Cinco empresas extranjeras aseguraron en Venezuela su presencia en la primera etapa de apertura de las telecomunicaciones, sector en que se avecinan importantes inversiones, una mayor competencia y mejoras del servicio.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó este mes la adjudicación de 14 concesiones para la explotación del servicio a través de un sistema inalámbrico de telefonía fija, que competirán de forma directa con CANTV, la empresa que contó durante 40 años con el monopolio del sector.
Telcel (subsidiaria de la estadounidense BellSouth), Genesis Telecom (con capital de Bell Canadá, Teléfonos de México y SBC de Estados Unidos), Entel Chile, Millicom International (de Luxemburgo) y Digitel (con participación mayoritaria de Telecom Italia) lograron ingresar en las subastas al mercado venezolano.
Telcel y Genesis obtuvieron cada una cinco regiones de Venezuela. Las otras cuatro regiones fueron ganadas por Entel Chile, Millicom International, Digitel y la venezolana Digicel.
Conatel espera inversiones por 10.000 millones de dólares en los próximos cinco años, tanto para el nuevo servicio inalámbrico como para la telefonía fija convencional y para la celular móvil. Por la adjudicación de concesiones, el organismo oficial recibió 20 millones de dólares.
El proceso de adjudicación concluyó en febrero y en marzo se dieron los primeros pasos para implementar el servicio al cliente, un proceso en el cual Telcel está a la cabeza dada su experiencia en telefonía celular móvil, sector en que domina 60 por ciento del mercado.
Para las autoridades, este es el primer paso de un vasto plan de expansión que incluye el desarrollo de una red nacional de transmisión de información a alta velocidad y de tecnología en telefonía celular de «tercera generación», que da acceso a la red informática mundial Internet a usuarios de aparatos móviles.
Expertos consideran que el gran reto actual es la interconexión nacional que depende de CANTV, una empresa estatizada por completo en los años 40 y privatizada parcialmente en 1991. Hoy es controlada por la estadounidense GTE y Telefónica de España.
El monopolio de las telecomunicaciones en manos de CANTV concluyó oficialmente en noviembre de 2000. Hasta entonces existió un modelo denominado de «concurrencia limitada» que permitió, por ejemplo, la participación de Telcel en el sector de telefonía celular.
Desde su privatización, la firma comenzó a prepararse para la competencia y en alrededor de una década invirtió 4.000 millones de dólares, instaló dos millones de líneas nuevas y desarrolló enlaces de fibra óptica y radio digital equivalentes a 5.000 kilómetros en todo el país.
CANTV no cumplió con la meta de 4,4 millones de líneas instaladas, pero «la demanda está prácticamente satisfecha para el nivel de tarifas establecido», calculó Antonio Francés, profesor e Investigador del Instituto de Estudios Superiores de Administración.
La proporción de líneas en Venezuela es aún baja, de 13 por cada 100 habitantes. En América Latina, el promedio es de 11,8. Uruguay cuenta con 25 líneas por cada 100 habitantes, y Haití, con 0,8.
Una «CANTV estatal y monopólica no hubiese podido alcanzar los resultados descritos, aún en las mejores condiciones», dijo Francés.
El experto recordó que en las telecomunicaciones venezolanas «el crecimiento más espectacular fue el de la telefonía móvil celular, que gracias al sistema de prepago (con tarjetas de bajo precio) alcanza casi los cinco millones de aparatos».
Los celulares empezaron a usarse en el país desde 1988, pero logró su auge en los últimos años. Para analistas de mercado, este servicio telefónico cubrió la demanda de comunicación en sectores excluidos de la telefonía fija, especialmente en sitios de difícil acceso como los alejados del centro de Caracas.
La apertura es producto de una nueva Ley de Telecomunicaciones aprobada a mediados de 2000, en medio de observaciones de sectores académicos y de la sociedad civil.
Francés precisó que la nueva ley «constituye un avance importante en la concepción de los servicios de telecomunicaciones», pues «deja de lado su definición anterior como servicio público y los caracteriza como actividad económica de interés general».
La organización Libre Comunicación logró que la ley se contemplara el desarrollo de proyectos comunitarios en telecomunicaciones, pero aún falta afinar detalles para que eso se convierta en realidad.
El Comité para una Radio-Televisión de Servicio Público, por su parte, rechazó el reconocimiento de un carácter exclusivamente económico para el sector.
Un aspecto resaltado por Conatel como logro del nuevo marco legal es la creación del Fondo de Servicio Universal, al cual se destinará uno por ciento de los ingresos brutos de las empresas operadoras.
Este fondo permitirá ofrecer servicios a las zonas de difícil acceso y poco rentables y a estratos sociales de bajo ingreso económico. Se parte de la premisa que nadie debe estar excluido del servicio de telecomunicaciones.
La política del fondo se relaciona con el plan presentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que aspira a inaugurar en el corto plazo un total de 240 infocentros en sectores marginales o distantes, espacios para acceder a servicios como Internet, comunicación telefónica y fax. (FIN/IPS/ac/mj/if cr/01
