La pesca en el Atlántico sur es el motivo de una guerra diplomática cargada de acusaciones de piratería y usurpaciones entre países del área y potencias pesqueras como España y Japón.
Las batallas anunciadas para mayo y noviembre en la Comisión Internacional para Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) se librarán en el terreno diplomático, pero serán duras, advirtió el jefe del Departamento de Pesca y Acuicultura de Brasil, Gabriel Calzavara.
Brasil intenta crear un movimiento de países africanos y sudamericanos para modificar las cuotas de pesca del atún y de otras especies en el Atlántico sur, un espacio geográfico del que forman parte, pero cuyos caladeros son explotados principalmente por foráneos.
No es razonable que Brasil, el mayor país del Atlántico sur, tenga limitada a tres o cuatro por ciento su participación en la pesca del atún de la región, señalaron Calzavara y Giácomo Perciavalle, presidente del Consejo Nacional de Pesca, que representa a los pescadores y sus empresas.
Pero ese porcentaje del volumen total capturado es lo que logra actualmente, tratándose del atún y de especies afines como el pez espada. El temor es que esa pequeña participación sea congelada en las cuotas que fijará este año la CICAA.
Brasil pedirá una cuota de 40 por ciento, pero Perciavalle reconoce que será practicamente imposible conquistarla. Obtener 25 a 30 por ciento sería satisfactorio, admitió.
El problema es que, hasta ahora, la CICAA utilizó como referencia el volumen histórico de pesca de cada país miembro, y así distribuyó en 1997 los derechos de captura de la primera especie regulamentada, el pez espada.
Brasil, por su escasa actividad en el pasado, fue excluído del Atlántico norte, pese a disponer de una extensa zona económica exclusiva en esa parte del océano, y se limitó a 16 por ciento su cuota de pesca del pez espada en sus propias aguas.
A España le correspondió 40 por ciento y a Japón, 26 por ciento de las 14.400 toneladas determinadas como tope anual para la captura del pez espada en el Atlántico sur entre 1997 y 2000.
Brasil protestó contra ese criterio, que elimina la posibilidad de desarrollo futuro de la pesca y eterniza el dominio de los mares por países lejanos.
Los delegados brasileños propondrán en la reunión de la CICAA del 21 al 23 de mayo, en Bruselas, que se considere la extensión de las costas, la proximidad, la necesidad de proteínas y otras condiciones de cada país.
Muchos criterios serán acogidos, el problema será el peso relativo de cada uno para la determinación de las nuevas cuotas en la segunda reunión, en noviembre, explicó Perciavalle, propietario de una empresa pesquera en la meridional localidad de Itajaí.
La CICAA, instalada en 1969 y que tiene su secretaría en Madrid, aplica la Convención para la Conservación del Atún del Atlántico, firmada en 1966. Tiene 30 países miembros, entre los que se cuentan algunos sin costas sobre el océano Atlántico, pero activos en sus aguas, como Corea del Sur, Japón y Rusia.
Sus investigaciones y la reducción de la captura de algunas especies en los años 80 indicaron la necesidad de limitar la pesca, como se hizo poco después tratándose del pez espada. Ahora se pretende englobar en las restricciones a las otras especies amenazadas.
Brasil, que sólo mantenía actividad pesquera en el mar cercano a sus costas, aceptó sin resistencia las decisiones desfavorables hasta 1997, observó Perciavalle. Su actitud cambió cuando España y otras potencias pesqueras destinaron numerosos buques al Atlántico sur.
El objetivo de las grandes flotas fue acumular volumen histórico de captura para obtener buenas cuotas en las negociaciones de este año, explicó el empresario brasileño.
En respuesta a esa maniobra, Brasil no sólo prepara argumentos en respaldo de nuevos criterios. También arrendó embarcaciones para la pesca atunera, mientras intenta fabricar buques propios en sus astilleros.
La flota arrendada le permitió incrementar la pesca en los últimos cinco años. La producción en los primeros dos meses de este año 130 por ciento superior a igual período de 2000, destacó Perciavalle.
Pero, con esta política, Brasil está permitiendo que sus empresas arrienden buques pirata. «Es inaceptable que el país aumente su pesca oceánica legitimando embarcaciones consideradas ilegales», advirtió la bióloga Cristina Bonfiglioli, de la organización ambientalista Greenpeace en Brasil.
Greenpeace comprobó que entre los barcos arrendados se cuenta el «Wen Shun 606», fabricado en China y registrado en el archipiélago caribeñas de San Vicente y Granadinas, que figura en una lista de la CICAA de barcos participantes en la pesca ilegal, aseguró Bonfiglioli.
Ese hecho debilita la credibilidad de Brasil en la legítima lucha por cuotas mayores para la pesca atunera, observó la bióloga.
Perciavalle restó importancia a la acusación, argumentando que Brasil contribuye a la reducción de la pesca ilegal, al contratar a esos buques y sacarlos de la informalidad.
El Wen Shun 606, que habría permanecido en la ilegalidad si no hubiera sido contratado por empresarios brasileños, suma ahora su captura a la cuota que se reconoce a este país, arguyó. Cuarenta por ciento del mercado atunero está fuera de todo control oficial, agregó Perciavalle.
Pero España propuso que, a los efectos de la distribución de cuotas, la pesca sea atribuida al país de origen de los buques pesqueros, y no al que los arrienda, en un intento de neutralizar la estrategia brasileña.
La disputa por las cuotas se debe a que no se podrá aumentar el volumen de pesca de atún y especies afines en el océano Atlántico, que se limitará a las actuales 600.000 toneladas anuales, sumada la captura en el sur con la que se obtenga en el norte.
Esa cantidad tiene un valor de 2.000 a 3.000 millones de dólares en pescado y de 20.000 millones si se agregan los procesos industriales y la cadena productiva y comercial, señaló Perciavalle. (FIN/IPS/mo/ff/en if/01
