La declaración de un ex funcionario, que señaló a ministros, a un empresario emparentado con el ex presidente Carlos Menem y a un ex embajador estadounidense, dio fuerte impulso en Argentina a la causa judicial por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia en los años 90.
El juez Jorge Urso, a cargo de las investigaciones, ordenó este lunes nuevos allanamientos, tras las afirmaciones del ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, quien involucró en los hechos al empresario Emir Yoma.
El empresario, hermano de Zulema Yoma, ex esposa de Menem, fue detenido el sábado por la madrugada, luego de que el juez considerara que contaba con «nuevas pruebas» para indagarlo como presunto jefe de una organización ilícita dedicada al contrabando de armas.
Mientras, Menem intentó tomar distancia del caso, al indicar que Yoma no había sido funcionario del gobierno a su cargo entre 1989 y 1999.
Sin embargo, es conocido en el país el fuerte vínculo que existió por años entre el ex presidente y este empresario, que afronta diversas investigaciones por distintas irregularidades.
Yoma fue asesor del gobierno de Menem, cargo del que debió alejarse en 1991 tras haber sido denunciado por la embajada de Washington en Buenos Aires de pretender extorsionar a la empresa frigorífica estadounidense Swift.
También fue involucrado en una investigación por contrabando de oro, otra por fraudes contra el Estado y una tercer por lavado de dinero procedente del narcotráfico, en la que que fue procesada su otra hermana, Amira Yoma.
La oficina anticorrupción lo acusó, además, de haber cobrado por adelantado reembolsos de exportaciones en los años 90, sin que el estatal Banco Nación le pidiera los avales correspondientes.
En la actualidad, Yoma adeuda casi 200 millones de dólares a esa entidad.
Las investigaciones judiciales por el tráfico ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia ya llevan más de seis años.
Varios cargamentos, que simularon ser entregadas en Venezuela y Panamá en 1995, tuvieron como destino final Ecuador, que se encontraba en guerra con Perú por disputas limítrofes, y a Croacia, durante la guerra de los Balcanes.
Argentina estaba inhibida de vender armas a Ecuador por ser garante, junto a Brasil, Chile y Estados Unidos, del Protocolo de Río de Janeiro de 1945 para negociar la paz entre Quito y Lima.
En tanto, sobre Croacia pesaba el embargo de armas dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas para todos los países que integraron la antigua Yugoslavia.
En marco de la causa, el abogado Ricardo Monner Sans pidió este lunes al juez Urso, por quinta vez desde su inicio, indagar a Menem y al actual ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien también ocupó ese cargo hasta comienzos de 1996.
En estas investigaciones ya fueron procesados los ex ministros de Defensa Antonio Ermán González y Oscar Camilión, quien renunció cuando la justicia lo llamó a declarar, y el ex canciller Guido Di Tella.
Un tribunal superior resolvió el miércoles pasado confirmar el procesamiento de los ex ministros y del ex jefe del Ejército general Martín Balza.
La decisión judicial menciona que es «sospechoso que los hechos investigados hayan sucedido sin la anuencia de las más altas autoridades con competencia en el asunto».
Los jueces aludieron así a otros ministros y al ex presidente Menem, al tiempo que sugirió que se investigue el delito de asociación ilícita en estos hechos.
La justicia ordenó también investigar al ciudadano sirio Monser Al Kassar, seguir las rutas del dinero de las comisiones ilegales pagadas e indagar por asociación ilícita a Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares, empresa fabricante de armas que en esa época era de las Fuerzas Armadas.
Sarlenga, quien cumple condena por esta causa desde hace dos años, procesado por el delito de contrabando agravado, declaró el viernes ante el juez Urso durante seis horas.
La justicia ya conocía que las armas salieron de Argentina, amparadas en seis decretos que llevan la firma de Menem y de cuatro de sus ministros.
En su declaración del viernes, Sarlenga dijo que Yoma le pidió que impulsara la venta de armas para aportar dinero «al partido», en alusión al Justicialista (peronista) de Menem. También dijo que Yoma le aseguró que las ventas a Croacia se hacían por pedido de Estados Unidos.
El ex funcionario sostuvo que el senador oficialista Eduardo Vaca, ya fallecido, le confesó que el entonces embajador de Estados Unidos en el país, James Cheek, había obtenido autorización para que aviones de la empresa Fine Air pudieran aterrizar sin problemas en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, para trasladar las cargas.
En ese sentido, Monner Sans afirmó el fin de semana pasado que, no sólo es necesario indagar sobre las responsabilidades políticas del gobierno de esa época, sino que se debería seguir la pista del empresario Al Kassar y de la participación de Washington.
Cheek negó este domingo haber hecho ninguna gestión en ese sentido y solo reconoció que recibió la visita de los dueños de la empresa Fine Air para justificarse por su intervención en el caso.
No obstante, la justicia investiga la existencia de una cuenta de una firma denominada Daforel en un banco estadounidense.
Las autoridades de ese país eludieron ya seis veces los pedidos para que se abra la información sobre la empresa a la que pertenece la cuenta bancaria que, se sospecha, es de Yoma.
Sarlenga añadió que se abonó una comisión a un intermediario, que en realidad se destinarían a Yoma, por unos 400.000 dólares. El dinero se depositó en una cuenta de Daforel, con sede legal en Uruguay, pero considerada una firma fantasma,
Señaló además al secretario de Planeamiento de Defensa, el entonces funcionario Guillermo Etchechoury, por haber recibido otros 400.000 dólares en pago por gestiones.
Sarlenga indicó también que Camilión era «reacio» a aprobar la operación y que Di Tella demoró su firma, consultando a diversos funcionarios, pero finalmente ambos pusieron la rúbrica en los decretos. (FIN/IPS/mv/dm/ip/01
