América Latina debe deshacerse de las rígidas políticas económicas en marcha y reorientar el gasto a la pobreza y la desigualdad, los problemas más urgentes de la región, sostiene un estudio difundido en Washington.
El informe titulado «Disenso de Washington: Políticas económicas para la igualdad social en América Latina» está destinado a abrir el debate en la región que en los últimos 15 años se ciñó rígidamente a los modelos de crecimiento promovidos por el «Consenso de Washington».
El estudio reconoce el fracaso de las políticas del Consenso de Washington en América Latina, basadas en la disciplina fiscal, la eliminación de barreras al comercio y la inversión, la privatización de empresas públicas y las medidas de ajuste del gasto estatal y de austeridad monetaria.
Los responsables del documento -el centro de estudios políticos Carnegie Endowment for International Peace (Fundación Carnegie para la Paz Internacional) y el Diálogo Interamericano, un grupo de 100 ciudadanos distinguidos de América-, afirman que América Latina debe superar los límites de la ortodoxia económica.
Destinar más recursos públicos a la educación, elevar los impuestos a la riqueza con fines de redistribución, proteger los derechos de los trabajadores y subsidiar a las familias pobres en situaciones de crisis son algunas de la recomendaciones del estudio.
El mismo sugiere que el Estado otorgue subsidios para mejorar el acceso de las pequeñas empresas a los mercados y pide a las naciones más poderosas la reducción de barreras a las importaciones agrícolas y textiles procedentes de América Latina.
Esta demanda de los países en desarrollo no ha tenido, por cierto, mucho éxito.
América Latina adhirió al Consenso de Washington luego de la crisis económica de la década de 1980. El nombre responde a que dichas ideas fueron impulsadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por las instituciones financieras multilaterales – Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional- con sede en Washington.
Durante la década de 1990, la puesta en práctica de esas políticas produjo caídas de la inflación a cifras de un dígito en casi todos los países de la región.
El déficit fiscal de la región disminuyó a casi dos por ciento, mientras los gastos estatales cayeron de 50 por ciento de los presupuestos nacionales a menos de 20 por ciento, y los aranceles a la importación bajaron de cifras superiores a 40 por ciento a menos de 10 por ciento.
El resultado fue un incremento en el flujo de capitales privados de 14 mil millones de dólares en 1990 a 86 mil millones en 1997, según el informe.
Pero el crecimiento económico siguió siendo un objetivo difícil para América Latina. El producto interno bruto creció promedialmente tres por ciento al año durante la última década, muy por debajo de las tasas de cinco por ciento alcanzadas entre 1960 y 1970.
Al comienzo del nuevo milenio 180 millones de latinoamericanos siguen siendo pobres, el desempleo está en alza y las reformas impulsadas desde Washington son responsabilizadas por el lento crecimiento y los decepcionantes indicadores sociales.
«Para el Consenso de Washington cualquier beneficio para los pobres era considerado un subproducto de las reformas. Ahora surge la idea de que la pobreza y la desigualdad son los principales frenos para el crecimiento económico de América Latina», dijo Nancy Birdsall, coautora del informe e integrante de la Fundación Carnegie.
El Consenso de Washington está desacreditado por su exagerado acento en la disciplina fiscal y por promover la inversión de fondos públicos en actividades de fuerte rendimiento económico, en lugar de hacerlo en las necesidades de los sectores pobres.
Este nuevo estudio suma su voz a una temática largamente evitada por los programas de la banca multilateral para los países en desarrollo: cómo reducir la pobreza y la desigualdad sin sacrificar el crecimiento económico.
El informe cita como ejemplo al programa Progresa, implementado en México desde 1997. Este plan suministra subsidios escolares y ayuda alimenticia por valor de 25 dólares al mes para tres millones de familias pobres.
Su resultado visible es que los hijos de las familias que reciben la ayuda tienen una tasa menor de deserción escolar que los de otras familias de pocos recursos.
No obstante, algunos críticos dicen que este informe no avanza demasiado en proponer alternativas ni en argumentar seriamente contra los programas de ajuste del Consenso de Washington.
«Hasta los técnicos más ortodoxos del Fondo Monetario Internacional podrían suscribir este documento en términos generales», afirma Eric Olson, de la organización Washington Office on Latin America (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).
«Para ampliar el debate y conectarse con la población, deberían haber invitado a representantes de los sindicatos, de la población agrícola y de los pueblos indígenas», dice Olson.
«Esto no significa que este informe no tenga aportes, sino que se trata de un grupo de economistas brillantes que proponen recetas a los demás».
Peter Hakim, presidente de Diálogo Interamericano, sostiene por su parte que el informe no pretende decir «nosotros somo los chicos buenos y ustedes los malos», sino que es un intento de incorporar en forma progresiva elementos que puedan dar resultado a la economía de la región. (FIN/IPS/tra-en/gm/dc/aq/if dv/01
