Una ola de huelgas y situaciones conflictivas, atribuidas por las autoridades a un plan de desestabilización, parece poner fin en Venezuela a la paz social de los dos años de gobierno de Hugo Chávez.
El clima social se enrareció este jueves con la paralización de la industria petrolera —la principal del país—, de las escuelas y de la mayor siderúrgica, así como conflictos universitarios y una marcha de ancianos que exigen la aprobación de una ley que los defienda.
El gobierno de Chávez, quien según analistas gozó de dos años de paz social con las organizaciones sociales al comienzo de su mandato, ordenó a la militarizada Guardia Nacional intervenir ante la conflictividad, y recalcó que existe un plan de desestabilización.
El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, confirmó que por decisión de Chávez la Guardia Nacional estará en la calle «en una actitud disuasiva», para hacer frente «a cualquier alteración del orden público».
Chávez, un militar retirado que desde febrero de 1999 impulsa un intenso proceso de cambios políticos en Venezuela, se había negado hasta ahora a apelar a este cuerpo militar para hacer frente a las manifestaciones callejeras.
El general Edgar Bolívar, comandante de la Guardia Nacional en la región de Caracas, reiteró que la actuación del cuerpo será «disuasiva» y «tendiente al diálogo», porque «no se trata de agredir a nadie, ni de violar los derechos humanos de nadie».
Bolívar indicó que el cuerpo militar actuará, por ejemplo, si una manifestación cierra una vía de acceso público o si se intenta tomar instalaciones del Estado.
Los trabajadores petroleros, que concluyen este jueves una huelga de 48 horas, intentaron —por ejemplo— impedir el suministro de combustible en algunas instalaciones de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La federación de trabajadores petroleros emitió un comunicado en que recalcaron que este jueves concluyó su primera etapa de las protestas. «Queremos el diálogo con las autoridades, el país está en un clima de ebullición y conflictividad», indica la declaración que puso fin a la paralización.
Pero este sindicato dejó en claro que podría decretar una huelga por tiempo indefinido. La industria petrolera es la principal de Venezuela y su mayor fuente de divisas, pues este país es uno de los grandes exportadores mundiales.
Según los sindicatos, la huelga fue acatada por 52.000 trabajadores, 92 por ciento de los empleados por el sector.
Los promotores de la protesta exigen un aumento salarial de 15 por ciento, el mismo porcentaje decretado por Chávez para el sector público. Esta es la segunda huelga petrolera en pocos meses y la anterior, en octubre de 1999, ocasionó la salida del entonces presidente de PDVSA, Héctor Ciavaldini.
El actual presidente de PDVSA, general Guaicaipuro Lameda, insistió en que la industria tiene su propio régimen de aumentos salariales.
Analistas consideran que sólo una junta de arbitraje podría poner fin a este conflicto, debido a las diferentes interpretaciones del decreto presidencial.
Según el ministro del Interior, Luis Miquilena, la huelga petrolera se inscribe en «una cadena de provocaciones que se pretende montar en el país, destinada a crear una situación caótica».
La Fuerza Bolivariana de Trabajadores, agrupación afín al Movimiento V República, el partido de Chávez, atribuye las paralizaciones a la intención de sus promotores de influir en las elecciones convocadas para renovar la totalidad de la dirección del movimiento sindical venezolano.
Un referendo impulsado por Chávez, resistido por los sindicatos y por organizaciones internacionales, abrió este proceso electoral en diciembre.
«Se está jugando con la conflictividad como instrumento político, ahora que están planteadas las elecciones sindicales, independientemente de que algunas de estas reivindicaciones sean justas», dijo Angel Rodríguez, dirigente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores.
En cambio, León Arismendi, de la junta de conducción de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, sostuvo que «todos estos conflictos se los ha buscado el gobierno».
El experto en asuntos laborales Carlos Sainz Muñoz afirmó que «el recurso de la huelga es, en todas partes, la última carta que se juega» pero que en Venezuela «es la primera».
También dispusieron una paralización de 48 horas los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, la principal firma venezolana del sector.
Según Ramón Machuca, dirigente sindical de la empresa, 90 por ciento de los casi 6.000 trabajadores acataron la huelga. Según los ejecutivos de la firma fue sólo la mitad. Una comisión de la Asamblea Nacional (parlamento) se trasladó a la empresa, al sureste del país, para mediar en el conflicto.
Mientras, este viernes concluirá una huelga de 72 horas convocado por sindicatos de educadores. Según reportes periodísticos, el paro se cumplía de manera parcial este jueves.
Los sindicatos protestan por reformas que impulsa el ministro de Educación, Héctor Navarro, para quien los sindicatos «están actuando como mafias», ante la iniciativa de que sean los propios educadores los que decidan el monto del descuento por afiliación sindical.
Este monto de dinero es descontado directamente por el Ministerio de Educación. Navarro también aseguró que será su cartera «y no los sindicatos, como se hacía en el pasado» el que seleccione la empresa de seguros que dará servicios a los docentes de todo el país.
«Ha sido un proceso transparente, con licitación pública. Los educadores no se han sumado al paro porque entienden que el ministerio lo que busca es beneficiarlos», aseveró Navarro.
El ministro insistió en la tesis oficial de que existe un plan desestabilizador. Aseguró que en esto se inscribe el hecho de que «casualmente» el miércoles comenzó un conflicto en la Universidad Central de Venezuela.
Centenares de estudiantes y un grupo de profesores y empleados ocuparon parte de las instalaciones para exigir la revocación del mandato de las autoridades universitarias y pidieron la convocatoria de nuevas elecciones, dentro «de un proceso constituyente para renovar profundamente» la Universidad Central.
El ministro Navarro adelantó que el gobierno no intervendrá en el conflicto —»porque respetamos la autonomía universitaria», dijo— pero aclaró que su cartera estará atenta al desarrollo de la situación, que ha significado la suspensión de los cursos.
A esta conflictividad se sumaron la huelga dispuesta por trabajadores del sector eléctrico en la zona suroeste del país, así como una marcha de ancianos que congestionó este jueves el tránsito automotor en el centro de Caracas.
Los ancianos caminaron por las calles del centro hasta el palacio presidencial de Miraflores para entregarle al jefe de Estado un proyecto de ley en defensa de sus derechos y exigir un trato justo y solidario para la población de la tercera edad.
La suma de estos conflictos, que individualmente no parecen resueltos, representan el fin de la paz social en Venezuela, donde justamente Chávez accedió al poder ofreciendo una «revolución social bolivariana». (FIN/IPS/ac/mj/ip lb/01
