El ex presidente de Perú Alberto Fujimori presentó informes falsos sobre la reducción de los cultivos de coca con el fin de lograr el aval estadounidense a su política antidrogas, afirmaron representantes de los propios productores y expertos.
Los campesinos alertaron que la certificación, denominación del aval unilateral extendido todos los años por el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense a los países donde la lucha contra las drogas es crucial, constituye, en realidad, un elogio a Fujimori.
Los productores de coca pidieron al actual gobierno el rechazo de la «certificación» dado a Lima el 2 de este mes «porque es un mecanismo para forzarlo a poner en práctica una erradicación compulsiva de cultivos».
En un extenso documento firmado por sus principales asesores, los cultivadores sostuvieron que la «certificación» difundida el 2 de este mes por Washington es un mecanismo de presión política inconveniente.
El texto, ya entregado al gobierno provisional que encabeza Valentín Paniagua desde el cese de Fujimori por acusaciones de corrupción en noviembre, fue difundido este martes a la prensa.
Los firmantes del documento son el sociólogo Ricardo Soberón, asesor de la Coordinadora Nacional de Productores Agrarios del Perú, organización que representa a los campesinos productores de coca, y Hugo Cabieses, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales.
Unas 49.000 familias campesinas se dedican al cultivo clandestino del arbusto de la coca, cuyas hojas con el principal insumo de la cocaína.
Los informes del gobierno de Fujimori sobre una supuesta disminución del área sembrada de coca en los que se basa la certificación son falsos, pues entre 1999 y 2000 aumentó el cultivo del arbusto, según los propios campesinos.
«En 1999, los precios de la cocaína se triplicaron en Estados Unidos como consecuencia de la guerra interna en Colombia y las medidas de erradicación en Bolivia, de modo que el incremento del mercado hizo aumentar los cultivos de coca», confirmó otro experto, Roger Rumrrill.
De modo que «los cultivos no bajaron, como decía Fujimori, de 51.000 hectáreas a 37.000, sino que se aproximaron a 60.000», agrega Rumrrill.
Los productores temen que la supuesta falsedad de los informes del gobierno de Fujimori determinen una represión más dura de los cultivos por parte de las nuevas autoridades.
La certificación debería constituir «una felicitación al pueblo peruano y no al régimen de Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos», según el documento firmado por Soberón y Cabieses.
Fujimori y Montesinos «encabezaban una mafia corrupta asociada al narcotráfico, con la colaboración estrecha de algunos sectores del gobierno de Estados Unidos», dice el texto.
Soberón señaló que las derrotas ocasionadas al narcotráfico por militares y policías podrían ser, en realidad, acciones de la mafia amparada por Fujimori para eliminar a sus competidores.
Las políticas antidrogas de los gobiernos de Alan García (1985- 1990), Fujimori (1990-2000) y Paniagua, cuyo fin está previsto para julio, han coincidido en reprimir la producción y comercio de pasta básica de cocaína pero no actuar contra el cultivo de la coca.
El gobierno de Fujimori no reprimió a los cultivadores de coca, entre otras razones, debido a la intención de las organizaciones guerrilleras Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru de aprovechar la represión anticampesina para ganarlos a su causa.
El documento recuerda que el primer ministro Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, se comprometió el 14 de diciembre a no poner en práctica la erradicación compulsiva de los cultivos de coca.
Con ese compromiso, Pérez de Cuéllar reiteró la posición de gobiernos anteriores, que se negaron a implementar la erradicación violenta de cultivos ilícitos propuesta por Washington, debido a su alto costo social.
«La certificación unilateral de los Estados Unidos es rechazada por todos los países soberanos de las Américas y también por cada vez más amplios sectores de la opinión pública norteamericana, incluyendo ahora al ex zar antidrogras, Barry McCaffrey», sostiene el documento de Soberón y Cabieses.
«Desde la Cumbre (americana) de Santiago en abril de 1998, todos apoyamos al mecanismo de evaluación multilateral (…) discutido en el seno de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas», recuerda el texto.
En cuanto a la certificación de Perú, junto con el resto de los países latinoamericanos, los productores lo consideran un respaldo al gobierno de Fujimori, destituido por incapacidad moral después de que se descubrió una vasta red de corrupción que incluía el narcotráfico entre sus actividades.
«Hasta ahora hay una cierta inacción, o por lo menos retraso por parte del gobierno de Paniagua», según Rumrill. Entre otras medidas, el experto recomendó «el reemplazo de los funcionarios de los organismos dedicados a supervisar (…) los programas de sustitución de cultivos de coca por otros de comercio legal».
«Perú debe reformular complemente dichos programas, porque no se trata únicamente distribuir semillas y apoyo para que los productores de coca siembren otros productos, sino poner en marcha un programa regional de desarrollo, que incluya a todos los campesinos de la selva», concluyó Rumrill. (FIN/IPS/al/mj/ip/01
