La violencia en Medio Oriente está retrasando las negociaciones de un nuevo tratado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el terrorismo en el mundo.
«Hemos hecho ciertos avances, pero aún quedan problemas importantes por resolver», dijo Rohan Perera, presidente del Comité Ad Hoc sobre Terrorismo de la ONU.
Entre esos problemas está la distinción entre terrorismo y legítima lucha por la libertad y entre «terrorismo de estado» y «actos de autodefensa» de los gobiernos.
Uno de los puntos más polémicos en una reunión tras puertas cerradas realizada la semana pasada por el Comité fue el terrorismo de estado.
Las más de 350 muertes de palestinos sufridas en enfrentamientos con soldados israelíes desde septiembre y el bombardeo aéreo de territorio iraquí por aviones de Estados Unidos y Gran Bretaña desencadenó un áspero debate sobre el tema del terrorismo de estado.
Iraq, Líbano y Siria argumentaron que los actos de violencia de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel en la zona de Medio Oriente constituyen «terrorismo de estado».
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció la semana pasada que «el gobierno israelí provoca una cultura de impunidad al aceptar las muertes ilegítimas y no investigar las muertes causadas por sus servicios de seguridad».
Cuba, por otra parte, acusó a Estados Unidos de organizar y financiar a mercenarios para realizar «actos terroristas» contra el gobierno cubano.
Toda convención de la ONU contra el terrorismo debe, por tanto, incluir leyes contra actos terroristas realizados o financiados por gobiernos, señalan esos países.
Pero Estados Unidos sostiene que la convención propuesta sólo debe abarcar los actos de terrorismo perpetrados por personas. Los actos de los estados quedarán cubiertos, como ocurre en la actualidad, por el derecho internacional, incluso los tratados de los derechos humanos y las convenciones de Ginebra que rigen los conflictos militares.
Existen 12 convenciones internacionales sobre el terrorismo. Las últimas dos convenciones adoptadas por la Asamblea General fueron la Convención Internacional de 1997 para la Supresión de Bombardeos Terroristas y la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo.
A pesar de estos tratados, continúan los actos de terrorismo, como el ataque en octubre contra el navío de guerra estadounidense Cole, en Yemen, los atentados con bomba en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en agosto de 1998, y las explosiones en un complejo de viviendas cerca de Dhahran, Arabia Saudita, en junio de 1996.
El miércoles, el gobierno británico anunció que 20 grupos extranjeros serán considerados terroristas ahora que entró en vigor una nueva ley antiterrorista en Gran Bretaña.
Entre ellos están los Tigres de Liberación de Tamil Eelam, de Sri Lanka, el Grupo Islámico Armado, de Argelia, y el Partido Kurdo de los Trabajadores, de Turquía, que ya no podrán funcionar en Gran Bretaña.
Se espera que la convención en discusión, basada en un proyecto presentado por India, cubra todos los aspectos derivados del terrorismo, incluso la extradición de terroristas a sus países de origen.
Sin embargo, la mayoría de los países árabes insisten que la convención debe distinguir entre terrorismo y la lucha legítima por la autodeterminación.
«La lucha popular, incluso la lucha armada contra la ocupación, la agresión, el colonialismo y la hegemonía extranjeras, dirigida a la liberación y la autodeterminación de acuerdo con los principios del derecho internacional, no debe considerarse un crimen terrorista», según una definición propuesta ante el Comité.
La negociación en el Comité «está empantanada en la política del Medio Oriente e indo-paquistaní», dijo a IPS un diplomático.
«Lo que India hace en Cachemira es considerado terrorismo de estado por Pakistán, y lo que Pakistán hace en Cachemira es terrorismo de estado a los ojos de India», explicó.
En nombre de los 15 países de la Unión Europea, el embajador de Suecia, Bosse Hedberg, dijo a los delegados la semana pasada que el bloque condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sin importar su motivo u origen.
«No obstante, en sus esfuerzos legítimos por suprimir el terrorismo, la comunidad internacional debe siempre respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales», argumentó.
Pero «no deben existir refugios seguros para los terroristas o impunidad por sus actos», agregó. (FIN/IPS/tra-en/td/da/aq/ip/01
