Grupos de derechos humanos de Japón aplaudieron un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que urgió a Tokio a poner fin a la discriminación de las minorías étnicas.
«Me complacen las exhortaciones de la ONU. Creo que el informe presiona al gobierno japonés para mejorar nuestra situación», manifestó Pak Yong Jha, una japonesa de origen coreano que dirige un centro de cuidado diurno para niños de minorías étnicas en Tokio.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial consideró necesario que Japón «apruebe leyes específicas que prohíban todo tipo de discriminación racial».
El informe, publicado el martes, notó «con preocupación declaraciones discriminatorias por parte de altos funcionarios públicos, y en particular la falta de medidas administrativas o legales por las autoridades».
Esta observación hace referencia a las polémicas declaraciones realizadas el 9 de abril de 2000 por el popular gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, quien advirtió a las fuerzas de seguridad que estuvieran preparadas para desmanes de extranjeros indocumentados en caso de terremoto.
Ishihara utilizó el término «sangoku jin», que literalmente significa «gente de terceros países», pero se utiliza de modo peyorativo en referencia a la población coreana de Japón.
Corea fue colonia de Japón entre 1910 y 1945, y numerosos coreanos fueron traídos por la fuerza en ese período como mano de obra barata.
El Comité de la ONU también notó las «reservas» de Japón en cuanto a la plena aplicación del Artículo 4 de la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, con el argumento de que interferiría con la libertad de expresión.
El Artículo 4 establece la prohibición de manifestaciones públicas o la publicación de libros que inciten a la discriminación.
Tokio no ha aprobado una ley basada en ese artículo porque sería inconstitucional, afirmó Akira Iwade, un funcionario de la cancillería.
Pero el informe de la ONU señala que Japón no ha tomado siquiera medidas suficientes para mejorar el tratamiento a los coreanos residentes en Japón o a los indígenas ainu.
Así mismo, exhorta a Tokio a proteger los derechos de todos los grupos, incluidos los «burakumin», descendientes de marginados sociales.
Iwade admitió que, aunque la Constitución establece iguales derechos para todos los ciudadanos, las minorías japonesas padecen discriminación en su vida cotidiana.
«La discriminación racial existe entre la gente, y el gobierno está trabajando para eliminarla», declaró.
Sin embargo, Pak cree que el gobierno no se esfuerza lo suficiente, y se refirió a la presión que padecen los coreanos para traducir sus nombres al japonés.
Aunque las críticas internacionales forzaron a Japón a dejar de exigir nombres japoneses en el proceso de naturalización, la presión social continúa, y muchos coreanos y chinos ceden para disimular su identidad.
Los abogados que trabajan con comunidades de inmigrantes también hacen campaña contra la práctica de los medios de prensa de publicar los nombres de los extranjeros sospechosos de algún crimen.
«Los medios tienden a publicar los nombres o a destacar el término 'extranjero' cuando algún inmigrante es detenido por algún delito. Esto tiende a alentar el resentimiento contra ellos», señaló el abogado Kazuyuki Azuzawa.
Más de 60 por ciento de los japoneses creen que los extranjeros deben ser vigilados de cerca porque son propensos a delinquir, según una encuesta publicada en febrero por el diario Yomuiri.
Una acción policial contra la comunidad china causó una ola de protestas el pasado noviembre, cuando la policía metropolitana distribuyó folletos en estaciones locales en que exhortaba a los moradores de apartamentos a estar atentos a cualquier vecino de apariencia china.
«Si oye a alguien hablar en chino, disque el 110», el número de emergencia, decía el folleto.
Esta actitud paranoica se deriva de que los chinos encabezaron el año pasado la lista de extranjeros detenidos en Japón por diversos delitos.
En otro caso de discriminación, tres extranjeros demandaron a una casa de sauna que tenía un cartel prohibiendo la entrada de «no japoneses».
Diez por ciento de los 120 millones de habitantes de Japón son de origen extranjero, y los coreanos constituyen la mayoría (650.000). (FIN/IPS/tra-en/sk/ral/mlm/hd-pr/01
