El nuevo cardenal católico Francisco Javier Errázuriz asumió un liderazgo de hecho en Chile en la búsqueda de una esquiva y al parecer cada vez más difícil reconciliación nacional.
El presidente Ricardo Lagos hizo suyas esta martes las expresiones del prelado en cuanto a que la superación de las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura militar (1973-1990) requiere no solo de justicia, sino también de «una posibilidad de reencuentro, reconciliación y perdón».
Errázuriz exhortó indirectamente a buscar una salida política para los juicios a uniformados por casos de desaparecidos, en un discurso que pronunció el lunes en la noche en el palacio de gobierno de La Moneda.
Lagos y las principales autoridades del país participaron en el acto de bienvenida oficial a Errázuriz, arzobispo de Santiago, investido como cardenal por el papa Juan Pablo II hace una semana en Roma.
El flamante cardenal sugirió que los poderes del Estado deben actuar con sensibilidad frente al sufrimiento que atraviesa a su juicio a toda la sociedad chilena.
En Chile, sufren los pobres y marginados, hay angustias y rupturas en hijos y esposos, «se duelen quienes recuerdan humillaciones y duros golpes del pasado», dijo.
«Se acongojan quienes buscan los restos de sus seres queridos, y con ellos padecen también las instituciones que los ayudan en esa larga búsqueda. Y sufren nuestras Fuerzas Armadas y de orden, por razones antiguas y recientes», dijo Errázuriz.
El sacerdote católico invitó a sus compatriotas a trabajar por la superación de la pobreza y en pro de la equidad y la justicia social, por la familia «y por el reencuentro de todos los chilenos sobre la base de la verdad, la justicia, el perdón, el arrepentimiento y la clemencia».
La intervención de Errázuriz se registró en un ambiente de expectativa por un fallo que debe expedir este miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocará o ratificará el enjuiciamiento del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
El procesamiento del general retirado y desaforado senador vitalicio de 84 años fue dispuesto en enero por el juez Juan Guzmán, quien lo inculpa como coautor e inductor de 58 homicidios y 17 secuestros de prisioneros políticos cometidos en octubre de 1973 por una misión militar conocida como «la caravana de la muerte».
Las relaciones cívico-militares se tensaron en las últimas semanas por una acusación judicial de obstrucción a la justicia formulada por de familiares de desaparecidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) contra los actuales mandos del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía de carabineros.
La acusación, concretada la semana pasada pero aún pendiente del veredicto de los tribunales, se fundamenta en imprecisiones y falsedades que contendrán los informes sobre el paradero de restos de desaparecidos que las entidades castrenses entregaron el 6 de enero.
Transcurridos dos meses de investigaciones judiciales sobre la base de esos informes, que abarcaron 180 casos sobre más de un millar de desaparecidos, los resultados son muy pobres en relación con las esperanzas creadas en los deudos.
Sólo este lunes se informó de la identificación de los restos de los ex dirigentes del Partido Comunista Fernando Ortiz y Horacio Cepeda, miembros de la dirección clandestina de esa colectividad, atrapada en diciembre de 1976 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Los cadáveres de Ortíz y Cepeda fueron sepultados ilegalmente por la DINA en un paraje de Cuesta Barriga, en los alrededores de Santiago, junto a otros seis miembros de la dirección comunista que estarían enterrados en el mismo lugar.
Lagos valoró también este primer resultado positivo en las investigaciones judiciales abiertas con los datos que las entidades militares recopilaron durante seis meses, bajo el alero de una ley especial que protegió a los informantes con la figura del «secreto profesional».
La semana pasada, Lagos y su ministro del Interior, José Miguel Insulza, ambos socialistas, reprobaron la querella por «obstrucción a la justicia» contra los mandos castrenses y destacaron los actuales esfuerzos de las fuerzas armadas por contribuir a solucionar los temas pendientes de derechos humanos.
Las invocaciones de Errázuriz cobran importancia en el ámbito de una salida política para los juicios por desapariciones y otros crímenes represivos, planteada por los partidos de la oposición derechista con el beneplácito de los comandantes militares.
Los partidarios de un acuerdo que eventualmente agilice los juicios y ratifique la aplicación de la ley de amnistía de 1978, incluso para Pinochet, procuran revertir así los criterios que vienen aplicando los jueces a cargo de los casos.
Al contrario de lo que ocurría durante la dictadura, los tribunales se niegan ahora a aplicar la amnistía sin agotar las investigaciones y establecer culpables y ratificaron el principio de que las desapariciones constituyen secuestro, un delito no amnistiable, mientras no aparezca la víctima, viva o muerta.
La antigua estructura represiva dictatorial sufrió este martes un nuevo embate de la justicia, cuando el magistrado Milton Juica acusó formalmente por el asesinato de 12 jóvenes izquierdistas en 1987 al ahora general retirado Hugo Salas Wenzel.
El militar era el director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la heredera de la DINA, cuando en junio de 1987 ese cuerpo represivo asesinó a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en tres emboscadas en diversos puntos de Santiago.
Juica había acusado en 2000 a Salas Wenzel como encubridor de los asesinatos y ahora cambió el cargo al de autor, lo cual le significaría un severo castigo al ex jefe represivo en caso de que se ratifique su responsabilidad en la llamada Operación Albania de la CNI. (FIN/IPS/ggr/hd ip/01
