El destino del ex dictador chileno Augusto Pinochet volverá a depender de la Corte Suprema de Justicia, luego de que un tribunal de apelaciones ratificara hoy su procesamiento, aunque bajo una figura penal menos grave, pues lo consideró solo encubridor y no autor de crímenes represivos.
En una significativa coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, las dos juezas de la primera sala de la Corte de Apelaciones, Gabriela Pérez y Sonia Araneda, ratificaron el auto de procesamiento que el juez Juan Guzmán emitió el 29 de enero contra el ex gobernante.
El voto en minoría correspondió al juez Cornelio Villarroel, único hombre de la sala penal, quien estimó que los cargos contra Pinochet por 57 homicidios y 18 secuestros de prisioneros políticos cometidos en 1973 deben ser anulados, por prescripción de los delitos y aplicación de la ley de amnistía de 1978.
Pérez y Araneda, en cambio, ratificaron el auto de procesamiento de Guzmán contra el general retirado y desaforado senador vitalicio de 85 años.
Sin embargo, dispusieron que sea encausado como supuesto encubridor y no como autor de los secuestros y homicidios cometidos en octubre de 1973 por la misión militar conocida como «caravana de la muerte».
La resolución dejo insatisfechos por igual a los abogados acusadores y defensores del hombre que encabezó el régimen militar de extrema derecha que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Ambas partes recurrirán ahora a la Corte Suprema. La acusación, para pedir que se confirmen los cargos de autor-inductor de los crímenes formulados por Guzmán, mientras la defensa insistirá en la inocencia de Pinochet.
Los abogados del ex dictador también argumentarán en su pedido de cierre del juicio que el acusado no estaría en condiciones físicas de recibir un debido proceso.
Este jueves se escribió así una nuevo capítulo en la larga saga del enjuiciamiento del ex dictador, iniciada de hecho el 16 de octubre de 1998, cuando fue detenido en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón.
La fase chilena de esta historia se inició en marzo de 2000, pocos días después de que Pinochet regresara a Chile tras 503 días de residencia forzada en Gran Bretaña.
El juez Guzmán pidió entonces que se le despojara de su inmunidad legislativa como senador vitalicio para juzgarlo en el marco de su investigación a la «caravana de la muerte».
Poco más de un año después de su regreso a Chile, el ex dictador sigue bajo la mira de la justicia, obligado a permanecer en su residencia de descanso de Los Boldos de Bucalemu, localidad cercana a Santiago, ya que el fallo de este jueves ratificó además el arresto domiciliario ordenado por Guzmán.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, militante del Partido Comunista, dijo que el nuevo fallo podría constituir una protección legal para Pinochet y una rebaja de la pena a que podría ser sentenciado. «Me avergüienza» este dictamen, dijo.
«¿Acaso se pretende hacernos creer que la Junta Militar en 1973 no era encabezada por Pinochet, sino por (el general Sergio) Arellano Stark?», preguntó Díaz, aludiendo al militar que, como delegado personal del entonces dictador, dirigió la «caravana de la muerte».
En cambio, Mireya García, socialista y vicepresidenta de la AFDD, se mostró satisfecha por el hecho de que la Corte de Apelaciones de Santiago haya ratificado el procesamiento del ex dictador, aunque discrepó con que se le atribuya la figura penal de encubridor y no de autor de los crímenes.
«Hay que tener presente que se trata de un auto de procesamiento y que lo que determinará la condena de Pinochet será la sentencia definitiva. Yo creo que será condenado como autor» de los crímenes, sostuvo Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes contra el ex dictador.
Según Carmen Hertz, otra abogada de la parte acusadora, la figura de encubridor para Pinochet «no corresponde a los méritos (pruebas) del proceso», pero subrayó también que el auto de procesamiento es provisorio y que lo importante será la sentencia final.
El general Guillermo Garín, ex vicecomandante del Ejército y portavoz de Pinochet, se mostró parcialmente satisfecho con el cambio en la tipificación del delito y anticipó que la recurrirá ante la Corte Suprema para insistir en la inocencia del general y solicitar que se le exima de juicio por su estado de salud.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Huepe, descartó cualquier reacción de inquietud en las Fuerzas Armadas ante este nuevo fallo contra quien fue durante 17 años jefe de la dictadura militar y que encabezó el ejército 25 años, desde agosto de 1973 hasta marzo de 1998.
Poco antes de conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones, el actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, dictó una clase magistral en la Escuela Militar, donde planteó como doctrina institucional el sometimiento a las normativas constitucionales y «la vocación de servicio a Chile».
Izurieta respaldó en su charla el llamado formulado el lunes por el nuevo cardenal de la Iglesia Católica chilena, Francisco Javier Errázuriz, quien exhortó a buscar la reconciliación nacional sobre la base de la justicia, pero también del perdón y de la clemencia, en los casos de derechos humanos.
Izurieta asumió el mando del ejército el 10 de marzo de 1998 y su periodo de cuatro años al frente del arma finalizará en igual fecha de 2002. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/01
