La crisis financiera de los últimos días en Argentina derivó hoy en el pedido de remoción del presidente del Banco Central, Pedro Pou, acusado por una comisión parlamentaria de mal desempeño de sus funciones en relación con el lavado de dinero.
Con cautela, el jefe de gabinete, Chrystian Colombo, manifestó este martes que el dictamen «no obliga al presidente» Fernando de la Rúa «a tomar ninguna medida en ningún plazo», debido a que el gobierno no tiene la potestad de pedir sin más la renuncia del presidente del Banco Central, dada la autonomía del organismo.
Pero el gobierno ya decidió que el ex banquero Roque Maccarone será el sucesor de Pou en caso de que presente su dimisión, y la difusión del nombre trajo calma a los mercados financieros, donde este martes se revirtió la caída en la cotización de los títulos públicos y de las acciones de las principales empresas.
La eventual retirada no profundizó el pánico, a pesar de lo que el propio Pou había vaticinado este mes ante los legisladores que lo investigaban.
«Será muy peligroso si me remueven del Banco Central porque habrá un golpe de mercado», había advertido el cuestionado funcionario ante una comisión bicameral que investiga el papel del instituto emisor respecto del lavado de dinero.
Pou aludía al apoyo con que contaba entre banqueros argentinos y del exterior, que dicen defender en él la autarquía de una institución cuya presidencia ocupa desde 1996. El fin del periodo está fijado por la ley para 2004.
El dictamen de la comisión bicameral de cinco miembros estaba listo hacía varias semanas, pero el gobierno pidió tiempo a los legisladores mientras el ministro de Economía, Domingo Cavallo, procuraba acordar con el presidente del Banco Central algunos cambios en la política monetaria.
El acuerdo pareció quebrarse en los últimos días, cuando se desató el viernes una crisis de credibilidad en los mercados financieros que derivó en una fuerte caída en la cotización de títulos públicos.
Cavallo acusó la noche del lunes a Pou de querer desestabilizar la economía del país para defenderse ante la justicia.
La misma acusación lanzó Cavallo contra el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) que el viernes y el sábado recomendó a los argentinos la compra de dólares para resguardarse de una devaluación que consideró segura.
Tanto Menem como Pou son partidarios de dejar de lado el régimen de convertibilidad ideada por Cavallo, mediante el cual cada peso circulante, por ley, debe contar con el respaldo de un dólar depositado en una caja de conversión.
El ex presidente argentino y el conductor del Banco Central proponen dolarizar por completo la economía, como hizo Ecuador el año pasado.
La iniciativa es contraria a la estrategia que se propuso Cavallo, que incluso hace una semana propuso flexibilizar el sistema monetario incorporando en un futuro al euro —en una canasta de monedas— como respaldo del peso, y no solamente el dólar como desde 1991.
El ministro de Economía rompió así el precario acuerdo que tenía con el Pou, al señalar que tanto él como Menem emprendieron «acciones desesperadas para desestabilizar, por las acusaciones que les hace la justicia», aludiendo así también a una causa por tráfico de armas que roza al ex mandatario.
El enfrentamiento entre Cavallo y Pou se agudizó, y así fue que el dictamen del Congreso vio la luz, pero no tanto por la causa de mal desempeño que le dio origen, según reconoció este martes el diputado Jorge Gutiérrez, uno de los principales investigadores de las irregularidades detectadas en el Banco Central.
«Fue más el debate técnico entre dolarización y convertibilidad que la causa de fondo» lo que aceleró la difusión del dictamen, más aun cuando los partidarios de adoptar la moneda estadounidense son acusados de confundir los mercados y de sembrar dudas respecto de la capacidad de pago de Argentina.
Justamente, la crisis surgió de los rumores acerca de un virtual cese de pagos de la deuda externa. Argentina debería cancelar este año casi 20.000 millones de dólares de intereses de la deuda, y arrastra casi tres años de recesión, con recaudación en caída y aumento consecuente del desequilibrio fiscal.
El Banco Central es una entidad autárquica y para remover a su presidente el Congreso debe fundamentar las razones de su recomendación al Poder Ejecutivo para que pida su destitución.
Luego, el presidente de la República decide si solicita o no su renuncia, pero, una vez cursado el pedido, el propio presidente del Banco Central debería decidir si renuncia o no.
Sin embargo, en este caso, el presidente De la Rúa ya ofreció el cargo al ex banquero Roque Maccarone, quien admitió que considerará la oferta en caso de que Pou presente su dimisión.
El directorio completo del Banco Central era investigado por una comisión del Congreso que sospechaba por la falta de control sobre diversas entidades bancarias que apelaron a bancos «off- shore» (fuera de su jurisdicción) para triangular dinero procedente de actividades ilícitas.
La comisión sostuvo que no hubo rigor en los controles de esas operaciones, y detectaron además que desde el Banco Central se autorizó ayuda financiera para bancos en problemas y que, poco después, cerraron sus puertas por insolvencia.
Las investigaciones por lavado de divisas fueron avaladas por un subcomité del Senado de Estados Unidos, que en febrero denunció que el Banco Central no podía desconocer los casos de triangulación en que estuvieron involucradas también entidades bancarias estadounidenses. (FIN/IPS/mv/mj/ip if/01
