El impulso a la privatización de servicios públicos, mediante la expansión del Acuerdo General del Comercio de Servicios (GATS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es resistido por una coalición internacional de grupos de la sociedad civil.
Los 140 países miembros de la OMC negocian una propuesta de ampliar el GATS, establecido en 1994, para abrir los mercados nacionales de suministro de servicios, incluyendo los de salud, educación, seguridad social, transporte y correos, a la participación de firmas extranjeras.
«Esa negociación puede cambiar en forma radical el actual papel de los gobiernos y el acceso público a servicios sociales esenciales, en detrimento de los intereses de la gente y de la democracia», advirtieron las organizaciones no gubernamentales (ONG) que realizan una campaña contra la expansión del GATS.
Entre esas ONG están Alianza por la Democracia e Instituto de Agricultura y Políticas de Comercio, ambas estadounidenses, la Unión Noruega de Empleados Municipales, la tailandesa Enfoque al Sur y el británico Movimiento por el Desarrollo Mundial.
La coalición prevé realizar una serie de protestas públicas en abril, cuando se reanuden las negociaciones sobre el GATS, que podrían concluir el año próximo.
La ampliación propuesta del GATS busca la eliminación de normas nacionales, en especial en materia de legislación laboral, subsidios y preferencia por empresas locales, que frenan el aceso de firmas extranjeras al mercado de los servicios públicos.
El interés en privatizar con urgencia servicios públicos se debe a que esos servicios son uno de los sectores de crecimiento más acelerado en la nueva economía mundial, y las compañías transnacionales se dan cuenta de lo lucrativo que puede ser vender salud, educación y agua potable.
El mercado mundial de servicios de salud moviliza unos 3,5 billones de dólares por año, el equivalente del valor total en 1990 de las exportaciones de los 24 países industrializados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El gasto mundial anual en educación es unos dos billones de dólares anuales, y el gasto mundial anual en agua potable, un billón de dólares.
La Unión Europea (UE) desea que el suministro de agua sea incluido en el GATS, para que transnacionales con sede en países de ese bloque puedan acceder a negocios como el realizado en varias naciones por la Suez Lyonnaise des Eaux, con sede en Francia.
Los negociadores estadounidenses reciben presiones contrarias en la materia.
Por una parte, fuertes ONG ambientalistas estadounidenses se oponen a la iniciativa de la UE. Por otra parte, transnacionales con sede en Estados Unidos desean ser amparadas por el GATS para competir con firmas europeas como Suez Lyonnaise, apuntó Ruth Caplan, de Alianza para la Democracia.
Suez Lyonnaise es concesionaria de servicios municipales de suministro de agua en Buenos Aires, Manila, Santiago, Yakarta y la ciudad noroccidental marroquí de Casablanca, entre otras urbes, y posee en la actualidad 110 millones de clientes.
La firma recibió el mes pasado la concesión del suministro de agua en Johannesburgo, del cual se hará cargo el 1 de abril, y la Unión de Trabajadores Municipales Sudafricanos (SAMWU) participa en una campaña civil contra la privatización, que incluirá este mes protestas callejeras.
La SAMWU alega que el precio del agua potable en Casablanca se triplicó durante el primer año en que Suez Lyonnaise se hizo cargo del suministro, y que la firma exigió en Santiago 33 por ciento de las ganancias.
Según el sindicato, la corporación «no viene con ningún plan para extender el suministro de agua a los pobres de la ciudad, y sólo propone mejorar los actuales servicios».
El director general de la OMC, Mike Moore, afirmó que los activistas contrarios al GATS son «mercaderes del miedo», en un artículo publicado a fines del mes pasado por el diario canadiense Globe and Mail.
«Los críticos de la OMC siempre se han tomado libertades en relación con la verdad. Pero las mentiras y distorsiones de los hechos que difunden en la actualidad acerca del GATS son en verdad asombrosas», aseguró.
«La liberalización del comercio de servicios en toda su extensión, desde las telecomunicaciones y el turismo hasta la actividad financiera y el transporte de cargas, significa oportunidades de enormes beneficios en todo el planeta», alegó.
«Permitir la competencia de proveedores extranjeros y locales disminuye los precios, mejora la calidad y aumenta la posibilidad de elección de los consumidores», sostuvo.
El Fondo Monetraio Internacional (FMI) y el Banco Mundial han impulsado la privatización de servicios públicos mediante condiciones para otorgar préstamos destinados a ajustes económicos estructurales.
Esas condiciones se plantearon sobre la base de que el sector privado es más eficiente que los Estados, y por lo tanto el aumento de su participación en los mercados beneficia a los pobres en el largo plazo.
Una revisión de préstamos brindados por el FMI el año pasado a 40 países indicó que 12 de ellos, en su mayoría africanos, pobres y con grandes deudas externas, debieron privatizar el suministro de agua o realizarlo sin subsidios para recibir créditos, según la ONG Iniciativa ante el Desafío de la Globalización.
Los 12 países fueron Angola, Benin, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua, Níger, Panamá, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen. (FIN/IPS/tra-eng/gm/da/rp-mp/dv if/01
