El gobierno militar de Pakistán anunció una serie de cambios para garantizar los derechos de cientos de mujeres en prisión, en un nuevo intento por mejorar la imagen de este país ante la comunidad internacional.
Islamabad informó que reformará el sistema judicial para asegurar que los casos de mujeres acusadas de delitos sean procesados dentro de los seis meses de producido el arresto.
También prevé edificar nuevas cárceles para mujeres y otorgar el perdón a todas aquellas que fueron enviadas a prisión por delitos que no sean homicidio, asalto, terrorismo o tráfico de drogas.
La policía no podrá arrestar ni interrogar a mujeres o niñas sin previa autorización de la más alta autoridad del distrito, a menos que la persona sea buscada por presunta vinculación con alguno de esos cuatro delitos graves.
Existen 2.369 reclusas en todo el país, la mayoría de ellas sin sentencia, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, una organización independiente.
En la central provincia de Punjab, la más grande del país, hay 1.108 mujeres en prisión, de las cuales 919 todavía están en proceso judicial. Sólo 48 de las más de 300 prisioneras en la Provincia de la Frontera Noroccidental recibieron sentencia.
Muchas esperan desde hace más de un año que se resuelva su caso y cuidan a sus hijos en la cárcel. Grupos de derechos humanos aseguran que la mayoría de ellas deberían ser exoneradas pues no existe evidencia en su contra y el período de prisión podría marcarlas para siempre.
Pakistán tiene sólo dos cárceles especiales para mujeres. El resto de las prisioneras son albergadas en secciones separadas de las cárceles para hombres.
Pero en muchos establecimientos, el control para separar a hombres y mujeres no es eficaz, según informes periodísticos publicados los últimos meses.
Las 82 cárceles de Pakistán están autorizadas para albergar a 32.514 prisioneros, pero en realidad hay unos 72.714.
Informes periodísticos sobre la vida carcelaria revelaron que la mitad de los reclusos paquistaníes se ven obligados a turnarse con sus compañeros para dormir en la cama.
La abogada Naheeda Maqboll Illahi advirtió que las condiciones de confinamiento de las mujeres son muy duras. No tienen camas, ni colchones, ni almohadas, ni elementos básicos de higiene personal. Las prisioneras embarazadas no reciben atención de doctoras mujeres calificadas.
Las reclusas están también bajo constante amenaza de violencia física y abuso verbal por parte de los guardias carcelarios.
Illahi indicó que la mayoría de las reclusas fueron arrestadas por violar leyes islámicas sobre violación, fornicación y adulterio, y exigió la creación de tribunales especiales para este tipo de casos.
Uno de los casos más nombrados es el de Safia Bibi, una mujer ciega que a mediados de los 80 quedó embarazada tras haber sido violada. Terminó en prisión por adulterio.
Las mujeres que denuncian haber sido violadas se exponen al peligro de ser acusadas de relaciones ilícitas si no llegan a «comprobar» el abuso, según lo establecido en las leyes islámicas de 1979 contra el adulterio y la fornicación.
«La mayoría de las leyes islámicas sobre el adulterio, la violación y fornicación convierten a las mujeres violadas en culpables de tener sexo fuera del matrimonio», afirmó Shahla Zia, de la organización no gubernamental Fundación Aurat (Mujer).
La constitución de Pakistán establece que todas las leyes del país deben ir de acuerdo con las enseñanzas del Islam, pero grupos de derechos humanos sostienen que las leyes discriminatorias contra la mujer no se basan en la esencia de la religión, sino en interpretaciones sexistas de ésta.
El problema reside en que las leyes islámicas no valoran la evidencia presentada por las mujeres en los casos de violación o adulterio, según la activista paquistaní Asma Jahangir.
La ley establece que la evidencia de la mujer vale la mitad que la del hombre, es decir que los testimonios de dos mujeres equivalen al de un hombre.
Pakistán ratificó en marzo de 1996 la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979 y anunció que sería aplicada de acuerdo con la Constitución nacional.
Grupos de derechos humanos procuran instruir a las mujeres en prisión sobre sus derechos. El grupo Abogados por los Derechos Humanos y la Asistencia Legal comenzó en febrero a colocar carteles en las cárceles sobre cómo escribir un pedido de fianza e información sobre los procedimientos judiciales.
Shanila, quien se encuentra en prisión por adulterio, dijo que estos carteles pueden ser de gran ayuda a las mujeres que, como ella, no pueden pagar un abogado.
El alto número de mujeres en prisión es atribuido por muchos a las malas condiciones de investigación policial. El primer departamento de policía conformado sólo por mujeres fue creado en 1996, con estaciones en las tres ciudades más importantes.
La mayoría de los delitos que involucran a mujeres son de violencia doméstica o robos insignificantes, según Kudeja Ahmed, jefa de una de estas estaciones policiales en Islamabad. «Yo resuelvo estos casos dando consejos. Pocos de estos casos llegan a los tribunales», dijo a IPS.
Los activistas sostienen que las mujeres paquistaníes todavía son «prisioneras de género» debido a su limitada participación en la vida pública.
No hay ninguna mujer como jueza en el Tribunal Supremo de Pakistán. Las primeras cinco mujeres juezas del país fueron nombradas en 1994 en cuatro tribunales provinciales, pero dos de ellas fueron luego destituidas y las otras se retiraron a los dos años.
Las mujeres representan menos de dos por ciento de los abogados del país.
El régimen militar asegura que cuando terminen las elecciones de los organismos locales, habrán unas 15.000 mujeres concejales. (FIN/IPS/tra-en/ni/mu/rp/mlm/hd/01
