La próxima semana será crucial para los inmigrantes en España, pues se decidirá si el gobierno acepta modificar una ley de Extranjería que contempla repatriaciones masivas o si la oposición recurre ante el Tribunal Constitucional para invalidarla.
El vicepresidente primero del gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, dijo este viernes que la ley no será modificada, y entregó a los grupos parlamentarios el borrador del reglamento para su aplicación. Asimismo, anticipó que el lunes lo entregará a los sindicatos y a organizaciones empresariales y no gubernamentales.
Mientras el vicepresidente hacía esas declaraciones, grupos de inmigrantes llegaban a las afueras de Madrid, provenientes de varias provincias, para concentrarse y manifestarse en la capital el domingo, en demanda de que se reconozcan sus derechos y se regularice su permanencia en España.
Dos aspectos dividen al gobierno por un lado y a la oposición y las organizaciones humanitarias por el otro: el reconocimiento de los derechos ciudadanos para los inmigrantes y la regularización de aquellos que ya están en España y que carecen de permiso de residencia y de trabajo.
Entre 100.000 y 200.000 inmigrantes, según las fuentes consultadas, están en España sin visa consular de entrada ni permiso de residencia lo que, a su vez, les impide tener autorización para ser contratados laboralmente.
Según la ley de Extranjería aprobada en diciembre de 1999, a partir de enero de este año quienes se encontrasen en esa situación debían abandonar el país.
En el caso de los inmigrantes ecuatorianos, el gobierno ofreció pagar el viaje a su país a quienes se encuentren en situación irregular, para que gestionen la visa ante el consulado español, y costear el regreso a España a quienes obtengan ese documento.
Unas 1.200 personas ya regresaron a Ecuador para tramitar esos papeles, según el canciller ecuatoriano Heinz Möller. Pero el problema no se refiere a los 8.000 o 10.000 que pueden volver a su país para hacer ese trámite, sino a quienes no están inscriptos, señaló Möller al madrileño diario El País.
Esos no inscriptos, «ilegales» para el gobierno español, y «sin papeles» o «irregulares» para las organizaciones humanitarias, podrían ser 50.000 o 60.000 cabezas de familia, dijo el canciller ecuatoriano, basándose en fuentes del Ministerio del Interior de España.
El Defensor del Pueblo (ombudsman), Enrique Múgica, la Iglesia Católica, las dos centrales sindicales mayoritarias y decenas de organizaciones humanitarias, solicitaron reiteradamente al gobierno que conceda el permiso de residencia a los inmigrantes quienes ya están en España y, por lo tanto, que renuncie a repatriarlos.
Además, reclaman que se reconozcan a esos inmigrantes los derechos de asociación, reunión, huelga y manifestación.
La principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está dispuesta a presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional, si el gobierno no cede antes del viernes 23, último plazo para poder efectuar esa presentación.
Desde un punto de vista técnico, el gobierno puede acceder a esas demandas sin modificar literalmente la ley, mediante su reglamento de aplicación.
A esa circunstancia se refirió el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, al afirmar este viernes que «la ley es inaplicable, e incluso niega derechos que el gobierno reconoce en la práctica». Entre esos derechos figuran los de manifestación que, por ejemplo, están ejerciendo los participantes de la marcha que el domingo llegará a Madrid.
Mientras la polémica sigue, otros hechos relacionados con la inmigración conmueven a la opinión pública. Este viernes la policía recogió el cadáver de un iraquí en las costas del mar Mediterráneo, frente a la ciudad de Melilla, un enclave español en el norte de 5frica.
La policía también detuvo a cinco iraquíes, que viajaban con el fallecido y que, junto con él, fueron arrojados por la borda del buque que los transportaba. Fuentes policiales sostienen que fueron víctimas de una banda organizada que trafica ilegalmente con personas y que los arrojaron al mar por temor a ser descubiertos.
En la otra orilla del mar Mediterráneo, en un pueblo de la provincia de Murcia, fueron detenidos ocho jóvenes que el viernes anterior incendiaron con gasolina un galpón usado como residencia por inmigrantes y golpearon con cadenas y bates de béisbol a un ecuatoriano y a un búlgaro. (FIN/IPS/td/ff/pr/01
