Organizaciones civiles de Colombia iniciaron una campaña para proteger la vida de la población petrolera de Barrancabermeja (nordeste), centro de operaciones de los actores de la guerra civil y abandonada por las fuerzas del gobierno.
Convergencia Paz Colombia, alianza que representa a unas 60 organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, aseguró que Barrancabermeja afronta una crisis humanitaria que se ha agudizado por la acción de paramilitares de derecha que se mueven libremente en la zona que es controlada por el Ejército.
«Los paramilitares realizan patrullajes, reuniones públicas, asesinatos y ocupación de viviendas e instalan puestos de control de la población», una situación que obligó a familias enteras a abandonar el lugar, explicó a IPS Eduardo Carreño, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
Grupos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ocuparon 16 barrios del sudeste y el norte de este poblado de 100.000 habitantes, incluyendo un sector cercano a la base militar Comuneros, entre el 23 de diciembre y el 15 de febrero últimos, sostuvo Carreño.
Los paramilitares usan a los pobladores civiles como escudos humanos y los obligan a pagar tributo en dinero o en especie.
Dos hombres ingresaron el 8 de febrero en la sede de la Organización Femenina Popular y allí declararon «objetivo militar» de las AUC a Jackeline Rojas, dirigente de ese grupo, y al ciudadano sueco Lars Helmerson, de las Brigadas Internacionales de Paz, denunció Amnistía Internacional.
Desde Londres, el director general de Amnistía, Pierre Sané, consideró «censurable» que estando Barrancabermeja «saturada de presencia militar, las fuerzas de seguridad dejen a los paramilitares actuar flagrantemente sin que se establezca ninguna acción para detener sus actividades».
Así mismo, el director ejecutivo de Amnistía, Curt Goering afirmó desde Nueva York que «este tratamiento contra los voluntarios internacionales en Colombia representa un significativo deterioro de la situación de derechos humanos».
A fines del año pasado también fueron declarados «objetivo militar» la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.
También sufrieron amenazas ocho activistas de esas organizaciones y de otras como la Corporación Mujer, Familia y Comunidad, la Asociación de Desempleados y la Asociación de Ayuda a Desempleados.
Los ataques generaron «un clima de terror», pues se dirigieron contra organizaciones no gubernamentales y activistas cuyo objetivo es «defender a la población de la barbarie de los actores armados», dijo Jorge Rojas, portavoz de Convergencia Paz Colombia.
«El sentido subjetivo de la seguridad» en Barrancabermeja «se ha ido perdiendo ante la evidencia de que las autoridades que están para salvaguardar el orden cohonestan con los paramilitares», agregó Rojas.
Jesús, un desplazado que llegó la semana pasada a Bogotá con su familia y pidió no ser identificado por razones de seguridad, dijo a IPS que los paramilitares ocupan sus viviendas y les quitan los alimentos.
Así los obligan a irse, pues si se permanecen pueden ser ejecutados por la guerrilla, que los acusará de haber ayudado a las AUC. El ambiente de terror se evidencia en el descenso de matriculas en los colegios estatales para el año escolar que comenzó en febrero, observó Jesús.
El colegio Camilo Torres, donde estudiaban sus hijos, tiene capacidad para 1.800 alumnos y sólo se matricularon 500. Una situación similar ocurre en otros centros de enseñanza de los barrios del nordeste.
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó (noroeste), atribuyó la ofensiva paramilitar sobre Barrancabermeja a los contactos de paz del gobierno con las principales fuerzas guerrilleras de este país, las mayoritarias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los paramilitares desarrollan «una acelerada campaña de exterminio del movimiento social colombiano, del de derechos humanos y de las comunidades populares», con el fin de que los acuerdos entre los insurgentes y el gobierno «no tengan ninguna sustentabilidad» ni bases que los respalden, dijo Cuartas.
El desarrollo petrolero colombiano comenzó en Barrancabermeja, en los años 20. El área aporta apenas unos 8.000 barriles diarios de los 700.000 de la producción nacional y cuenta con la principal refinería de crudo del país.
La actividad petrolera, en opinión de algunos analistas, atrajo a los grupos armados que buscan mantener su presencia y control en esta parte del territorio.
Así mismo, esta capital de unos 100.000 habitantes y principal centro urbano de la región del curso medio del río Magdalena (noroeste de Colombia) es utilizada como «puente» por los narcotraficantes protegidos por las AUC que procesan pasta de coca.
El diario El Tiempo, el más leído de Colombia, anunció este lunes que Estados Unidos se propone incluir el mes entrante a los paramilitares colombianos en su listado de organizaciones terroristas del mundo, por sus nexos con el narcotráfico.
Algunos analistas califican a Barrancabermeja, donde se registra un homicidio cada 10 horas, de «Sarajevo colombiano», donde «los grupos armados disparan sin mirar a quien y con el único objetivo de sembrar el terror».
Los informes de organismos de seguridad indican que en 2000 ocurrieron unos 400 asesinatos, cifra comparable con el de una ciudad colombiana con el doble de su población.
En el oeste de Barrancabermeja operan grupos del ELN que dirigen sus ataques a la infraestructura petrolera. En el este, las AUC desarrollan una fuerte ofensiva para sacar de allí a las FARC, que dominaban esa parte de la ciudad.
El presidente Andrés Pastrana convocó a comienzos de febrero a los funcionarios a cargo de la seguridad para adoptar medidas de salvaguardia de los derechos humanos de la población, pero que según las organizaciones no gubernamentales no han dado ningún resultado.
Entre las medidas anunciadas figuraban el aumento de la presencia del ejército y de la policía en la ciudad, restricción del porte de armas, control al ingreso y tránsito de vehículos y personas a la ciudad, toques de queda temporales y el examen riguroso del comportamiento de los miembros de los organismos de seguridad. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/01
