Decenas de miles de manifestantes por los derechos humanos marcharon hoy por el centro de la capital argentina, en el 25 aniversario de la instalación de la dictadura más sangrienta que haya conocido el país.
Con el lema «Encuentro-25 años: Memoria, verdad y justicia», unas 200 organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos convocaron a la marcha de condena del golpe, que partió de la sede del Congreso hasta la Plaza de Mayo, ubicada frente a la casa de gobierno.
El presidente Fernando de la Rúa calificó el golpe del 24 de marzo de 1976 de «hecho desgraciado» en la historia moderna de Argentina. Agregó que «el país renueva su repudio a esa interrupción del orden constitucional que tuvo un penoso saldo de dolor, muerte y desencuentros».
La dictadura militar, que sólo en diciembre de 1983 cedió el poder, fue responsabilizada oficialmente de casi 9.000 desaparecidos, una cantidad que organizaciones de derechos humanos elevan a 30.000.
El régimen de facto intentó en 1982 una aventura militar en las islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833 y reivindicadas por Argentina, pero debió retirarse en derrota, dejando 650 cadáveres en los campos de batalla. Así mismo, aumentó la deuda externa de 8.200 millones de dólares en 1976 a 43.500 en 1983.
La marcha, precedida de una semana de profunda crisis económica y política, fue el acto culminante de una serie de reuniones y conferencias comenzadas esta semana en todo el país y a las que seguirán otras demostraciones hasta fines de mes.
Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, símbolo de la resistencia contra la dictadura, organizaron el viernes de noche en un escenario deportivo de Buenos Aires un recital con participación del cantante argentino Víctor Heredia, del uruguayo Jaime Roos, del cubano Pablo Milanés y del español Juan Manuel Serrat.
Los artistas no cobraron por intervenir en el concierto y la recaudación de taquilla será destinada a la compra de una casa para las Madres de Plaza de Mayo, que desde los tiempos de la represión ilegal exigen conocer el destino de los desaparecidos y que se condene a los culpables.
El público congregado en el estadio del club Ferrocarril Oeste aclamó el paso por las tribunas de una bandera con las fotos de los desaparecidos e hizo temblar el recinto al grito de «el que no salta es un militar», la consigna con la que se celebró la recuperación de la democracia en 1983.
Durante la semana, la agrupación HIJOS, que nuclea a los hijos de desaparecidos, realizó un festival de poesía en distintos sitios de la ciudad. Y también se realizaron actos de repudio frente al domicilio de militares involucrados en la represión dictatorial, y ante edificios emblemáticos del régimen.
Manifestantes de la central sindical Congreso de Trabajadores Argentinos colgaron un cartel que reza «milicos (militares) asesinos» en las rejas de la Escuela de Mecánica de la Armada, un edificio de la marina que la ductadura utilizó de centro clandestino de detención.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires convocó en las escuelas a una jornada especial para marcar el aniversario, y hubo actos en hospitales, tribunales y otras dependencias públicas.
Las autoridades de la capital también participaron de una convocatoria para sembrar árboles frente a edificios empleados por la dictadura como centros de reclusión.
En cada institución se recordó principalmente a las víctimas, y lo mismo ocurrió en las provincias. En la norteña ciudad de Tucumán, unas 4.000 personas desfilaron el viernes en repudio al golpe, y una marcha similar se realizó en Mendoza, fronteriza con Chile.
Los actos de condena del golpe de Estado tuvieron de telón de fondo una fuerte crisis política y económica con sucesivos cambios de ministros, aunque la coyuntura no parece haber bastado para generar actitudes de desencanto, sino para aumentar las expresiones de rechazo al régimen militar.
La declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, que a fines de los años 80 interrumpieron los procesos a los militares represores, fortaleció las esperanzas de organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos de lograr la condena de los responsables de la represión.
La nulidad fue dictada este mes por el juez Gabriel Cavallo a pedido del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales, parte querellante en una causa en la que se investigaba la responsabilidad de dos ex militares en el secuestro de una menor de edad, cuyos padres continúan desaparecidos.
La organización Amnistía Internacional señaló en un comunicado que las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura argentina «permanecen como llagas abiertas en la sociedad y, después de un cuarto de siglo, le impiden su reconciliación».
«Este aniversario, con todo el peso de su herencia funesta, es un recordatorio de la urgente necesidad de que el gobierno argentino adopte medidas concretas que marquen el principio de una nueva era en materia de respeto a los Derechos Humanos», dijo Amnistía.
También indicó que el fallo del juez Cavallo «debe ser un punto de partida para alcanzar la justicia y la verdad buscada desde hace 25 años por los familiares de las víctimas». (FIN/IPS/mv/ff/hd/01
