La erradicación manual de cultivos de drogas ilícitas iniciada en diciembre en Colombia ha ganado un amplio respaldo, que va de la comunidad internacional hasta las guerrilleras FARC, pasando por Estados Unidos.
Este programa, cuyos pasos son concertados entre el gobierno de Andrés Pastrana y los propios cultivadores, se inició en el departamento de Putumayo (sudeste), que concentra cerca de 60 por ciento de los sembradíos de coca de este país.
La meta es erradicar manualmente y mediante pactos con las comunidades 15.000 hectáreas de coca de las cerca de 130.000 que existen en el país, dijo el ex consejero presidencial Gonzalo De Francisco.
La superficie a erradicar equivaldría a 26 por ciento de los predios propiedad de campesinos con menos de cuatro hectáreas de cultivos en su poder, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas y la Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia.
«Si los convenios se cumplen, habrá garantía de que estos cultivadores no van a desplazarse a otras zonas del país para continuar sembrando coca», dijo De Francisco.
De ese modo, se rompería en parte la tendencia actual, a que el surgimiento de nuevos sembradíos supere la superficie de cultivos ilícitos erradicados.
Entre enero y diciembre de 2000, fueron erradicadas mediante fumigación con herbicidas o agroquímicos 56.795 hectáreas de cultivos de coca, 13.549 más que en 1999, según el informe de la policía.
Desde enero de 2001 se destruyeron por fumigación aérea 32.000 hectáreas de cultivos de coca en total, 29.000 en el departamento de Putumayo y 3.000 en el de Bolívar, en el norte, según se informó el martes al subsecretario de Estado (vicecanciller) estadounidense Rand Beers, de visita en Colombia.
No obstante, según el informe de la policía, los cultivos de esta planta, materia prima para la cocaína, pasaron de 112.000 hectáreas en 1999 a 122.500 en 2000. Otros estudios indican que los sembradíos superan las 130.000 hectáreas.
Los pactos voluntarios que están firmando las autoridades y los campesinos para la erradicación manual de los cultivos de coca y de adormidera (materia prima del opio, la morfina y la heroína) constituyen «la prueba de fuego» para la política antidrogas del presidente Pastrana, dijo De Francisco.
Cada familia que se acoja al pacto recibirá del gobierno un «seguro alimentario», una canasta de productos que le garantizará la subsistencia mientras comiencen a dar resultados los programas productivos y de desarrollo social a realizarse en las comunidades.
La erradicación manual y voluntaria es una parte del Plan Colombia propuesto por Pastrana a la comunidad internacional, que tiene como epicentro Putumayo, departamento con alta presencia guerrillera donde se concentra también la fumigación de los cultivos de coca.
La fumigación de los cultivos comerciales de coca, financiados con un aporte de unos 1.000 millones de dólares de Estados Unidos, fue rechazada por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con un bloqueo armado a finales del año pasado, que paralizó 20 días el departamento de Putumayo.
El presidente Pastrana y el líder de las FARC, Manuel Marulanda, firmaron finalmente el 9 de febrero el Acuerdo de Los Pozos, en el cual se comprometieron a apoyar «la erradicación manual de los cultivos ilícitos que sea pactada con las comunidades'.
La erradicación manual por medio de pactos fue apoyada también por el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Colombia, Jean Egeland.
La comunidad internacional está dispuesta a dar todo su apoyo a los proyectos de desarrollo alternativo e inversión social en el marco de los acuerdos voluntarios sobre sustitución de cultivos ilícitos, dijo Egeland el martes al diario El Espectador.
Representantes de la Unión Europea y de países que impulsan la paz para Colombia se reunirán el 30 de abril en Bruselas para buscar fondos destinados al desarrollo alternativo, agregó el funcionario internacional.
Así mismo, el gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que apoyará la suspensión de las fumigaciones aéreas si las FARC o cualquier otro grupo decide comprometerse con «una gran estrategia de erradicación manual propuesta por el gobierno colombiano» en el marco del proceso de paz.
Según el secretario de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Bill Brownfield, la fumigación de cultivos ilícitos es sólo una parte del proceso «de una estrategia integral para enfrentar una variedad de problemas que se viven en Colombia».
Pero la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos plantea varios interrogantes, dijo a IPS Ricardo Vargas, investigador de la organización no gubernamental Acción Andina.
El procedimiento no significa, en sí mismo, un cambio de política «sino de técnica», sostuvo Vargas. La política sigue siendo impuesta por Estados Unidos y se basa en concentrar la represión en los países productores de droga, agregó.
Lo positivo del cambio de técnica es la reducción del impacto ambiental ocasionado por las fumigaciones, y lo negativo es que persiste el «criterio errado» de identificar «narcotráfico con cultivos ilícitos», sostuvo.
En los años 80, Colombia sólo tenía 20.000 hectáreas sembradas de coca, menos que Bolivia y Perú, pero tenía los cárteles más poderosos del mundo, recordó Vargas.
El retorno a Colombia de capitales del narcotráfico tiene una «incidencia nefasta», pues impulsa la guerra sucia, socava la legitimidad del Estado y «estimula el traslado de los cultivos de un lugar a otro», señaló el experto.
La Dirección Nacional de Estupefacientes calculó que con las 662 toneladas de pasta para cocaína que se habrían producido el año pasado los narcotraficantes pudieron recaudar 1.400 millones de dólares, el equivalente a 10 por ciento del total de exportaciones legales de este país.
Esta suma se multiplica por 20 cuando la cocaína llega a Nueva York, y por 50 cuando llega a Europa. (FIN/IPS/yf/ip dv/01
