura que ante la ausencia de un proyecto de ley sobre derechos humanos, el efecto de esta ley sería importante.
«El gobierno y la oposición laborista quieren un sistema legal superficial, mediante el cual firmen tratados y aparenten ser humanos y civilizados, pero sin ninguna obligación de que esos tratados tengan el más mínimo impacto en las normas australianas», sostuvo.
Por su parte, el senador verde Bob Brown afirmó que «el llamado Proyecto de Decisiones Administrativas es un ataque a las normas internacionales de derechos humanos y medio ambiente».
«Se busca eliminar la responsabilidad de los funcionarios australianos de cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Además, este intento es contrario al compromiso que el primer ministro Howard asumió ante la Organización Mundial de Comercio», finalizó Brown. (FIN/IPS/tra-en/bb/ral/dc/aq/ip/01
