Los estados y territorios que albergan centros financieros «offshore» defendieron su legitimidad y rechazaron a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como ámbito para discutir sus actividades.
La OCDE, integrada por 29 países industrializados, había afirmado que los centros financieros offshore (entidades no sujetas a ninguna autoridad estatal) no son más que refugios para evasores de impuestos y narcotraficantes que buscan lavar su dinero mal habido.
Los pequeños estados alcanzados por las críticas replicaron que son centros financieros legítimos, y aunque admitieron la necesidad de una acción internacional para eliminar la «competencia fiscal y otras prácticas perjudiciales», señalaron que ella debería adoptarse en el marco de las Naciones Unidas, y no por presión directa de la OCDE.
Por otra parte, hay señales de que la OCDE ya no tendría el respaldo de Estados Unidos en su campaña contra los llamados paraísos fiscales, por influencia del ala derecha del gobernante Partido Republicano, aunque la nueva administración de George W. Bush todavía no asumió una posición oficial al respecto.
Pese a numerosos contactos y reuniones, aún no hay señales claras de una resolución de la disputa. El último revés se produjo en la reunión celebrada en París el jueves y viernes pasados entre la OCDE y representantes del Grupo de Trabajo de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones).
Los miembros de ese grupo de trabajo son Antigua y Barbuda, Australia, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Islas Cook, Francia, Irlanda, Japón, Malasia, Malta, Holanda, Vanuatu y Gran Bretaña.
La OCDE considera que todos esos países ofrecen refugio a capitales internacionales que huyen de cargas fiscales en sus países de origen.
Durante los últimos dos años, la OCDE ha tratado de establecer normas internacionales para reducir la competencia fiscal entre sus miembros y los centros financieros offshore.
En junio de 2000, la organización con sede en París calificó a 35 países o jurisdicciones como paraísos fiscales, entre ellas Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, Chipre, Isla de Man, Guernsey y Jersey (islas del Canal de la Mancha) y San Marino.
Según la OCDE, un paraíso fiscal es una jurisdicción donde no existen impuestos o sólo existen nominalmente, no hay transparencia, intercambio eficaz de información ni se exigen explicaciones sobre el origen del capital.
Tales características constituyen, de acuerdo con la OCDE, «prácticas fiscales perjudiciales» y deben ser eliminadas. La organización pretende que los llamados paraísos fiscales se comprometan a poner en práctica los principios de transparencia, no discriminación e intercambio efectivo de información.
Antes de la última reunión con los centros offshore más importantes, que integran el Grupo de Trabajo de la Commonwealth, se había realizado otra en Barbados, en enero, que también terminó sin acuerdo.
«El clima en Barbados fue muy tenso, sin señales de cooperación», dijo a IPS un participante de la reunión.
En el último encuentro de París, representantes del Grupo de Trabajo de la Commonwealth utilizaron expresiones muy duras contra la OCDE, según fuentes cercanas a los delegados.
Entre los participantes estuvieron Owen Arthur, primer ministro de Barbados; Tony Hilton, embajador de Australia ante la OCDE; altos funcionarios de finanzas y autoridades impositivas de 13 países o territorios asociados, así como representantes de las secretarías de la Commonwealth, la OCDE y la Comunidad del Caribe.
Aun no se programó una nueva reunión, aunque las partes decidieron continuar las discusiones por teléfono u otra forma de comunicación electrónica.
En especial, los centros financieros offshore rechazan la discusión del tema sólo dentro de la OCDE, y prefieren un marco multilateral, como el de las Naciones Unidas.
Por otra parte, «la OCDE considera que un foro bilateral es la forma más eficaz de discutir sobre la competencia fiscal», manifestó a IPS Nicholas Bray, portavoz de la organización.
«En este caso, el multilateralismo tiene límites muy claros, porque incluiría en la negociación a países que nada tienen que ver con el asunto», dijo, y «por lo tanto no deberíamos llevar el diálogo a un foro como el de las Naciones Unidas».
Los países caribeños incluidos en la lista de paraísos fiscales de la OCDE recibieron el apoyo de miembros derechistas del Partido Republicano de Estados Unidos.
En una carta dirigida a Paul O'Neill, el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, varios legisladores republicanos describieron la iniciativa de la OCDE como «equivocada e incoherente con los principios de mercado que compartimos».
Hace dos semanas, también comenzaron a circular en Washington cartas de índole similar, que consideran los bajos impuestos como un motor de la prosperidad, firmadas por los senadores de derecha Jesse Helms y Judd Gregg.
Otros críticos discrepan del objetivo general de la OCDE.
«El hecho de que existan tantos paraísos fiscales es una consecuencia directa de la flexibilización y desregulación de todas las actividades económicas, promovida por la OCDE desde hace décadas», observó François Chesnais, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Villetaneuse, cerca de París. (FIN/IPS/tra-en/jg/cr/mlm/if/01
